Fallo por coparticipación: el Gobierno no lo acatará y agrava la pelea con la Corte y la oposición
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El fallo de la Corte Suprema que obliga al Gobierno a restituir los fondos por coparticipación que le había reducido a la Ciudad de Buenos Aires puso al presidente Alberto Fernández ante la necesidad de contener a los gobernadores y atender el reclamo que le llevaron para desconocer esa decisión, un pedido que también hizo sonar el kirchnerismo y que para Juntos por el Cambio implica una "ruptura institucional".
Fernández y los gobernadores peronistas comparten el enojo por el fallo de la Corte. Durante la reunión que mantuvieron este jueves con el Presidente, según supo iProfesional de fuentes del oficialismo, algunos de los 14 mandatarios provinciales que participaron pusieron sobre la mesa el reclamo que ya había anticipado el chaqueño Jorge Capitanich: incumplir la sentencia a la que consideran "inconstitucional".
En el Gobierno se analizó la alternativa de plantear la imposibilidad técnica de devolver el 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad como ordenó la Corte, una masa de dinero que podría ascender a los $520.000 millones para 2023. La presión interna surtió efecto y finalmente el Presidente decidió no acatar el fallo por considerarlo "inédito y de imposible cumplimiento".
El argumento de Alberto Fernández en el comunicado que la Casa Rosada y la Liga de Gobernadores consensuaron tras la reunión de este jueves fue que "el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad". En ese contexto, pidió "revocar" la cautelar dictada por la Corte y "recusar" a los jueces del máximo tribunal por emitir un fallo al que calificó como "político" y con intención electoral.
La situación puso al Presidente en una encrucijada: al atender ese planteo, el conflicto de poderes que ya se perfiló entre la Corte y el Congreso -con el Consejo de la Magistratura como pelea central y la vicepresidenta Cristina Kirchner como protagonista clave- se agravaría con el involucramiento del Poder Ejecutivo.
Si el Gobierno no acata el fallo de la Corte: ¿cuáles serían las consecuencias políticas?
En ese contexto, Juntos por el Cambio se prepara para contraatacar con fuerza e instalar una discusión sobre el orden institucional. El jefe de Gobierno porteño y referente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, principal beneficiado por el fallo, había advertido que si el Ejecutivo nacional no lo acata el país entraría en una "ruptura institucional".
Al igual que el jefe de Gobierno, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio advierten que, si no acatan el fallo de la Corte Suprema, Alberto Fernández y los gobernadores peronistas se estarían "alzando contra la constitución". Así lo expresó el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri.
Fuentes de la oposición deslizaron a iProfesional que su línea discursiva pondrá el acento en la "defensa de la democracia" ante un Gobierno que, según ellos, la "atropella". No descartan impulsar un pedido de juicio político contra Alberto Fernández. Si bien ya lo han hecho en otras oportunidades, en este nuevo contexto la situación se volvería más complicada.
Y es que los gobernadores también quieren presentar en el Congreso el juicio político a los jueces del máximo tribunal que encabeza Horacio Rosatti, incluso a pesar de que el oficialismo no tiene los votos para eso. En rigor, tampoco los tiene Juntos por el Cambio. El choque entre ambas posturas puede agravar la parálisis que afecta a la Cámara de Diputados.
La discusión entre la Ciudad y las Provincias
Los gobernadores peronistas afirman que el fallo a favor de la Ciudad perjudica a las provincias del interior "daña el federalismo" porque implica que habrá "menos recursos para obras o políticas redistributivas".
Rodríguez Larreta celebró el fallo de la Corte y, rápido de reflejos, este jueves advirtió en declaraciones radiales que "no le significa ni un peso a las provincias". Además, intentó meter una cuña en el oficialismo: "Cuando nos sacaron los fondos, el Presidente no le dio un mango a ninguna provincia: fue para el Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires".
La pelea se ve cruzada por la campaña por la puja electoral. Los gobernadores no quieren que el cumplimiento de la medida lleve a un recorte presupuestario que los afecte en un año electoral, mientras Larreta ya se prepara para sacar un rédito político de la cautelar que impacte positivamente en su lanzamiento como candidato presidencial.
Y es que el jefe de Gobierno envío inmediatamente después del fallo de la Corte un proyecto a la Legislatura porteña para derogar el impuesto de Ingresos Brutos sobre las tarjetas de crédito, tras haber prometido que bajaría impuestos si el máximo tribunal le daba la razón.
Frente a la decisión del Gobierno, empezó a evaluar los pasos a seguir. Mientras el conjunto de la coalición opositora se alista para una batalla política, la Ciudad analiza reclamar una medida similar a un embargo para garantizar el giro de los fondos coparticipables.
En tanto, los gobernadores y gobernadoras de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, solicitarán ser "tenidos por parte en el expediente" que está en manos de la Corte. El Gobierno plantea una disputa política pero también judicial.
El riesgo de fondo
La posibilidad de una crisis institucional grave quedó planteada por la combinación de la decisión adoptada por Alberto Fernández y por las definiciones que arrojaron los referentes de Juntos por el Cambio, pero también se ve potenciado por la furia que arrastra el kirchnerismo contra la Corte Suprema y que, en las últimas horas, dejó crudas advertencias.
Luego del fallo, el PJ bonaerense que encabeza Máximo Kirchner emitió un comunicado en el que, más allá de calificar a los jueces de la Corte como "rehenes o mascotas de Juntos por el Cambio", advirtió sobre una situación de "debilitamiento institucional" que "podría provocar situaciones desconocidas en nuestro país desde el regreso a la democracia en 1983".
En sintonía con las expresiones de Capitanich y con el planteo que los gobernadores le trasladaron a Fernández, el PJ bonaerense también planteó que la medida cautelar dictada por la Corte a favor de la Ciudad de Buenos Aires es "ilegal" y "resulta absolutamente inaplicable".
Los dos polos políticos más importantes empiezan así a señalarse mutuamente como actores que ponen en riesgo la institucionalidad y la democracia. La disputa recién empieza y sus consecuencias son todavía impredecibles.
La saga de un conflicto que empezó en 2020
La Ciudad de Buenos Aires recibía el 1,4% de los fondos de coparticipación que se reparten entre el Gobierno nacional y las 24 jurisdicciones del país. Durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, ese porcentaje se incrementó al 3,5 con el argumento de que serviría para financiar el traspaso de la Policía Federal al distrito porteño.
En 2020, Alberto Fernández redujo por decreto ese porcentaje a 2,32% tras señalar que Macri le había otorgado a la Ciudad más de lo que le correspondía y destinó los fondos a la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof para atender una fuerte huelga de la Policía Bonaerense.
Luego, el oficialismo logró sancionar una ley en el Congreso que estableció que el monto para garantizar el funcionamiento de la policía de la Ciudad era de $24.500 millones al año, actualizables trimestralmente. La Corte dejó todo esto sin efecto.
El máximo tribunal resolvió la medida cautelar que oportunamente interpuso la Ciudad de Buenos Aires, pero todavía debe resolver la causa judicial y la cuestión de fondo. Mientras tanto, oficialismo y oposición entran en un enfrentamiento muy complejo.