Sentencia de Cristina: el contraataque que prepara el kirchnerismo y el riesgo que asoma detrás
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La sentencia que la vicepresidenta Cristina Kirchner conocerá este martes en el juicio que se le sigue por presunta corrupción en la obra pública calienta el clima político y agita el fantasma de grandes movilizaciones y reacciones políticas de distintas agrupaciones, aunque el kirchnerismo duro da señales de que su estrategia pasaría más por adentro de las instituciones que por la calle.
En la previa de la audiencia que llevará a cabo el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en la denominada causa "Vialidad", Cristina Kirchner dio una entrevista a un medio extranjero donde insistió en que "todo lo que se dijo es una absoluta mentira, y el juez que instruyó esta causa, con las mismas obras y denuncias, había dicho que no era competente", en referencia a Julián Ercolini.
La vicepresidenta, al igual que sus colaboradores más estrechos como el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, hace días preparan el terreno político al anticipar que el tribunal la condenará. Sin embargo, y a contramano de otros sectores del oficialismo, le ponen freno de mano a una movilización.
En cambio, La Cámpora y otros actores que responden indiscutiblemente a Cristina Kirchner se mostraron en las últimas horas más interesados en avanzar con una filtración de mensajes comprometedores que involucran a funcionarios judiciales y relacionar esto con la causa "Vialidad". Un intento por desacreditar el fallo y pegarle, a la postre, a todo el Poder Judicial.
Ese avance se lleva a cabo principalmente a través del Congreso, donde los bloques de diputados y de senadores del Frente de Todos exigieron oficialmente la investigación de esos chats y lanzaron una fuerte advertencia: "No vamos a permitir que la mafia se apodere de la democracia". El contraataque frente a la sentencia empieza así a tomar la forma de un choque de poderes más que una manifestación callejera.
La sentencia contra Cristina Kirchner y su respuesta política: ¿en la calle o en las instituciones?
Mientras el sindicato ATE Capital confirmó que habrá paro y movilización si se da una condena contra Cristina Kirchner y el dirigente social Luis D’Elía lanzó su propia convocatoria a movilizarse, el entorno más próximo a la vicepresidenta le puso paños fríos a esa posibilidad. Como contó iProfesional, La Cámpora se mantiene en alerta, pero no llama todavía a copar las calles.
El "Cuervo" Larroque, referente de la agrupación que encarna al kirchnerismo puro, confirmó esa estrategia al subrayar este lunes que están "predispuestos para todas las movilizaciones que haya que hacer" pero que "es prudente siempre elegir el mejor momento, el mejor lugar y el motivo".
Al respecto, el también ministro bonaerense señaló que "además del fallo están los fundamentos y es probable que los fundamentos no estén el mismo día" y subrayó que "es un proceso que tiene su tiempo, no es una cosa de un día".
Cuando Larroque salía a relativizar la posibilidad de una manifestación masiva el bloque oficialista del Senado que preside Cristina Kirchner estaba redactando un duro comunicado que vio la luz pocas horas después y que no solo fue acompañado por la bancada de diputados, sino que también llevó al presidente Alberto Fernández a sumarse a la movida con una cadena nacional.
¿Filtración mediática vs fallo judicial?
Los senadores y diputados del Frente de Todos fueron los primeros en hacerse eco de la filtración de un chat en el que aparecen los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques; el procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Mahiques; el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y un alto directivo del Grupo Clarín, entre otros.
De acuerdo a las capturas de pantalla y a la publicación (que se dio primero en los medios afines al kirchnerismo y rápidamente empezó a rebotar en las redes sociales) conversan sobre cómo maquillar una invitación supuestamente hecha por esa empresa a Lago Escondido, dentro de la propiedad del británico Joe Lewis que frecuentemente visita el ex presidente Mauricio Macri.
El oficialismo del Congreso emitió un comunicado titulado "Con la mafia no hay democracia", en el que remarcaron que "en ese viaje y en ese nefasto grupo de chats, estaban ni más ni menos que el padre y hermano del fiscal que ‘investigó’ la causa vialidad y el juez de esta causa", en referencia al juez Ercolini y al fiscal Ignacio Mahiques, que iniciaron la causa en 2016.
Ese señalamiento hace juego con las alusiones de Cristina Kirchner en su entrevista con Folha de Sao Paulo al juez Ercolini, al señalar que "es el mismo juez que había dicho que no podía ser competente en estos mismos delitos, pero en otro juicio (…) por enriquecimiento ilícito, nos sobreseyó".
Además, los legisladores del oficialismo afirmaron que los chats muestran a "jueces y fiscales que participaron activamente de la persecución políticojudicial de Cristina Fernández de Kirchner y que están vinculados a la jueza que no investiga el atentado en su contra, aparecen cometiendo una serie de delitos graves inadmisibles".
El riesgo del choque de poderes
Tras pedir la "renuncia" de todos los involucrados y una investigación profunda, el bloque del Frente de Todos dejó un párrafo inquietante: "Siempre supimos que se manejaban al margen de la ley, las instituciones y las reglas de nuestra República. Pero verlo y escucharlo de su propia voz, excede todo lo imaginado. No vamos a permitir que la mafia se apodere de la democracia".
El kirchnerismo reforzó así la idea de que la democracia se ve amenazada ("herida de muerte", según el bloque) por el Poder Judicial y su máxima autoridad, la Corte Suprema. Ya la senadora Juliana di Tullio, con motivo del conflicto por el Consejo de la Magistratura, llegó a afirmar días atrás que el titular de la Corte, Horacio Rosatti, "un día se va a declarar Presidente de la República".
Las expresiones que surgen de los bloques oficialistas del Congreso empiezan a plantear un escenario de choque frontal entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial que empieza alcanzar además al Ejecutivo.
Y es que a partir de la filtración Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Justicia a denunciar penalmente los hechos relacionados a ese viaje denunciado para que el Ministerio Público Fiscal inicie una investigación y mandó al representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura a solicitar la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina contra los jueces mencionados.
La disputa de poderes que se empieza a plantear conlleva el riesgo de una parálisis institucional, algo que ya empezó a respirarse en la Cámara de Diputados luego de escandalosa pelea al borde de los golpes que protagonizaron el oficialismo y la oposición la semana pasada. "Está todo roto", coinciden fuentes parlamentarias consultadas por iProfesional.
La reacción del Gobierno porteño y una reunión muy simbólica en el Senado
Frente al operativo del oficialismo para instalar la filtración y evitar que el tema pase desapercibido, el ministro de Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, negó la versión y dio a entender que hubo un hackeo a su teléfono. "Son chats que se crearon", aseguró al tiempo que sostuvo que la imagen del "supuesto grupo" se hizo con "supuestas charlas, cosas editadas, cosas armadas".
"Son capaces de meterse, según ellos, al teléfono del ministro de la Ciudad de Buenos Aires, reconstruir un chat y dejar plasmado cómo se articula todo el poder y el lawfare pero no pueden abrir el teléfono de cuatro personas que intentaron asesinar a la vicepresidente", disparó D’Alessandro.
Por si fuera poco, la filtración del chat sobre la cual se montó el oficialismo como contraofensiva pareció tener un guiño desde el Senado, con una reunión muy simbólica para este contexto entre Cristina Kirchner y representantes del sitio Wikileaks, conocido en todo el mundo por las filtraciones de cables diplomáticos de distintas embajadas e informaciones sensibles del poder.
La reunión tuvo entre sus motivos oficiales el debate sobre "la libertad de expresión y el derecho a la información" pero también las acciones que Wikileaks le pide distintos gobiernos para colaborar con Julian Assange, creador de la plataforma que filtró millones de cables diplomáticos en los últimos 10 años, ante su inminente extradición a Estados Unidos.