El veredicto contra Cristina agita al kirchnerismo: ¿se acelera la definición de candidaturas?
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Un veredicto que condene a Cristina Kirchner por fraude al Estado puede traer, como consecuencia política, una aceleración en los tiempos electorales. Más concretamente, en la definición sobre una candidatura presidencial.
Es el tema del que se habla en el ámbito político por estas horas: desde el punto de vista del kirchnerismo, el juicio tiene como verdadero objetivo estigmatizar a la ex presidenta y proscribirla; en consecuencia, el reclamo entre sus seguidores es dar una respuesta política.
Nadie lo definió con más elocuencia que Gregorio Dalbón, abogado de Cristina, para quien un fallo condenatorio en la causa Vialidad, "la acerca mucho más a una candidatura presidencial y lo que va a hacer Cristina es transmutar, porque con las piedras ella construye".
Dalbón, a quien se reconoce como uno de los voceros de Cristina, fue incluso más allá de lo previsto, al admitir que desde el punto de vista político, un fallo adverso puede resultar funcional. "Seguramente con la condena vamos a poder construir en lo electoral mucho más que con una absolución", fue la interpretación del abogado.
Lo cierto es que hoy, después de haberles prometido a sus ansiosos militantes que la definición de candidaturas se daría "en su medida y armoniosamente", Cristina tiene en su situación judicial un elemento de presión adicional. Y la noticia de una condena sólo puede ser equiparada con un hecho político de alto impacto.
Por lo pronto, en la interna del kirchnerismo se considera que ya hay una batalla ganada: el juicio no logró que Cristina quedara aislada por el resto del peronismo sino que, por el contrario, en la adversidad ha logrado que se incrementara su grado de apoyo interno.
Se pone como ejemplo de ello la asistencia de dirigentes de diversas facciones en el reciente acto del estadio de La Plata, al cual le siguió un encuentro con los intendentes de los principales partidos del conurbano bonaerense. Incluso se ha producido una reconciliación con figuras con las que la vicepresidente estaba distanciada, como el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico -con quien llegó a un pacto de convivencia pacífica en La Matanza para retener la provincia de Buenos Aires- o con el líder piquetero Luis D’Elía, que está convocando a manifestaciones de apoyo.
También se está intensificando la adhesión sindical. Si bien es cierto que en este terreno Cristina está lejos de concitar unanimidades, se ha evidenciado que tiene gremios aliados dispuestos a movilizar el "operativo clamor" por su candidatura -como se vio en el acto de la Unión Obrera Metalúrgica- y que, además, están dispuestos a pasar a la acción ante un revés judicial. La elocuente frase "Si la condenan, paramos el Estado", dicha por Daniel Catalano, secretario general de ATE, dejó en claro el tipo de respuesta política que podría tener el juicio Vialidad.
La opinión pública, ¿indiferente a la suerte de Cristina?
En ese marco de tensión creciente, en el kirchnerismo también se presta atención a las encuestas, que en las últimas semanas están mostrando una consolidación del apoyo a Cristina dentro del espacio oficialista y un crecimiento en las posibilidades electorales del Frente de Todos, que en algunos casos aparece en empate técnico con la fuerza opositora Juntos por el Cambio.
En el sondeo de Zuban Córdoba, la intención de voto de Cristina es de 29%, mientras que para la consultora Aresco es 25,4%.
En tanto, una encuesta de IPD, midió una adhesión de 23%, más un 14% que "podría votarla" y un 60% que en ninguna circunstancia la apoyaría. Por más que el grado de rechazo sigue siendo alto, se ha moderado respecto de mediciones anteriores y ya se ubica en una franja similar a la de los principales candidatos.
¿Mejoran las chances electorales de Cristina ante una condena judicial? Es la pregunta clave, y no hay consenso sobre la respuesta. Por lo pronto, una amplia mayoría de 70% cree que ella sí es culpable de haber defraudado al Estado mediante irregularidades en la obra pública. Al menos, así lo plantea la investigación de la consultora Giacobbe, en la cual apenas un 20% de la opinión pública considera que la causa Vialidad está armada con fines de persecución política.
Sin embargo, el análisis político que se hace dentro del kirchnerismo es diferente: creen que la estrategia de Cristina de politizar el caso y de asimilar al "Partido Judicial" con las dictaduras militares terminará penetrando en la opinión pública.
Cristina Kirchner: ¿cuanto peor, mejor?
Esa línea ha sido sostenida desde 2016, cuando por primera vez tuvo que declarar en Comodoro Py, y planteó la tesis del "lawfare" y la necesidad de formar una coalición amplia para enfrentar a "la derecha".
En aquel momento, la imagen de Cristina estaba en su punto más bajo. Sin embargo, se recuperó hasta la victoria electoral de 2019 a pesar de que los procesamientos y los pedidos de prisión preventiva se siguieron sumando, lo cual llevó al debate sobre si la preocupación de la opinión pública por los casos de corrupción se diluye en los momentos de crisis económica.
La apuesta del kirchnerismo, como se evidenció en el discurso de Cristina en La Plata, es acentuar el perfil opositor, recordar el alto nivel salarial de su segundo período de gobierno y vincular la cuestión económica con la judicial.
De ahí viene la argumentación del juicio Vialidad como herramienta de "proscripción", por más que, en realidad, Cristina podrá ser candidata incluso cono una condena en su contra, porque para que la inhabilitación de ocupar cargos públicos sea efectiva es necesario que la sentencia quede ratificada en las instancias de apelación.
En definitiva, el kirchnerismo se prepara para dar una respuesta política al fallo judicial que, según Cristina, ya está decidido y firmado desde hace tiempo. La convicción es que cuanto mayor sea el revés en los tribunales, mayor debe ser el protagonismo de Cristina en la campaña electoral.
De hecho, uno de los principales asesores del kirchnerismo, el consultor español Alfredo Serrano Mancilla, se ha reunido con Cristina para mostrarle investigaciones que revelan que hay sintonía social con un discurso "progresista" que plantee estatizaciones y una mayor injerencia gubernamental en la determinación de precios y salarios. Y, no por casualidad, Cristina ha radicalizado su postura, insinuando que impulsará la nacionalización de recursos como el litio y los puertos sobre el Paraná.
El factor Lula y el temor a la conmoción social
Pero, más allá de lo electoral, hoy el interrogante que se plantea en el kirchnerismo es qué tan efectiva pudo haber sido la advertencia de Cristina a los jueces del tribunal. Al comparar su rol con el que tuvieron los militares de la dictadura, la vicepresidenta está planteando que los funcionarios judiciales podrían, en un futuro mediato, quedar en el banquillo de los acusados.
En principio, las opiniones apuntan a que el fallo será condenatorio, aunque probablemente no se acepte la figura de la "asociación ilícita" y los años de condena sean la mitad que los que pidió el fiscal Diego Luciani.
De todas formas, la convicción existente en el kirchnerismo es que el poder judicial es permeable a los cambios de vientos políticos y que no es indiferente al "factor Lula". En Brasil, mientras el líder del PT volvió al poder tras haber ido a prisión, se produjo un notable viraje en la suerte del juez Sergio Moro, que después de haber sido tratado como héroe nacional y de ser ministro de justicia y pre candidato presidencial, cayó en el descrédito por irregularidades en su investigación judicial y hasta ahora tiene denuncias penales en su contra.
Claro que entre Argentina y Brasil hay similitudes pero también grandes diferencias. En el país vecino, la condena de Lula y su prisión efectiva se produjo sin que hubiera violencia en las calles ni se paralizara el país Es algo que nadie se anima a afirmar que pueda ocurrir aquí.
Ya el tema había sido planteado explícitamente por el senador José Mayans, con su polémica teoría de que cual sólo un sobreseimiento de Cristina Kirchner es garante de la paz social.
El riesgo de conmoción social es algo que, sobre todo a partir del atentado contra la vida de Cristina, está cada vez más presente en el "círculo rojo", al punto que ya se empieza a debatir públicamente sobre amnistía y conmutación de penas.
Y las señales de preocupación han venido incluso desde Juntos por el Cambio. De hecho, el ex senador Miguel Pichetto advirtió sobre el riesgo de tomar a la ligera la figura de "asociación ilícita" aplicada a toda una estructura gubernamental, incluida la figura presidencial.
"Si cualquier gobierno puede ser una asociación ilícita, se sienta un precedente y se abre una avenida muy grande y un riesgo realmente muy peligroso para gobernar en cualquier sitio, en el país o en una provincia", dijo Pichetto, generando en la oposición un matiz entre quienes quieren ver a Cristina presa y quienes prefieren anteponer la estabilidad del sistema político.