Nueva moratoria previsional: el oficialismo quiere aprobar la ley en dos semanas pero asoman obstáculos
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El proyecto que plantea una nueva moratoria previsional va rumbo a ser votado en la Cámara de Diputados en dos semanas, según la hoja de ruta que empezó a trazar el oficialismo luego de la discusión en comisiones que se realizó este miércoles. Sin embargo, el impacto fiscal de la medida y la resistencia de la oposición, que impulsa una propuesta distinta, siembran dudas sobre la sanción de ley.
La iniciativa, que establece un plan de pagos para que las personas en edad jubilatoria y pre jubilatoria sin los 30 años de aportes puedan cancelar deuda previsional, fue impulsada por el kirchnerismo en el Senado y aprobada en junio. Tras pasar cinco meses frenada, el Frente de Todos aceleró la firma del dictamen en las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto.
El objetivo de la bancada oficialista, como anticipó iProfesional, es llevarlo a votación en la semana del 15 de diciembre para convertirlo en ley. No le resultará imposible lograrlo, pero tendría la mayoría justa de 129 votos si cuenta con el apoyo del Interbloque Federal y de Provincias Unidas y quedaría sin margen de error.
En ese contexto, la discusión de las comisiones perfiló posibles complicaciones para la aprobación de la ley en el tiempo y forma que pretende el oficialismo. El Interbloque Federal pidió un informe sobre cómo afrontará el Ministerio de Economía el impacto fiscal de una nueva moratoria y hasta plantearon dudas sobre la posibilidad de un veto total o parcial del Ejecutivo.
Y es que el proyecto fue impulsado por el kirchnerismo en medio de su pelea con el ex ministro de Economía Martín Guzmán. En sus cálculos, el impacto sería del 0,3% del PBI para 2023, pero nunca consultaron al por entonces titular de la cartera económica y, tras la llegada de Sergio Massa a ese cargo, tampoco hubo un apoyo explícito a la medida.
Moratoria previsional: ¿por qué el impacto fiscal es un tema central para la ley?
La cuestión fue planteada por el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, quien calificó el proyecto como "una política mucho más razonable que el populismo macrista de entregar pensiones del 80% de una jubilación mínima con el 0 de aporte", en referencia a la PUAM, pero pidió al oficialismo "garantizar que si se aprueba sea viable".
Tras aludir a la posibilidad de un veto por parte del Poder Ejecutivo, Rodríguez reclamó "que se informe cuáles son las partidas presupuestarias que serán reestructuradas para cumplir con el eventual impacto fiscal" que en sus cálculos "oscila desde el 0,28 hasta el 0,48 acumulado en el segundo año de su implementación".
Esto obligó a Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, a asegurar que la medida es "cumplible". El argumento del oficialismo es que el Presupuesto 2023 estipula que este año el crecimiento de la economía será del 4% pero, en base a los datos que hay hasta el momento, "estará más cerca del 5% que del 4% e incluso algunas estimaciones dicen que puede estar por arriba".
Heller subrayó que, además del "incremento importante de ingresos fiscales" que generaría ese nivel de crecimiento habría una recaudación impositiva más grande como fruto del "acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos" que Massa tiene previsto firmar en lo que queda de esta semana.
"Son ingresos que no están en el Presupuesto y seguramente los vamos a tener, así que no es una temeridad asumir el riesgo", sostuvo Heller para resumir el argumento central con el que el oficialismo intenta retener a los aliados que necesita para aprobar la ley y despejar fantasmas sobre un posible cortocircuito con Massa.
Por otra parte, en el Frente de Todos también afirman que sin este plan de pagos el año próximo unas 800 mil personas quedarían afuera del sistema previsional y sugieren que el costo de esa situación es más importante que el impacto fiscal.
De que se trata el proyecto y cómo sería el plan de pagos
En el kirchnerismo sostienen que no se trata de una "moratoria" en rigor, sino más bien de un plan de pagos para cancelar anticipadamente la deuda de aportes previsional de hombres y mujeres que estén cerca de la edad jubilatoria, el cual tendría dos tramos.
Por un lado, establece que las mujeres que cumplan 60 años y los hombres que cumplan 65 años entre 2022 y 2023 y no tengan los 30 años de aportes exigidos por la ley para jubilarse podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive.
Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. Se trata de un sistema casi idéntico al que se aplicó para las moratorias de 2004 y de 2014, la cual rige hasta ahora.
Por otra parte, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los aportes necesarios, puedan anticiparse y empezar a pagar los períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012.
Estas personas podrán pagar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, en coincidencia con lo que pagan los trabajadores en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma.
Juntos por el Cambio, con proyecto propio: ¿otro obstáculo para el oficialismo?
El oficialismo no consiguió hasta ahora sumar al Frente de Izquierda para blindar la aprobación del proyecto. Ese espacio tiene un dictamen propio y, en principio, no apoyaría el proyecto. Eso acota al mínimo el margen para aprobar la ley, y más con la estrategia que planteó Juntos por el Cambio para evitar que sus diputados voten divididos, como pasó en el Senado en junio.
El bloque Evolución, que integra la principal bancada opositora, presentó un proyecto alternativo para la situación de las jubilaciones y la falta de aportes que podría alinear a todo Juntos por el Cambio, donde el PRO es el principal impulsor del rechazo al dictamen del oficialismo y de que no ocurra como en el Senado, que solo un grupo votó en contra y la mayoría se abstuvo.
La iniciativa alternativa fue presentada por Alejandro Cacace, quien explicó que a diferencia del proyecto del oficialismo el de la oposición propone para "mujeres de 60 años y hombres de 65 que hayan aportado entre 10 y 29 años, otorgarles una prestación proporcional que consistiría en un 70% de la básica, más el 1,5% por año aportado".
Según argumentó Cacace, el problema de fondo del sistema previsional es la "informalidad laboral" y la "estructura del trabajo en la Argentina. Al respecto, destacó el valor de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) para quienes no tienen aportes pero subrayó que "también es cierto que aquellos que realizaron solo 10 años de aportes no quieren cobrar la PUAM como el que no aportó nada y eso sí merece un reconocimiento".
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Si la bancada opositora se unifica detrás de este dictamen plantearía un segundo desafío para el Frente de Todos: evitar que sume el apoyo de los otros bloques opositores que ponen la lupa en el impacto fiscal. Y es que, con la paridad que existe en la Cámara baja, si eso ocurriera y la oposición lograra aprobar su proyecto el tema volvería al Senado y la ley no se aprobaría este año.