Planes sociales truchos: lanzan inédito "rastrillaje masivo" para controlar las irregularidades
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Si prospera su plan, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, podría anotarse un éxito tras el escándalo que detectó numerosas irregularidades en el pago de planes sociales.
Desde beneficiarios que cobran un plan a pesar de ser propietarios de viviendas y de autos, hasta otros que adquieren dólares y presentan declaraciones de bienes personales, el entrecruzamiento de datos reveló que algo no está funcionando bien con ese beneficio pensado para quienes atraviesan una situación de indigencia.
Para tratar de esclarecer el escenario, Tolosa Paz propuso apelar a la tecnología más amigable que a diario utilizan millones de argentinos para realizar desde compras online hasta consultar el clima: las aplicaciones instaladas en los celulares.
Así, se incluiría la obligación de que los beneficiarios de los planes se registren en la aplicación "Mi Argentina", la misma que se utilizó para brindar información y hacer testeos durante la pandemia, y también para consultar el esquema de vacunación contra el Covid-19.
Este sistema, aseguran desde Desarrollo Social, permitiría generalizar el entrecruzamiento de información con el Banco Central y la AFIP.
La medida regiría desde fines de noviembre y en principio alcanzaría a más de 1,3 millones de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
Planes sociales: el Gobierno avanzará con un "rastrillaje masivo"
Desde el Gobierno consideran que sería una buena herramienta para depurar los padrones de los beneficiarios de planes e impedir que se sigan repitiendo inconsistencias que pegan en la línea de flotación de la búsqueda de un achicamiento del rojo fiscal.
La idea surgió luego de difundirse una auditoría interna que halló numerosas irregularidades entre los beneficiarios de este subsidio.
De acuerdo con un estudio realizado por la AFIP, casi 250.000 beneficiarios de planes Potenciar Trabajo compraron dólares, tenían propiedades o había hecho la presentación de Bienes Personales.
El hallazgo tensó las cuerdas de un gobierno que busca demostrarle a los acreedores que está dispuesto a cumplir la meta de reducción del déficit fiscal comprometida con el FMI.
Al exigir que los beneficiarios de planes se registren en la aplicación "Mi Argentina", Tolosa Paz considera que se podrá realizar un rastrillaje masivo y entrecruzamiento de datos para garantizar que quienes perciben planes están en condiciones de hacerlo.
También podría servir para que se empiece a cumplir de una vez con la obligación de brindar tareas durante cuatro horas diarias a cambio de recibir un plan, creen en el Gobierno.
Nuevo límite para los planes Potenciar Trabajo
Para inscribirse en Mi Argentina es necesario validar la identidad y se obligaría a suscribir un formulario que permitiría tener más datos sobre los beneficiarios de la asistencia social.
La ministra de Desarrollo Social asegura que una vez puesto en marcha este sistema, nadie que no valide la identidad continué percibiendo un Potenciar Trabajo.
En un mensaje al ministro de Economía, Sergio Massa, la funcionaria dijo que busca cada vez mayor transparencia en la ejecución del dinero público.
Antes de poner en marcha el sistema, será necesario realizar algunos cambios en la aplicación y realizar una masiva campaña de información para que la gente se anote.
Ahora vendrá el anuncio con los detalles de este plan una vez que esté listo el desarrollo tecnológico del programa. Se estima que en diciembre comenzará la inscripción con un plazo de un mes para hacer una "campaña de información y de sostenimiento de los movimientos sociales" en cada provincia, con el objetivo de que todas las personas puedan hacer la validación de identidad.
Mientras desde el Congreso la oposición pide que el Gobierno dé explicaciones sobre las irregularidades en los planes, el oficialismo asegura que con el nuevo sistema se acabará la posibilidad de infringir las normas.
Los cuestionamientos de la oposición por el escándalo de los planes
La oposición presentó una denuncia para que se investiguen las irregularidades con los planes. El pedido se suma al que impulsó el fiscal Guillermo Marijuan. Ahora, el diputado del PRO Waldo Wolff se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py y pide que se investiguen las irregularidades y falta de controles, y apunta al rol de la Secretaría de Economía Social que está dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y controla el dirigente piquetero Emilio Pérsico.
Economía Social es la autoridad de aplicación del Potenciar Trabajo. Desde la oposición cuestionan que el mismo funcionario encargado de autorizar los planes sea también líder del Movimiento Evita, una de las agrupaciones que más planes sociales recibe.
"Hay que identificar quiénes cobraron en nombre de los muertos, eso es estafa y puede haber defraudación al Estado. Y hay que investigar de que movimiento social eran para saber si había un funcionario responsable", sostuvo Wolff. También abogó por recuperar el dinero de esos planes.
En este escenario, el fiscal Marijuan detectó irregularidades en la adjudicación del beneficio social. Tras pedirles informes al Ministerio de Desarrollo Social y a la AFIP, descubrió que había personas que recibían el Potenciar Trabajo y estaban muertas. La pregunta es quiénes cobraban los planes en lugar de los fallecidos.
Además, detectó que había 35.000 personas que habían comprado divisas mientras recibían el plan, que unos 52.987 beneficiarios eran propietarios de más de un inmueble o tenían autos, embarcaciones y aeronaves. También que había planeros que tenían prepaga o eran propietarios de un auto 0Km.
Además de la nueva causa judicial, la oposición presiona para que la ministra de Desarrollo Social se presente en el Congreso a dar explicaciones.
La citación a Tolosa Paz fue pedida en carácter "urgente" en un proyecto de resolución impulsado por la diputada de Juntos Graciela Ocaña. Reclamó que se presente ante la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja por la "probable existencia del delito de defraudación al Estado".
El proyecto de Ocaña requiere que la ministra -que a mediados de octubre reemplazó a Juan Zabaleta- brinde detalles de las personas que son beneficiarias del Potenciar Trabajo a pesar de no reunir los lineamientos necesarios para hacerlo. También solicita que se enumeren las organizaciones sociales y los funcionarios que otorgaron esos programas de manera indebida.