Es ley la prohibición de desalojos en barrios populares: cómo se aplicará y por qué tuvo consenso entre oficialismo y oposición
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Con la aprobación final del Senado, se sancionó la ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para los "barrios populares", que entre otros puntos prohíbe el desalojo de las tierras donde viven actualmente más de 5 millones de personas en situación de pobreza, y que cuenta con el consenso del oficialismo y la oposición a pesar del ruido que generó semanas atrás.
Prueba de ello fue que la Cámara alta aprobó la prórroga de la Ley 27.453 de integración socio urbana de barrios populares con 64 votos a favor y solo 1 en contra (de una senadora cordobesa del PRO) y extendió la prohibición del desalojo de esas zonas por 10 años. En varios casos, según los legisladores, se trata de predios "ocupados" desde hace dos o tres décadas.
La ley apunta a financiar las obras necesarias para que el Estado llegue con la infraestructura urbana básica (instalación de servicios públicos, despeje de caminos, mejoras en la accesibilidad y conectividad y saneamientos, entre otras) a los barrios que se encuentran la mayoría de las veces en condiciones de vivienda precarias.
La suspensión de los desalojos que había previsto la ley original, de 4 años, vencía a fines de este mes por lo que el Congreso lo prorrogó y a la vez hizo retoques a la norma, como la ampliación del Registro de Barrios Populares (ReNaBap) de 4.416 a 5.787. Allí viven actualmente más de 5 millones de personas.
Prohibición de desalojos en barrios populares: ¿de qué se trata?
La prohibición de desalojos se estableció como garantía de implementación de la ley. Al haber sido sancionada en 2018 y haber suspendido todas las acciones y medidas judiciales por 4 años, esa garantía caducaba el 29 de octubre.
Con la prórroga se renovó la declaración de "utilidad pública y sujeta a expropiación" para la totalidad de los bienes inmuebles en los que se encuentran en esos barrios, con el fin de "proceder a su integración socio urbana". Esto es el avance de las obras de infraestructura básicas.
Además, la ley ordena la identificación de los bienes inmuebles y promover la "regularización dominial" de las viviendas, con el registro de sus titulares y establecimiento de cuotas especiales para su adquisición formal, entre otras medidas.
La norma establece que los habitantes de estos barrios "tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación" y agrega: "Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y (…) gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho".
Por otra parte, a través de esta norma se creó un fideicomiso con el fin de "financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias". La prórroga aprobada por el Senado modificó la integración de ese fideicomiso para que también se conforme con "bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional".
¿Por qué oficialismo y oposición votaron juntos?
La situación de estos barrios es un reflejo de los problemas que tiene la Argentina en cuanto al "acceso a la vivienda" y a la "pobreza" como un "flagelo estructural" que atraviesa a todos los gobiernos, según coincidieron varios de los senadores durante el debate del proyecto.
"La situación habitacional de la Argentina es muy grave", subrayó el senador del Frente de Todos Guillermo Snopek en la apertura del debate y agregó: "Por eso abordamos este tema, no solo para reconocer el problema, sino para hacer concretamente algo".
Días atrás, la aprobación del proyecto en Diputados con un amplio consenso (227 votos a favor sobre el pleno de 257) abrió una disputa dentro de Juntos por el Cambio por las críticas de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien sostuvo que la norma beneficiaba a "ocupas".
El comentario generó malestar porque buena parte del PRO había votado a favor, pero el conflicto se desactivó rápidamente, al punto que el acuerdo oficialismo-oposición se repitió en el Senado. Además de que la situación social de los "barrios populares" atraviesa a todos los gobiernos, esa coincidencia tiene también razones políticas para buena parte de la oposición.
Uno de los argumentos centrales en ese sentido fue el que expresó la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri al explicar: "Hoy estamos tratando un proyecto que es una modificación específica de un par de artículos de una ley de 2018, pero que tuvo un origen anterior con un decreto del 2016 donde entendimos que teníamos que poder dimensionar y comprender el hábitat informal que existía en el país".
"Fue nuestro espacio el que impulsó, precisamente, esta ley porque un problema que durante toda la ‘década ganada’ no se había registrado", agregó la senadora.
Un solo voto en contra
El único voto en contra del proyecto de prórroga fue el de la senadora cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero, quien se diferenció del resto de sus compañeros de bancada y en su discurso se acercó a lo que semanas atrás había expresado Bullrich.
"Nos proponen una ley para integrar esos barrios que se han desarrollado de hecho sin respetar ninguna regla, sin ningún control del Estado. Recorro mucho esos barrios y no me gustaría vivir ahí a mí", criticó Álvarez Rivero y opinó: "Tenemos dos argentinas", pero preguntó: "¿Queremos dos argentinas?".
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Si bien hubo críticas en la oposición, la cordobesa fue la única que se diferenció al momento de votar, dado que el resto de los senadores del PRO lo hizo a favor, como había ocurrido en la Cámara de Diputados.