Protestas gremiales y bloqueos a empresas desatan una batalla política: la pelea que viene en el Congreso
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Las protestas sindicales y las situaciones de bloqueo denunciadas por algunas empresas en el último tiempo abrieron un nuevo frente de batalla dentro del Congreso. El bloque de diputados del Frente de Todos pidió sancionar o incluso expulsar al liberal José Luis Espert por haber reclamado "cárcel o bala" contra trabajadores del neumático, y el PRO amaga con meterse en la disputa por un costado.
La diputada del PRO Laura Rodríguez Machado y 14 legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para que "los bloqueos a empresas sean considerados delitos penales". Concretamente, propone que sean sancionados con "reclusión o prisión de 3 a 8 años" quienes "bajo el pretexto de razones gremiales, impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial".
El proyecto se presentó casi al mismo tiempo en que el bloque oficialista expresó su "profundo rechazo" a las fuertes declaraciones de Espert y apeló al artículo de la Constitución que plantea la "remoción por inhabilidad moral" de un diputado. Ambos hechos se dieron de manera independiente entre sí, pero empieza a verse un hilo conductor.
Con una crisis inflacionaria que erosiona los salarios y eleva los costos de las empresas, los conflictos sindicales se reproducen. Casos como el de la empresa Lácteos Vidal y Química Oeste donde se denunciaron bloqueos de sindicatos de lecheros y camioneros o las protestas en el sector de los neumáticos su vuelven más frecuentes y obligan a la dirigencia política a mirar.
El centro de la cuestión es de qué manera encaran esa conflictividad. El diputado Espert considera que se debe aplicar el Código Penal para esas protestas o meter "bala", algo que "va en contra de múltiples principios constitucionales" según el oficialismo, en tanto que el grueso de la oposición reclama una ley para regular la metodología de protesta.
Con esas tres posturas, los diputados se preparan para una disputa política que se perfila para la próxima sesión de la Cámara baja y que puede acercar un poco más a Espert con Juntos por el Cambio. Como telón de fondo, el debate sobre la "violencia política" que abrió el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la continuidad de conflictos sindicales.
Espert y las protestas sindicales: ¿cómo se defiende el diputado?
Días atrás, Espert citó en Twitter un artículo periodístico sobre el conflicto en el sector de los neumáticos y el "atrincheramiento" del gremio en una oficina del Ministerio de Trabajo y escribió: "Código Penal Art 181, delito de usurpación. Cárcel (6 meses a 3 años) o bala".
Ante esa manifestación, el bloque oficialista de diputados presentó este viernes un proyecto de resolución en el que, además de repudiar los dichos, instó a la Cámara a "evaluar la conducta" del liberal y aplicar el artículo 66 de la Constitución que la habilita a "corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta o removerlo por inhabilidad física o moral".
En los fundamentos, afirmaron que las declaraciones de Espert van en contra de principios constitucionales como "el debido proceso, el principio de inocencia, el no prejuzgamiento, el derecho a la protesta, la huelga" y "la abolición de la pena de muerte", a la vez que remarcaron que el diputado "sistemáticamente pide ‘cárcel o bala’ como respuesta a diversos acontecimientos".
Por su parte, Espert se defendió con la inmunidad que tienen diputados y senadores. A través de Twitter, y replicando las numerosas críticas que recibió por sus dichos, señaló: "Art 68 de la Constitución Nacional: ‘Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador’".
En el oficialismo prevén hacer mención a este hecho y al pedido de sanciones contra Espert en la próxima sesión, durante la cual el diputado bonaerense del bloque Avanza Libertad seguramente responderá. Pero además, el argumento que eligió el legislador liberal puede encontrar eco entre algunos de sus colegas del PRO que quieren empujar el debate sobre las protestas sindicales.
¿De qué se trata el proyecto contra los "bloqueos a empresas"?
La diputada Rodríguez Machado, autora del proyecto que busca penalizar los "bloqueos a empresas", explicó en diálogo con iProfesional que la diferencia central entre esta iniciativa y otras similares que han surgido de Juntos por el Cambio es que el suyo pone el acento en el derecho a la propiedad privada.
"Otros proyectos ven estas situaciones de bloqueo como delito de extorsión, pero para nosotros es un delito que atenta contra la libre disponibilidad de la propiedad privada", indicó la diputada por Córdoba, al tiempo que subrayó que la idea es sumar el impedimento al funcionamiento de una empresa a los delitos contra la propiedad que ya están en el Código Penal.
Según Rodríguez Machado, "lo que está pasando es que los jueces van en contra de los bloqueos cuando es en forma inmediata, si actúa un abogado, pero no actúan de oficio" y "para para que lo hagan, hace falta que sea una figura penal".
Consultada sobre el planteo del oficialismo contra Espert, la diputada dijo desconocer lo que había dicho su colega de Avanza Libertad, pero retrucó: "¿Por qué no arman el debate sobre el tema de fondo y lo discuten en comisiones?".
La dirigente, vicepresidenta del PRO, recordó que Espert "tiene inmunidad de opinión" como diputado y, en esa línea, le apuntó al Frente de Todos al considerar: "Ellos son bárbaros para suprimir derechos constitucionales, pero que traten los proyectos si el tema les interesa".
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Respecto de la iniciativa, la diputada confirmó que en la próxima sesión pedirá preferencia para su tratamiento en comisión, donde insistirá con que sea sometida a debate con el fin de lograr la firma de un dictamen para llevarlo a votación en el recinto.