Cristina Kirchner contraataca: por qué ahora pide tener un juicio político en el Congreso
:quality(85)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2020/08/500825.jpg)
Cristina Kirchner cambió el tono de su defensa judicial. Con una argumentación más técnica y menos emocional que en otras ocasiones, dejó clara su visión sobre cuál es el ámbito en que se debe juzgar el accionar de los presidentes: el juicio político en el Congreso.
Defendió ese punto de vista "con la constitución sobre la mesa", como destacó un tuit de La Cámpora en alusión a una frase reciente de Mauricio Macri. Cristina cuestionó lo que interpretó como una intromisión de los jueces por encima de los otros dos poderes del Estado.
De esta manera, Cristina, que ya había dejado clara su convicción de que su sentencia estaba "decidida y acaso hasta firmada", dio una nueva pista sobre su estrategia defensiva. El planteo es que su enjuiciamiento debe ser visto con un criterio eminentemente político. Es una línea argumental que ya había esbozado cuando, al declarar en diciembre de 2019 les había dicho a los jueces: "A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo".
Dio, por otra parte, un nuevo giro en su fundamentación sobre el "lawfare", al afirmar que tras el atentado contra su vida había repensado cuál era el verdadero cometido de sus acusadores. Según Cristina, que afirmó que se siente "en estado de indefensión", las denuncias en su contra ya no tienen apenas el objetivo político de difamarla y perjudicarla políticamente sino que han terminado por instigar el accionar de los grupos violentos.
Es un razonamiento que se emparenta con frases que crearon polémica en los días posteriores al atentado, como la muy comentada del senador José Mayans, según la cual sólo un sobreseimiento de Cristina Kirchner es garante de la paz social.
Ahora, al presentar su caso como un juicio viciado de parcialidad, en el que su sentencia está decidida, Cristina reforzó su apuesta de ganar la batalla de la opinión pública, una estrategia para anteponer "la absolución popular" a un eventual fallo condenatorio.
Naturalmente, también resulta inevitable conectar la defensa de la ex presidente con la urgencia con la cual el bloque de legisladores oficialistas impulsó la reforma de la Corte Suprema de Justicia, cuya ampliación a 15 miembros obtuvo media sanción del Senado y provocó la respuesta irritada de la oposición.
"El engendro kirchnerista para cambiar la Corte y manejar la Justicia NO PASARÁ. En Diputados no tienen los votos y en el Senado necesitan 2/3 para nombrar a los jueces. Quieren meternos miedo. Que no nos paralicen. ¡Luchar contra el régimen es nuestro único camino!", fue el enérgico mensaje de Patricia Bullrich, presidente del PRO.
Polémica por la "asociación ilícita" y la responsabilidad de Alberto
En su extenso alegado, Cristina dejó a sus abogados la tarea de contestar detalles de las pruebas de la acusación y se centró en su objetivo central: argumentar que su conducta como gobernante no puede ser juzgada por este sistema judicial.
Gran parte de su argumentación es que el accionar de la justicia ha sido parcial, al punto de que dejó flotando en el aire la posibilidad de denunciar a sus acusadores por accionar indebido -prevaricato, en la jerga jurídica-. Y, sobre todo, que el intento de juzgar su conducta como gobernante tiene rasgos inconstitucionales.
Así lo resumió la propia Cristina cuando, luego del alegato, escribió en sus redes sociales "Una causa contra la Constitución".
Concretamente, sostuvo que la figura de la "asociación ilícita" no puede ser aplicada a los actos de gestión de gobiernos democráticos. Ironizó al respecto al señalar que, si se llevara al extremo el razonamiento, entonces todo el accionar de su período de gestión debería considerarse nulo, incluido el nombramiento de los fiscales que la estaban acusando.
Fue uno de los pasajes de su defensa que causaron más polémica. Y generó críticas de juristas que afirman que Cristina hace una interpretación errónea, porque confunde la acusación contra una persona con la invalidación de sus actos en el ejercicio de un cargo público.
Además, fue también llamativo su argumento en el sentido de que la responsabilidad por los procesos licitatorios y de ejecución de obra pública cabe al jefe de gabinete, dado que por la reforma constitucional de 1994 es esa figura la que tiene la responsabilidad por la administración de gobierno.
Esto implica el argumento tácito de que, si ella fuera condenada también debería ser acusado como parte de la asociación ilícita el presidente Alberto Fernández -que ocupó la jefatura de gabinete durante la gestión de Néstor Kirchner y en el inicio del gobierno de Cristina-.
De la misma forma, el ministro de Economía, Sergio Massa, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina estarían implicados por haber tenido esa responsabilidad durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Por lo pronto, Alberto Fernández -que fue convocado para declarar como testigo en la causa- siguió el alegato de su ahora vicepresidente y, según filtraron en el entorno presidencial, quedó conforme con la argumentación, a la que calificó como "muy sólida".
La denuncia del doble estándar
Como en todas sus defensas, no faltó la acusación contra otros gobiernos, en particular contra el de Mauricio Macri. Y la denuncia de una especie de doble estándar judicial, que trata con más benevolencia al líder de Juntos por el Cambio.
Mencionó al respecto que para probar la "familiaridad" del ex secretario de Obra Pública, José López, con el contratista Lázaro Báez había sido necesario revisar miles de mensajes y llamados para encontrar cuatro conversaciones, mientras que no llamaba la atención la pública relación de amistad que Macri tenía con el empresario Nicolás Caputo.
Comparó también el trato recibido por Fernando de la Rúa en el juicio por los muertos en la represión policial de diciembre de 2001. Cristina se preguntó cómo era posible que se pudiera argumentar que el fallecido mandatario no estaba al tanto ni tenía la responsabilidad por los excesos del accionar policial en el marco del estado de sitio. Y contrapuso ese sobreseimiento con la acusación que ella recibió del fiscal Diego Luciani en el sentido de que como presidente no podía ignorar lo que ocurría con la obra pública en Santa Cruz.
Cristina y la larga saga del lawfare
Desde la primera vez que debió comparecer ante un juez, en el despacho del fallecido Claudio Bonadio, a comienzos de 2016, Cristina tuvo en claro cuál debía ser su argumento: establecer una línea histórico-política para demostrar que no se la persigue por corrupción sino como un castigo por haber defendido intereses populares, y que su caso es la continuidad de lo que el siglo pasado les había ocurrido a líderes como Hipólito Yrigoyen y Juan Perón.
Reiteró y profundizó ese argumento en sus alegatos en las causas de las cuales fue sobreseída, como las de "dólar futuro" y la del "pacto por la impunidad del atentado a la AMIA".
En ambos casos, la ex presidente pasó de acusada a acusadora: "Ahora los argentinos deben 44 mil millones de dólares y ustedes también son responsables, no miren para otro lado, porque ustedes causan climas en la república Argentina, que impactan en agentes económicos y así estamos", les había dicho directamente a los jueces de la Cámara.
Y, con la seguridad que le daba el hecho de contar con un informe favorable a cargo de peritos de la Corte Suprema de Justicia, calificó a la investigación del dólar futuro como "un leading case" en casos de persecución política a cargo de fuerzas mediático-judiciales. Su estrategia dio el resultado esperado. Cristina nunca tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados porque la Cámara Federal de Casación dio por buenos los argumentos y decidió sobreseer a Cristina y el resto de los acusados, quedando así nulo el juicio.
En el caso de la AMIA, la misma sala de Casación, con los mismos jueces que la escucharon por en su defensa sobre el dólar futuro, fueron los que tuvieron que escuchar su alegato, tras un cambio pedido por la defensa de Cristina.
Y en otra exposición de fuerte tono político, en la que varias veces se le quebró la voz y estuvo al borde de las lágrimas, Cristina asoció las acusaciones sobre el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA con un intento de perjudicar al país en un momento en que estaba acosado por los "fondos buitres" que buscaban el cobro de la deuda en default.
El otro momento importante fue en noviembre pasado, cuando un tribunal federal la sobreseyó de la causa "Hotesur y Los Sauces" por inexistencia de delito. En aquella ocasión, su abogado, Gregorio Dalbón, dejó en claro que no se contentará con que su clienta se haya liberado de la instancia del juicio, sino que buscaría una reparación pública: "No alcanza el sobreseimiento de Cristina Kirchner. Tienen que pagar muchos con sus cargos por lo que armaron judicialmente y los periodistas por lo que la difamaron durante años a la vicepresidenta y sus hijos. No es gratis", advirtió en aquella ocasión.
Y toda esa saga llegó a su punto cúlmine con el video difundido en las redes sociales, en el que Cristina rechaza las acusaciones del fiscal Luciani y, en un tono fuertemente emocional, declaró que no se arrepiente de haber impulsado las políticas sociales, el verdadero motivo por el cual era juzgada.
En su alegato final en la causa donde tiene peor pronóstico, Cristina volvió sobre el mismo punto: "Para traerme de los pelos a mí a este juicio trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la Ley de Procedimiento Administrativo, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo".