Ley contra "discursos de odio": cuál es el verdadero plan del Gobierno y qué chances tiene de prosperar
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El Gobierno rechazó que esté pensando en impulsar una ley para limitar los "discursos de odio" que para el oficialismo generaron el clima para el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero la idea se instaló y la aspiración de la Casa Rosada es que cualquier iniciativa de ese tipo surja del Congreso y se busque consenso con la oposición, mientras evalúa el plan B de una nueva regulación para la publicidad oficial en medios.
"No hay ningún proyecto que se esté analizando que vaya en línea con lo que dicen", rechazó la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, en declaraciones radiales. De esta manera descartó que el presidente Alberto Fernández piense impulsar desde el Ejecutivo una ley de esas características, pero no que surja de otro sector del Frente de Todos.
El tema sobrevoló la reunión que mantuvo Fernández a última hora del lunes con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, según deslizaron a iProfesional de fuentes oficialistas. El Presidente, en pincipio, no impulsará un proyecto pero tampoco se opondrá si se presenta uno en el Congreso y se abre el debate.
El propio Martínez lo deslizó luego de la reunión, al señalar que Alberto Fernández entiende que "el ámbito natural para el diálogo político es el Congreso" y que tiene la esperanza de que el repudio al atentado contra la vicepresidenta que aprobó Diputados "pueda generar que oficialismo y oposición avancen sobre temas que ayuden a seguir consolidando el proceso democrático".
El plan de mantener al Gobierno al margen de la elaboración de un proyecto que antes de existir ya fue rechazado por Juntos por el Cambio como una posible "ley mordaza" sobre la libertad de expresión y dejar que el asunto quede en manos exclusivas del Congreso ya fue recogido por el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, quien reveló que trabaja en una iniciativa.
Ley contra el "odio": ¿puede prosperar el plan del Gobierno?
Valdés, hombre de buen vínculo con Fernández y Cristina Kirchner y de larga relación con el papa Francisco, señaló en declaraciones radiales que está elaborando un proyecto de capacitación "contra el odio" similar a la Ley Micaela, que apunta a la formación sobre cuestiones de género en los tres poderes del Estado.
De ser así, no se trataría de una "ley mordaza" como sugirieron varios referentes de la oposición, entre ellos el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y cumpliría con la idea que tienen en la Casa Rosada: que se ocupe el Congreso y se busque un consenso con la oposición. Igualmente, las chances de que prospere algo así hoy son bajísimas.
Esto por varias razones. En primer lugar, por el rechazo cerrado de Juntos por el Cambio a cualquier iniciativa que surja del oficialismo y que apunte a la cuestión del "odio", y en segundo lugar porque el Frente de Todos prácticamente ha perdido el control del Congreso y varias veces quedó en evidencia su dificultad enorme para imponer su agenda.
Las principales figuras del PRO ya le bajaron el pulgar a cualquier proyecto que vaya en ese sentido. Antes de que Rodríguez Larreta afirmara que "el kirchnerismo intenta distraer y propone una ley mordaza" , ya se habían plantado frente al tema el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo y la titular del partido, Patricia Bullrich.
El radicalismo también se opone, a pesar de que en sus filas hay varios dirigentes que creen que llegó el momento de bajar los decibeles de la confrontación política, empezando por el presidente de la UCR, Gerardo Morales, único referente opositor que llamó a Cristina Kirchner tras el ataque, y siguiendo con el futuro candidato presidencial Facundo Manes.
Como anticipó iProfesional, Juntos por el Cambio cerrará filas ante el debate que intenta abrir el oficialismo en el Congreso como una forma de no profundizar más sus propias diferencias internas en un momento tan complejo.
En este contexto, es muy difícil que incluso un proyecto como el de Valdés pueda aprobarse en una Cámara de Diputados donde días atrás el Frente de Todos tuvo que aceptar condiciones por parte del PRO sobre el texto de repudio al atentado contra Cristina Kirchner para poder sesionar.
La escena de un oficialismo que no llega al quórum para sesionar y no cuenta fácilmente con los votos no es nueva: innumerables proyectos del kirchnerismo duro que quedaron trabados en la Cámara baja y casi todos las iniciativas del Ejecutivo quedaron sometidas a una negociación con la oposición.
Regular la pauta oficial: ¿plan B?
Al negar que el Gobierno esté pensando en impulsar un proyecto para regular los "discursos de odio", Cerruti apuntó también contra la postura expresada tanto por la oposición como por los medios sobre el tema y deslizó allí la posibilidad de que ese tipo de manifestaciones se puedan regular a través de la distribución de la publicidad entre los medios.
Cerruti sostuvo que ninguno de los "grandes medios" depende de la pauta del Gobierno para subsistir y señaló: "Tenemos que tener una ley de publicidad oficial que ponga este tipo de parámetros. El Gobierno tiene todo el derecho del mundo a decidir qué tipo de medios quiere impulsar, no que esté atado al rating, la venta o a lo que sea".
Para la portavoz presidencial esa eventual iniciativa se basaría en definir qué "valores" quiere transmitir la administración nacional y qué tipo de medios pretende que mantengan esa "conversación colectiva".
"En la Argentina tenés cierto corset y soy impulsora de una ley de publicidad oficial, que en la Ciudad logré que se votara por unanimidad y la vetó (Mauricio) Macri", abundó Cerruti sobre el tema.
El cambio en la distribución de la pauta había sido planteado por Alberto Fernández en su discurso de asunción, en 2019, cuando prometió "reorientar el presupuesto de publicidad del Estado bajo otros criterios" para que "dejen de servir a la propaganda del Estado" y "pasen a servir al mejoramiento de la calidad educativa". Sin embargo, es muy poco lo que cambió desde entonces en la materia.
La posibilidad de retomar ese tema en el nuevo contexto político para regular lo que se consideran "discursos de odio", está abierta.