Pulseada por el atentado a Cristina: la oposición apunta a un ministro, mientras el FdT siembra dudas sobre la Justicia
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Las consecuencias políticas del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner recién empiezan. En el Congreso, Juntos por el Cambio empezó a poner presión sobre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por el manejo de la situación y por la novedad sobre el reseteo del teléfono secuestrado al agresor, hecho que a su vez lleva a una parte del oficialismo a sembrar dudas sobre la Justicia, a pesar de las diferencias internas que asoman en sus filas.
El bloque de diputados de la UCR que encabeza Mario Negri dentro de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para citar a Fernández para que brinde explicaciones sobre "la actuación de la custodia" y medidas "tendientes al esclarecimiento del intento de magnicidio". Lo mismo hizo en el Senado el radical Pablo Daniel Blanco.
Según confirmaron a iProfesional fuentes de la bancada opositora de diputados, no será un pedido simbólico, como ocurre muchas veces, sino que pedirán preferencia para tratar el proyecto. Iban a hacerlo en la sesión que el oficialismo preveía convocar para este miércoles pero que por el momento se pasó para la semana próxima.
"La idea ahora es empujar el proyecto para citar a Aníbal en las comisiones", indicaron a este medio las fuentes consultadas, aunque también repararon en el hecho de que la Comisión Bicameral de Seguridad Interior, donde debería tratarse la citación, todavía no está formalmente constituida, alfgo que dependerá del oficialismo.
El ministro de Seguridad fue el centro de las miradas luego de que una persona lograra acercarse a la vicepresidenta entre una multitud de militantes y gatillar un armar a centímetros de su rostro. Presionado también por un sector del kirchnerismo, Fernández salió a aclarar que le ofreció su renuncia al presidente Alberto Fernández, quien la rechazó.
Cerca del ministro, según supo este medio, están por el momento tranquilos sobre su continuidad en el Gabinete y el respaldo del Presidente y se preparan ahora para las embestidas de la oposición, principalmente luego de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), encargada del peritaje sobre el celular del imputado Fernando Sabag Montiel, informara que recibió el aparato reseteado como si hubiera salido recién de fábrica.
La oposición quire citar a Aníbal Fernández en el Congreso y presiona a medida que surgen novedades en la investigación Atentado a Cristina Kirchner: el oficialismo siembra dudas sobre la Justicia
Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a iProfesional que Aníbal Fernández "está preocupado" por el caso porque es "un hecho gravísimo" y que está "trabajando bien". Para dar por desterradas las especulaciones sobre una renuncia, subrayaron que "habló por lo menos dos veces con Cristina en estos días y varias veces con sus secretarios".
Sin embargo, el curso de la investigación y la novedad sobre el teléfono del imputado lo ponen nuevamente en alerta, porque en el pedido de la oposición para citarlo tiene contemplado este hecho por el cual buscarán indagar sobre el rol de la Policía Federal que depende de él durante los momentos previos y posteriores al ataque, incluida las medidas para facilitar la investigación.
Luego de que la PSA informara al juzgado de María Eugenia Capuchetti cómo recibió el teléfono del imputado, Fernández negó que la Policía Federal lo haya manipulado. Las fuentes de la cartera de Seguridad consultadas por este medio remarcaron que el celular "se entregó al juzgado y hubo 14 horas que no se sabe qué pasó".
Esa duda que sale del Ministerio de Seguridad parece ir en la misma línea que la sospecha expresada por el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, uno de los más furibundos críticos del Poder Judicial entre los referentes del kirchnerismo, en las horas posteriores a que se conociera la noticia sobre la pérdida de información del celular secuestrado.
"¿Alguna duda que la jueza Capuchetti y el fiscal (Carlos) Rivolo están trabajando para encubrir el intento de magnicidio contra Cristina? La mafia de Comodoro Py no puede investigar el atentado. Esta en juego la democracia", lanzó Tailhade.
Las tensiones internas en el oficialismo
A pesar del lógico cierre de filas del Frente de Todos para repudiar el ataque a Cristina Kirchner y criticar a coro los "discursos de odio" que algunos atribuyen a los medios de comunicación, la Justicia y parte de la oposición, la conmoción por el hecho y su contexto dejó ver algunas fisuras y diferencias entre miembros del oficialismo.
La más notoria es la que tuvo como protagonistas al jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, y a su compañero de bancada Oscar Parrilli, estrecho colaborador de la vicepresidenta que en ocasiones suele transmitir algunas de sus ideas.
Mayans generó un revuelo en las últimas horas por haber dicho que para lograr la "paz social" habría que "parar" el juicio por la causa Vialidad, que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner y un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos pendiente de resolución.
En medio del torrencial de críticas por parte de la oposición al senador peronista, Parrilli publicó un tuit en el que pareció desautorizar su opinión: "Para CFK solo Justicia. Sin paralizaciones, o injerencias extrañas. Y con jueces imparciales".
"Nadie habla por la vicepresidenta", repiten en el bloque de senadores. Sin embargo, la cercanía de Parrilli a Cristina Kirchner se presta para inferir que, al menos, tuvo un "ok" para salir a hacer esa aclaración, especialmente después de que fuera el mismo senador el que cerró el debate sobre un posible indulto presidencial para la dirigente, días atrás.
En aquel momento, luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera condena para la vicepresidenta, Parrilli publicó un tuit muy similar en el que afirmó que "para CFK, ni indulto ni amnistía: Justicia", el cual fue replicado por la misma vicepresidenta.
El plan de la oposición: Aníbal Fernández y una batalla sobre "discursos del odio"
El atentado contra la vicepresidenta también exhibió fisuras en Juntos por el Cambio, especialmente entre el PRO y la UCR, frente a la mejor manera de pararse ante un hecho que la mayoría repudió pero con reservas y desconfianza hacia el Frente de Todos y su reacción ante los "discursos de odio".
En ese contexto, la alianza opositora intentará actuar en coordinación sobre al menos dos puntos que consideran centrales para la puja que viene con el oficialismo, a pesar de que las tensiones internas se mantengan.
Por un lado, Juntos por el Cambio se mostrará unificado en el reclamo de que Aníbal Fernández brinde explicaciones ante el Congreso sobre "la actuación de la custodia" de la vicepresidenta y las medidas adoptadas luego del hecho, tanto para su protección como para facilitarle a la Justicia el esclarecimiento del hecho.
Por el otro, saldrá a confrontar en el plano discursivo las acusaciones del kirchnerismo respecto de lo que consideran "discursos de odio", así como cualquier vinculación que haga el Frente de Todos sobre la causa Vialidad y la conmoción generada por el atentado.
En Juntos por el Cambio se encendieron las alarmas por las declaraciones de Mayans y también por la idea que sugirió el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, en la sesión especial del último sábado para avanzar con un proyecto de ley que regule lo que consideran "discursos de odio" como se hizo, según afirmó, en otros países.
El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, advirtió que "desde el kirchnerismo están haciendo uso de forma lamentable y autoritaria de un hecho de suma gravedad institucional" para "avanzar" sobre "la libertad de expresión, la división de poderes y el libre ejercicio de los derechos políticos".
"Permitir que se avance en este sentido, es permitir que ocurra lo que pasa en Venezuela o Nicaragua", advirtió Ritondo y agregó: "Vamos a rechazar cualquier intento de avance por sobre la libertad de expresión venga de donde venga".