Lobby | Subsidios para el transporte público de todo el país: la primera "tormenta fiscal" para Massa
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Al designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Massa, le espera un tironeo millonario que se viene cocinando desde principios de año desde las entrañas de la Cámara de Diputados que condujo hasta esta semana: los subsidios para el transporte público en todo el país.
Hace 40 días, la Comisión de Transporte, liderada por el radical jujeño Jorge Rizzotti, concluyó un debate entre oficialistas y opositores, que consensuaron declarar la emergencia del sistema de transporte público automotor de todo el país para aumentar los subsidios para este año de 36.000 a 59.000 millones de pesos.
Al dictamen sólo le faltó la firma del bonaerense Florencio Randazzo para ser unánime y cerró un debate que llevó un mes e incluyó la presencia de distintos representantes del Ministerio de Transporte, aunque su titular, Alexis Guerrera, no estuvo presente. El texto no está en condiciones para llegar al recinto porque tiene que ser tramitado por la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller.
Entre la firma del dictamen y el presente el escenario interno del oficialismo ha cambiado por completo. La declaración de emergencia entusiasma a los gobernadores de todo pelaje pero fue firmada antes de la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía.
Tormenta fiscal para Massa: los subsidios al transporte público
Si antes de su portazo el aumento de los subsidios era un problema para el Palacio de Hacienda, ahora lo sigue siendo, pero el encargado de resolverlo será Massa y Guerrera, que dejará de ser ministro para transformarse en secretario porque su cartera será degradada y fusionada con Obras Públicas, que seguirá conduciendo Gabriel Katopodis.
El dictamen no tiene grandes misterios. Establece el aumento de 36.000 a 59.000 millones de pesos y establece la obligatoriedad del sistema SUBE para todas las provincias que quieran acceder al beneficio. En el Frente de Todos todos sus gobernadores esperan que la iniciativa prospere, pero ahora saben que Massa deberá aplicar el ajuste fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En Diputados y en el Ejecutivo, iProfesional pudo confirmar que ese proyecto entrará en crisis y posiblemente no prospere. Si continúa el giro que le falta en la Comisión de Presupuesto sufrirá cambios y desatará tormentas.
Los subsidios al transporte público y el futuro presupuesto
El oficialismo se prepara para evitar esas broncas y canalizarlas a partir del 15 de septiembre. Es la fecha límite para que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley del Presupuesto 2023, donde el frentetodismo deberá combinar el ajuste pactado con el Fondo y el financiamiento del Estado Nacional en un año electoral clave.
La frazada asoma demasiado corta para las cuentas públicas y especialmente para los cien primeros días de la gestión de Massa. En privado el tigrense pidió paciencia. Este miércoles cuando jure el cargo, anunciará las primeras medidas. Al jefe de Gabinete, Juan Manzur, le tocó anunciar el aumento del 40% en el boleto del Área Metropolitana de Buenos Aires y Massa tendrá la misión de reordenar la distribución de los subsidios al trasporte para provincias donde el boleto ya está entre los 80 y 100 pesos.
El designado ministro sabe que los gobernadores con los que habla a menudo no están dispuestos a seguir echando mano a sus fondos para compensar la ausencia de giros del Estado Nacional. Tanto peronistas como radicales insisten que existe una asimetría muy grande entre los fondos que van para la Ciudad y el Conurbano bonaerense y las demás provincias.
La situación actual
El AMBA, donde viven 14.000.000 de personas, recibe el 86% de los subdisios, con un boleto básico que aumentó de 18 a 22 pesos, mientras que las demás provincias del país reciben el 14% de los subsidios, con una población sensiblemente menor. Con esa ecuación en algunas provincias tienen un boleto inicial que va de los 30 a los 80 o 100 pesos, con empresas de transporte que están al borde de la quiebra o han sido estatizadas ante la emergencia. Una gran porción de ese universo cuenta con un parque automotor en mal estado. La vida útil de esos coches ya ha vencido, pero la emergencia que tiene dictamen en la Comisión de Transporte también busca extenderles la duración.
Sin esperanzas inmediatas en Diputados, para los gobernadores hay otro frente en el Senado. En esa cámara hay otro proyecto para cambiar por completo el sistema de redistribución de los subsidios. Como no incluye ningún cambio inmediato para el reparto de este año, ni declaración de emergencia alguna, no tiene agenda próxima de trabajo, pero podría ser parte de una discusión más profunda que podría canalizarse por una medida ejecutiva, por el Presupuesto 2023 o por una ley que comience por la Cámara Alta. Los gobernadores no son ajenos a los avances de la Comisión de Transporte, porque el radical Rizzotti responde al mandatario jujeño y titular de la UCR, Gerardo Morales.
La demora en el avance de ambos debates empieza a mostrar los otros contornos de la tormenta perfecta que se avecina. Este martes el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para el paro nocturno que decretó la Unión de Tranviarios Argentinos (UTA) para todo el país. La medida fue anunciada con un comunicado que luego fue desmentido por sus propios impulsores, pero reclama el adelantamiento de la paritaria y una suma fija para paliar los efectos de la inflación. La relación de las empresas con sus trabajadores es el otro de los aspectos de la crisis en desarrollo del sistema de transporte público que Massa deberá afrontar y sin más incentivos que ofrecerles.