Mientras se desarrolla el juicio en su contra, Cristina Kirchner avanza con una agenda que pone la mira en la Justicia

En paralelo a la presentación de los alegatos contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa judicial conocida como "Obra Pública", en la que según ya está "la sentencia firmada", el kirchnerismo se propone avanzar en el Senado con un cambio en las reglas para llamar a consulta popular a los fines de que la ciudadanía se exprese a favor o en contra de un proyecto de ley, que podría complementarse con la idea de impulsar reformas en el Poder Judicial.

El tema empezará a tratarse este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales que encabeza Guillermo Snopek (Frente de Todos) y gira en torno a tres proyectos de ley, dos de ellos presentados por los senadores Oscar Parrilli y Juliana di Tullio, respectivamente. Ambos integran el círculo más cercano a Cristina Kirchner.

Si bien los dos proyectos datan del año pasado, el kirchnerismo decidió ponerlos en agenda ahora. La idea de fondo es modificar la ley 25.432 que regula a la consulta popular, con una flexibilización de las condiciones para que un proyecto de ley sea sometido a consulta popular, cambios en la mayoría parlamentaria que se necesita para aprobar la convocatoria y habilitar que esta instancia pueda celebrarse el mismo día de elección nacional, ya sea legislativa o presidencial.

El debate sobre este tema apunta de manera velada a la posibilidad de "hacer en un futuro una consulta popular sobre proyectos de reforma de la Justicia o de la Corte", consideró una fuente del bloque oficialista consultada por iProfesional, aunque reiteró la ya conocida dificultad para que los proyectos que avanzan en el Senado sean aprobados como ley en Diputados.

La especulación sobre el supuesto "objetivo judicial" de modificar las reglas para la consulta popular surge del interés ya expresado por el oficialismo de reformar la Corte Suprema, en el marco de la disputa política sin tregua que tiene Cristina Kirchner con el Poder Judicial y de la dificultad que encontró para avanzar con el proyecto que propone modificar la integración del máximo tribunal.

La agenda de Cristina Kirchner: ¿de qué tratan los proyectos sobre consulta popular?

La iniciativa sobre consulta popular presentada por Parrilli modifica los criterios establecidos por la ley actual respecto de cuáles son los temas que pueden ser sometidos al voto de toda la población.

La normativa vigente establece que no pueden ser sometidos a consulta popular los proyectos de ley "cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional mediante la determinación de la cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación".

En tanto, el proyecto solo excluye las "reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y tratados internacionales". De esta forma, amplía el universo de proyectos que pueden someterse a consulta popular, incluidas las reformas del sistema judicial.

Por otra parte, la iniciativa de Parrilli señala que cuando el llamado a una consulta popular, ya sea vinculante o no, surja del Congreso (siempre debe ser a instancias de la Cámara de Diputados) podrá aprobarse con "mayoría de los miembros presentes" y no con "mayoría absoluta de los presentes" como establece la ley actual, dado que la "mayoría absoluta" permite interpretar que para aprobarla se requiere de la mitad más uno del total de la Cámara.

Uno de los puntos salientes del proyecto es que establece que "el día fijado para la realización de una consulta popular podrá coincidir con otro acto eleccionario", con lo que modifica el artículo 14 de la ley vigente que prohíbe expresamente esa coincidencia.

El proyecto de Di Tullio, en tanto, es mucho más acotado que el de Parrilli pero se centra en ese mismo cambio: que una consulta popular pueda celebrarse el mismo día que las elecciones nacionales. Además, esta otra iniciativa propone derogar el artículo de la ley sobre el plazo "no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria" para celebrar la consulta popular.

Pelea de fondo: ¿la mira puesta en reformar la Corte?

En caso de que el Congreso apruebe un cambio de este tipo a la Ley de Consulta Popular Vinculante y No Vinculante, el oficialismo podría someter a la consideración popular un tema como la reforma de la Corte Suprema si así lo deseara.

Días atrás, la tropa de senadores de Cristina Kirchner logró darle dictamen favorable de comisión al proyecto para llevar la cantidad de jueces de la Corte Suprema de 5 a 25, pero a último momento debió suspender la sesión en la que tenía prevista aprobarlo y girarlo a la Cámara de Diputados.

Como contó iProfesional, la bancada oficialista todavía no tiene los votos asegurados para avanzar con esa propuesta, que propone llevar la Corte de 5 a 25 jueces, a pesar de que no solo el kirchnerismo duro tiene interés en este tema, sino también el presidente Alberto Fernández y los gobernadores peronistas.

"Nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática", había expresado Fernández. El Presidente respaldó así las manifestaciones previas de Cristina Kirchner que, entre fuertes críticas a la Corte, señaló que la Justicia "ya tienen escrita y hasta firmada" la sentencia en su contra en la causa "Obra Pública" que la tiene como acusada.

Duro alegato contra Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública

Este lunes iniciaron los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, los cuales dejaron duras acusaciones contra la actual vicepresidenta.

El fiscal federal Diego Luciani afirmó que "al asumir Néstor Kirchner la Presidencia y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente haya conocido el país".

Luciani señaló al ex matrimonio presidencial y a su "amigo Lázaro Báez" como cabezas de esa estructura y remarcó que la fiscalía "tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares".

"Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes del estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos", agregó el fiscal federal en la primera jornada de alegatos.

Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el juicio que lleva adelante el TOF 2 están acusados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas y Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente.