Ley de Alquileres: la oposición busca los votos para su reforma mientras Inquilinos Agrupados lanza fuerte campaña en contra
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Luego de haber logrado unificar un proyecto de reforma de la Ley de Alquileres contrapuesto con el del oficialismo, los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados moderaron sus expectativas porque los números todavía no le cierran para avanzar. Para colmo, la organización Inquilinos Agrupados puso en marcha una campaña en redes sociales contra ese proyecto y convoca a una movilización al Congreso.
La semana pasada, en el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, las bancadas de Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y Provincias Unidas alcanzaron un dictamen de unidad que vuelve a los contratos de alquiler de 2 años y establece la posibilidad de que los ajustes sean trimestrales, semestrales o anuales, según acuerden las partes.
En el arco opositor reinaba el optimismo para avanzar con ese proyecto en los próximos días. Confiaban en reunir unos 130 votos para bloquear la iniciativa del oficialismo, que mantiene el marco normativo actual y solo se centra en los incentivos fiscales para alentar la oferta de alquileres, y aprobar el suyo. Sin embargo, todavía no tiene asegurado el consenso necesario.
Según indicaron fuentes del interbloque Juntos por el Cambio a iProfesional, temen que algunos de los diputados del Interbloque Federal y de Provincias Unidas se diferencien en el recinto al momento de la votación artículo por artículo y rechacen junto con el kirchnerismo el ajuste trimestral. "Saldríamos perdiendo y se supone que era una sesión para triunfar", deslizaron.
Por esa razón, la idea de pedir una sesión especial para tratar el proyecto la semana próxima, por el momento, se enfrió. Se trata de una cuestión netamente política: en Juntos por el Cambio, y particularmente en el PRO según supo este medio, no quieren que se repita la situación que vivió a fines del año pasado, cuando forzó un debate sobre cambios en el Impuesto a los Bienes personales pero el Frente de Todos le ganó la pulseada por la letra chica y le modificó el proyecto.
Ley de Alquileres: Inquilinos Agrupados marcha y "escracha" a la oposición para frenar su reforma
El clima alrededor del debate, además, se puso más denso por la ofensiva que lanzó la organización Inquilinos Agrupados que lidera Gervasio Muñoz, cercano al kirchnerismo. Críticos del proyecto opositor convocaron a una protesta frente Congreso para este miércoles a las 18:00 bajo el nombre de "Valijazo".
A ello le sumaron una campaña en redes sociales con "escraches" a diputados opositores con el fin de que no avancen con la reforma. En la cuenta oficial de Twitter, Inquilinos Agrupados apuntó primero a la radical Carla Carrizo: "Tiene vivienda en alquiler. Debería abstenerse de votar legislación en la que hay conflicto de intereses. ¿Lo hará?".
Seguidamente se refirieron al misionero Diego Sartori, del interbloque Provincias Unidas, al asegurar que "tiene unas cuantas viviendas en alquiler según su declaración jurada de 2020" y considerar que también "debería abstenerse de votar por conflicto de intereses y según la Ley de Ética Pública".
Antes, la entidad ya les había pedido a los diputados socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez, del Interbloque Federal, que "no den quórum para que se vote semejante barbaridad". El argumento, según expresó Inquilinos Agrupados, es que la reforma que impulsa la oposición fue hecha "a medida del mercado y la especulación inmobiliaria".
La pelea de fondo
Durante el extenso debate sobre la reforma de la Ley de Alquileres en las comisiones, los representantes de los colegios inmobiliarios insistieron en el reclamo de anular los dos puntos centrales de la Ley 27.551: los contratos de 3 años con ajuste anual determinado por el coeficiente entre la variación de la inflación y de los salarios.
Para este sector, esos dos puntos ocasionaron la disparada en los precios de los alquileres y la pronunciada falta de oferta, mientras que buena parte de las agrupaciones de inquilinos que participaron del debate de comisiones se expresaron a favor de esos dos puntos por entender que dan "previsibilidad" y criticaron al sector inmobiliario por "incumplir" la normativa vigente.
Esas diferencias se metieron en el debate entre los diputados, que a principios de mayo habían mostrado su voluntad de alcanzar un amplio consenso para mejorar la Ley de Alquileres. En ese contexto, oficialismo y oposición no lograron ponerse de acuerdo y quedaron con dos proyectos enfrentados.
El panorama se complicó para ambos espacios, dado que ninguno de los dos tiene asegurada la mayoría para aprobar su propuesta. La discusión en ese contexto se recalentó cuando el Frente de Todos le reprochó a Juntos por el Cambio y aliados no haber "escuchado la voz de los inquilinos". El futuro de la Ley de Alquileres sigue así envuelto en la incertidumbre.
Qué dice el proyecto de la oposición
La reforma que propone el arco opositor vuelve a los contratos de alquiler de 2 años, como funcionaba antes de que entrara en vigencia en 2020 la Ley 27.551. Ese será "el plazo mínimo legal" cuando no haya otro "expreso y determinado mayor", según el proyecto.
Respecto del ajuste, establece que "las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa" por intervalos de entre 3 y 12 meses. Los inquilinos y los propietarios podrán recurrir a índices oficiales para fijar el valor de continuidad del contrato si lo desean.
También propone "incentivos para incrementar la oferta" de viviendas para alquiler, bajo la condición de que sean contratos "debidamente registrados" ante la AFIP, con beneficios para monotributistas y exenciones del Impuesto a los Bienes Personales y a los débitos y créditos bancarios.
En este sentido, establece que queden exentas del Impuesto a los Bienes Personales las propiedades en alquiler cuando su valor sea de hasta $30.000.000, monto que se basa en el mínimo no imponible que establece la legislación actual sobre ese impuesto.
Por otra parte, exceptúa del impuesto a los débitos y créditos bancarios las cajas de ahorro y cuentas corrientes que sean utilizadas de forma exclusiva para el cobro del alquiler, dado que los inquilinos podrán pagar "por cheque o transferencia bancaria".
Además, para los pequeños contribuyentes que tengan propiedades en alquiler, la iniciativa elimina el límite de las 3 unidades de explotación para permanecer en el Régimen Simplificado y señala que las propiedades afectadas a esa actividad serán consideradas "como una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad".
De qué se trata el proyecto del oficialismo
La iniciativa del Frente de Todos establece "incentivos a la oferta de bienes inmuebles con destino habitacional", con el objetivo de solucionar con el problema de escasez de inmuebles en alquiler que remarcaron tanto el sector de las inmobiliarias como el de los inquilinos pero mantiene sin cambios el plazo de 3 años para los contratos y el ajuste anual indexado.
El proyecto exime del impuesto sobre Bienes Personales a los inmuebles en alquiler "con destino exclusivo a casa habitación", los cuales no estarán alcanzados cuando su valor sea de hasta $30.000.000, punto coincidente con el dictamen opositor porque también se basa en los montos de la ley que rige a este tributo.
También fija un beneficio para los pequeños contribuyentes que tengan inmuebles en alquiler para vivienda. El dictamen señala que podrán seguir en el Régimen Simplificado quienes "no posean más de tres (3) unidades de explotación, sin considerar a estos fines el caso de inmuebles que sean afectados a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia".
Por otra parte, incorpora a los inmuebles en alquiler a la ley de "Incentivo a la Construcción Federal". La idea es motivar las inversiones en refacciones de casas o departamentos usados que "sean afectados, por un plazo no inferior a 12 años, a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia".
Bancarización y prohibición de publicar en dólares
Uno de los puntos destacados del proyecto oficialista es que incorpora la obligación de que los contratos de alquiler con destino habitacional consignen "los datos bancarios necesarios de la parte locadora para recibir el pago del canon convenido por transferencia o depósito bancario".
Por otra parte, establece que "toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional" y prohíbe hacerlo en dólares. Esta situación había sido denunciada por las agrupaciones de inquilinos de distintas provincias.
En otro orden, el proyecto incorpora a la letra de la Ley de Alquileres que "en los contratos de locación de inmuebles con destino habitacional las cláusulas y contenidos contrarios o que vulneren las disposiciones de la presente ley, del Código Civil y Comercial y de las normas complementarias, se entenderán siempre de la forma más favorable a la parte locataria y esta tiene derecho a resolver el contrato sin abonar indemnización".