Juntos por el Cambio se sube a la pelea por los planes sociales: qué dice el proyecto para convertirlos en empleo
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La discusión que activó la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el destino de los planes sociales abrió el camino para que un sector de Juntos por el Cambio impulse un proyecto de ley que busca "reconvertir" esas prestaciones en empleo registrado genuino a través de una significativa reducción de las contribuciones patronales como incentivo para el sector privado.
Si bien el tema surgió por y para la dura pelea interna que mantiene Cristina Kirchner con el presidente Alberto Fernández, en el interbloque opositor de la Cámara de Diputados el bonaerense Emilio Monzó se hizo eco del planteo y presentó un proyecto que propone una rebaja del 100% de las contribuciones al sistema previsional por dos años.
La iniciativa está preparada desde hace un mes pero la pelea en el oficialismo les brindó la oportunidad de ponerla en marcha. Y si bien lleva la firma del bloque Encuentro Federal (que integran Monzó, Margarita Stolbizer, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya) el resto de Juntos por el Cambio, en principio, apoya la idea.
Así lo indicaron a iProfesional fuentes de la principal bancada opositora, que señalaron que "el proyecto recién está circulando entre los demás diputados, pero están de acuerdo con la idea, especialmente los ‘halcones’" del PRO identificados con Patricia Bullrich.
Pelea por los planes sociales: ¿qué propone Juntos por el Cambio?
El proyecto opositor apunta al programa Potenciar Trabajo, uno de los más importantes en el esquema de asistencia social del Estado, con más de 1,2 millones de beneficiarios. En ese sentido, apuesta a generar incentivos que fomenten la contratación bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado.
Para ello, el punto nodal del "Plan Nacional para la Inclusión Social y Laboral ‘MEJOR TRABAJO’" es que las empresas que contraten a personas beneficiarias del Potenciar Trabajo gozarán de una reducción del 100% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por un plazo de 24 meses contados desde el inicio de la relación laboral.
Asimismo, el programa que propone el proyecto "contempla el monto del plan social, suma equivalente a medio Salario Mínimo Vital y Móvil, como aporte del Estado por cada salario, durante 12 meses".
El proyecto aclara que para acceder a la reducción de las cargas patronales, será "condición que los y las empleadores aumenten la planta de personal con la que el emprendimiento contaba al momento de la promulgación de esta ley".
En el mismo artículo la iniciativa indica que los trabajadores de las empresas que ingresen a este plan "gozarán de todos los beneficios y servicios derivados de los aportes y contribuciones", y que las reducciones "no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la seguridad social desde el inicio de su relación laboral".
¿Qué deberán tener en cuenta los empleadores y los beneficiarios de planes?
Para acceder a la reducción de las cargas que plantea el "Plan Nacional para la Inclusión Social y Laboral" las empresas que contraten a personas que perciban el plan Potenciar Trabajo deberán cumplir una serie de condiciones, entre ellas, no registrar deudas de obligaciones previsionales.
Tampoco podrán estar incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y será un requisito que "no se le constate personal no registrado en períodos anteriores a la fecha en que las disposiciones de esta ley tengan efecto, o posteriores a dicha fecha".
Respecto de los titulares del plan Potenciar Trabajo que sean contratados por una empresa en el marco de este nuevo esquema, el proyecto establece que "podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorga dicho programa por un plazo máximo de hasta 12 meses".
En otro orden, el proyecto señala que la autoridad de aplicación de la ley serían el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y la AFIP, que tendrán entre otras funciones la de implementar acciones de capacitación laboral a los beneficiarios del plan para brindarles "la formación para el desarrollo de destrezas y habilidades técnicas en el marco de la demanda laboral".
Los argumentos detrás del proyecto
"Tenemos que debatir cómo damos trabajo a los argentinos, no quién maneja la caja de los planes", sostuvo Monzó, en referencia a la disputa entre Fernández y Cristina Kirchner, quien quiere quitarle a las agrupaciones sociales toda injerencia sobre la administración de estos programas y pasarlos a manos de los intendentes, lo que tensiona las relaciones con el "albertista" Movimiento Evita.
El ex presidente de la Cámara de Diputados durante la gestión de Mauricio Macri subrayó: "Hoy la discusión en torno a los planes sociales pasa por quién los maneja, cuando en realidad deberíamos darle a la gente las herramientas para que consiga trabajo genuino y deje de depender de los planes para poder vivir".
Monzó señaló que la protección social en la Argentina a través de programas como el "Potenciar Trabajo" es "una de las más importantes de la región y, sin embargo, ha demostrado ser insuficiente para resolver el problema de la pobreza".
Al respecto, explicó que "el Potenciar Trabajo tiene más de 1.200.000 titulares activos, pero, según datos del Ministerio de Desarrollo Social, apenas el 2% de esos beneficiarios pudieron acceder al régimen de ingreso protegido al empleo". Y agregó: "Necesitamos generar nuevas alternativas para ayudar a los argentinos a salir de la pobreza".
Guerra por los planes sociales en el oficialismo
Con su reclamo de que "la aplicación de políticas sociales deje de estar tercerizada" Cristina Kirchner puso en marcha un operativo que apunta por un lado a correr a las organizaciones sociales del manejo de los planes sociales para darle más control sobre ese tipo de asistencia a los intendentes.
El plan que empezó a desplegar la vicepresidenta consiste además en avanzar hacia un nuevo sistema de asistencia social que recoja el reclamo de establecer un "salario universal" planteado por casi todas las agrupaciones sociales y esbozado en un proyecto de ley que impulsan los diputados liderados por el dirigente Juan Grabois.
La idea afecta a las organizaciones que distribuyen esos planes, entre ellos el Movimiento Evita que lideran los actuales funcionarios Fernando "Chino" Navarro y Emilio Pérsico, ambos alineados con Alberto Fernández en la interna del Frente de Todos. La mala relación entre el kirchnerismo y ese movimiento viene desde 2017, cuando apoyaron la candidatura a senador de Florencio Randazzo contra la ex mandataria.
Por esa razón, ante las críticas de la vicepresidenta al presunto manejo que hacen esas agrupaciones de esos planes -donde incluyó irónicas alusiones al Movimiento Evita- el Presidente le respondió con una defensa de la tarea de "contención" que realizan las organizaciones.
Según se desprendió de la última conferencia de prensa que brindó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, el jefe de Estado es por el momento reticente a modificar todo el esquema de distribución de los planes que, en los hechos, está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
No obstante, el kirchnerismo insiste y la pelea de fondo es netamente política: Cristina Kirchner empieza con esta idea a alinear a los intendentes, expresión del poder territorial del peronismo, mientras Fernández trata de cuidar organizaciones como el Movimiento Evita que, en el marco de la crisis económica con la que debe lidiar el Gobierno, se convirtió en un garante de gobernabilidad en un aspecto siempre central para la política argentina: el "manejo de la calle".