Guerra por los planes sociales: ¿por qué hay plata que se queda "en el camino"?

La puja entre sectores piqueteros y dirigentes del Gobierno por el manejo de los planes sociales refleja hasta qué punto la transparencia en la plata destinada teóricamente a paliar la pobreza, en algunos casos cae en el agujero negro de la corrupción.

Sectores de partidos de izquierda, como el Polo Obrero, reconocieron cobrar un "peaje" del 2% a cada beneficiario de un plan social que opere dentro de su órbita. Se destinan a financiar tareas como las que se realizan en los merenderos, aseguran desde esa agrupación, pero las dudas sobre el destino real de esos fondos absorbidos son cada vez mayores.

Igual, lo que más genera tensión en el seno de las agrupaciones piqueteras es el novedoso avance de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre los planes sociales. El Gobierno ya decidió sacarle casi 180.000 planes a los piqueteros y se los traspasará a intendentes y gobernadores.

A la vicepresidenta ya no le alcanza con manejar cajas como la ANSES, el PAMI y Aerolíneas, quiere ir por más. Se estima que sobre el 70% del presupuesto público ya tiene injerencia la número dos del Gobierno.

Cristina Kirchner puso en el centro de la discusión la cuestión de los planes sociales.

Planes sociales: el albertismo cede a los reclamos de CFK

Ante el nuevo avance de Cristina Kirchner, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, decidió ceder 180 mil planes para que los manejen distintos gobiernos municipales y provinciales. 

Se trata de programas incluidos dentro del programa Potenciar Trabajo, una de las partidas centrales de Desarrollo Social, equivalente a un 15% del total de 1,2 millones de beneficiarios. El objetivo es revertir irregularidades dentro de las organizaciones sociales que ofician de intermediarias entre el Estado y el beneficiario. 

La decisión llega pocos días después de que se conociera que el Polo Obrero le cobra un 2% del ingreso que percibe cada uno de los beneficiarios que reporta a esa organización. 

Teniendo en cuenta que son $19.450 por mes, serían unos $390 que se les sacan a las 60.000 personas que cobran a través de la organización piquetera, unos $23,4 millones mensuales.

Dentro del enorme universo de planes, el Polo Obrero es uno de los que más recibe, al igual que Barrios de Pie, que cuenta con otros 60.000 beneficios.  Los jefes de ambos grupos son Eduardo Belliboni y Silvia Saravia, respectivamente, quienes volverán a reunirse con Zabaleta el jueves próximo en medio de negociaciones para aumentar los beneficios.

Alberto Fernández, otra vez obligado a reaccionar ante un planteo de su vicepresidenta.

Planes a municipios y gobernaciones

Desde la Casa Rosada destacan que entre los 177.000 beneficiarios que empezarán a percibir el Potenciar Trabajo directamente desde los municipios o las gobernaciones figuran aquellos que pidieron el cambio de Unidad Ejecutora, precisamente, por tener que pagar un porcentaje a intermediarios.

Igual, el presidente Alberto Fernández no estaría del todo conforme con la forma en que se administra el Potenciar Trabajo, un monumental programa de $227.000 millones anuales.

Ese programa lo controla el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, que viene siendo apuntado por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pérsico y Fernando "Chino" Navarro son dos funcionarios que vienen teniendo cortocircuitos con el kirchnerismo de paladar negro. Hay una puja de poder desatada entre el Evita y La Cámpora, con epicentro en la provincia de Buenos Aires, el distrito que Cristina pretende retener en el 2023 de la mano de Axel Kicillof.

El Evita es la organización que más planes administra, entre 100.000 y 150.000. Otros 60.000 cupos, además, los controla Somos Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, también alineado con el Evita dentro del albertismo.

Varios sectores piqueteros respondieron con dureza a los cuestionamientos de CFK.

Cristina "no entiende la pobreza"

Como había hecho Navarro, Pérsico también la cruzó a Cristina. "No entiende la pobreza", dijo de la vicepresidenta. 

Cristina viene sosteniendo las bondades de un proyecto de Juan Grabois que promueve la creación de un Salario Básico Universal, de unos $ 13.500. Cerca del ministro de Economía, Martín Guzmán, desconfían de la iniciativa.

Sería un tercio del valor actual del Salario Mínimo Vital y Móvil, que pasarían a cobrar siete millones de personas.

En lo que va del año el Potenciar Trabajo le demandó al Estado casi $ 150.000 millones, el 70% de los $ 227.000 millones que tiene estipulados para todo el año. 

Otros $ 30.000 millones irán para la Tarjeta Alimentar, la otra partida clave del ministerio, que depende de La Cámpora y administra la secretaria de Inclusión Social, Laura Valeria Alonso.

La plata de los planes sociales, un conflicto que persiste y complica a Alberto Fernández.

El reclamo de los intendentes

Varios intendentes del oficialismo y la oposición coincidieron en necesidad de eliminar la intermediación de las organizaciones sociales.

Coinciden con la vicepresidenta en que la aplicación de las políticas sociales no siga tercerizada.

Varios jefes comunales tienen propuestas para transformar los planes sociales en empleo y ponerlos a cargo de los municipios. Algunas de esas iniciativas prevén que los beneficiarios trabajen 20 horas semanales en su barrio a cambio de un plus municipal y una cobertura médica.

Otros jefes comunales que reclaman impulsar la transferencia del manejo de los planes sociales a municipios piden explorar alternativas como el salario universal o un seguro de desempleo. 

El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, dijo que es hora de debatir el salario universal y destacó que existe unanimidad entre los intendentes para descentralizar el control de los planes sociales en los municipios.

Los intendentes sostienen que los programas sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado, y destacan que el primer mostrador del Estado son los municipios. También afirman que la descentralización permitirá mejorar los municipios y articular mejor las tareas con los vecinos.

Consideran que Desarrollo Social debe girar las partidas a los municipios con la nómina de beneficiarios y las intendencias deben asignarle una tarea, controlar el presentismo y el cumplimiento efectivo de las actividades, con un esquema de incentivos que permitan poco a poco mejorar la situación laboral de cada trabajador.