Lobby | Las próximas batallas de la guerra por la ley de alquileres: ¿puede haber veto presidencial?
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Según la hoja de ruta que manejan en el oficialismo y la oposición, esta semana volverán a debatir una reforma de la ley de Alquileres. Han pasado 40 días desde que los espacios opositores amagaron con votar un emplazamiento y finalmente forzaron la constitución de la Comisión de Legislación General para iniciar un debate que lleva un mes de silencio. Este próximo miércoles concluiría el hiato en un plenario conjunto con la comisión de Presupuesto, pero a los cambios para la ley 27.551 todavía le queda un largo trecho cargado de interrogantes.
El tratamiento para la semana que viene ya tiene fecha. Será el miércoles próximo, dentro de un debate que también incluirá el debate de otras iniciativas, como la creación del Fondo Nacional para pagarle al FMI y modificaciones a la ley del Impuesto sobre los Bienes Personales. Al parecer el capítulo dedicado a la Ley de Alquileres será breve pero intenso, porque a la par de los tiempos formales avanza una discreta negociación en los espacios opositores para unificar los dos dictámenes que tienen.
En el interbloque de JxC pasaron de la ofensiva de derogar la ley de Alquileres, con un duro discurso que comenzó en la campaña electoral del año pasado, a una versión edulcorada de ese objetivo que ahora no busca anular la norma, pero dejar la menor cantidad de vestigios posibles. Para eso contarán con el apoyo de la diputada del bloque Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, que también impulsa otro alternativo con varias similitudes comunes.
Tal como contó iProfesional, si unen los dos textos avanzarán con un dictamen que implicará reducir el plazo del contrato de tres a dos años y habilitar la actualización cada seis meses entre inquilinos y dueños.
¿Qué espera el oficialismo?
En el oficialismo dicen que están preparados para esa posibilidad y buscan sumar apoyos para la iniciativa que pudieron consensuar entre todas las tribus del FdT. Fue luego de un largo debate interno para poder llegar a una posición común, a pesar de la posición del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que se muestra en privado muy poco predispuesto a hacer cumplir la ley y las pocas veces que habló al respecto dijo que prefería que cada provincia tuviera su propia legislación al respecto.
A pesar de esa posición, muy cuestionada dentro del oficialismo, la iniciativa del FdT busca mejorar la ley pero no ceder ante los dos planteos más ambiciosos del mercado inmobiliario. Mantiene los tres años y la actualización anual, pero impulsa una serie de incentivos para influir en la oferta enfocados en el Impuesto a los Bienes Personales.
El más importante establece una exención para el propietario que alquile su posesión "con destino exclusivo a casa habitación" y el monto del alquiler sea de un millón de pesos menos.
Las expectativas de la oposición
En el horizonte de JxC la perspectiva es muy distinta a la que tenían el año pasado, cuando estaban muy concentrados en la derogación total. Hasta hace tres meses esperaban que un sector del oficialismo se plegara a la derogación, pero en los dos bloques mayoritarios comenzaron a darse cuenta de que se habían metido en un berenjenal cuando escucharon a los más de 130 expositores invitados a Legislación General para exponer sus puntos de vista. Cuando terminó esa ronda, que llevó tres semanas de extensión, los legisladores y legisladoras de todo pelaje se ampararon en la cautela. Ya no prima el fervor por defenestrar la ley 27.551 sino el temor de dar un paso en falso y que los cambios profundicen la situación del sector.
El contrapunto que se viene será entre dos dictámenes y no tres, porque en JxC dan casi por sentado que unificarán su dictamen con Camaño. Del otro lado estará la iniciativa oficialista que podría ser de minoría. Si bien no hay fecha para que llegue al recinto, en el FdT no arriesgan fecha pero admiten que resta un extenso camino para que eso suceda porque siguen buscando formas para evitar que la oposición vuelva a hacer una demostración de fuerza y reuna los votos suficientes para tener quórum y votar el dictamen opositor.
La alternativa entusiasma a las autoridades parlamentarias de la oposición porque vienen de aprobar la boleta única de papel con 132 votos. Creen que tendrían el mismo número para los cambios de la ley 27.551 y apuntan a lograrlo para contener las presiones del sector inmobiliario que les sigue reclamando una respuesta paliativa luego de verificar que no hay chances de que prospere la derogación.
Sin fecha para llegar al recinto hay otros dos nubarrones en el horizonte. Si prospera el eventual texto opositor será girado al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría en las dos comisiones que intervendrán en el trámite. Parte de las negociaciones que se tejen ahora en Diputados también están apuntadas a la Cámara alta, porque es posible que cuando comience ese camino los representantes del FdT buscarán invitar más expositores en un eventual plenario de comisiones donde existen amplias chances de sumar más cambios que lo devuelvan en revisión a la Cámara baja.
¿Habrá veto presidencial?
Otra posibilidad, según elucubran en el oficialismo, es que no prospere el dictamen opositor en Diputados y que quede fortalecido el texto del FdT, una posibilidad que dependerá exclusivamente de los bloques provinciales que, por ahora, están más involucrados en la iniciativa de JxC. Si ese respaldo se confirma en el recinto, será el Senado el escenario de las nuevas batallas para que la reforma sea transformada en ley.
Así como hay pocas precisiones sobre la votación que podría suceder en Diputados crecen los interrogantes sobre el desenlace que tendrá en el Senado, donde originalmente fue aprobado el texto originario de la ley vigente impulsado por la senadora oficialista María Eugenia Duré.
Con ese antecedente el camino por la Cámara alta no será fácil y podría incluir un largo trámite que lo devolvería a Diputados.
Si pasa lo contrario y prospera la ofensiva opositora la decisión final quedará en la lapicera del presidente Alberto Fernández, que podría reglamentarla parcialmente para limitar su alcance o, en su defecto, vetarla.
Esa posibilidad configura el premio consuelo de JxC porque un eventual veto le permitiría a la oposición redoblar sus críticas contra el Gobierno, acusar al jefe de Estado de un vetador serial y demostrarle al lobby inmobiliario que hicieron todo lo posible para cumplir con sus demandas. La correlación interna del recinto ya les demostró que las promesas que vertieron en campaña no las podrán cumplir y que ahora no les queda otra que reducir daños para evitar que la aventura salga peor.