La presión piquetera obliga al Gobierno a adelantarse a los reclamos: ahora promete más ayuda social

En su versión original, la marcha piquetera de tres jornadas había sido pensada como una "bienvenida" para los funcionarios del Fondo Monetario Internacional que esta semana están haciendo su primera auditoría del "stand by", para ver si los números de la economía están en línea con lo que el Gobierno había prometido.

Las organizaciones sociales más combativas y menos alineadas con la línea oficial -lideradas por el Polo Obrero, de Eduardo Belliboni-, que ya habían ocupado un lugar central en la agenda nacional con su impactante "acampe" masivo en la avenida 9 de Julio, decidieron ahora una movilización que fuera al mismo tiempo una demostración de convocatoria para el Gobierno y un mensaje al staff del FMI.

Prometieron movilizar 300.000 personas desde Jujuy hasta la plaza de Mayo.

Los planes originales quedaron algo alterados, porque finalmente la auditoría del Fondo no será presencial sino vía zoom con los funcionarios del equipo de Martín Guzmán y del Banco Central. Para el Gobierno, esa situación conlleva algo de alivio, dado que la imagen de los "auditores" del Fondo arribando a Ezeiza, rodeados de una muchedumbre de movileros de los canales de noticias era una de las pesadillas, tanto de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner.

Pero, claro, eso no significa que la marcha piquetera pierda su impacto, ni en la opinión pública ni en el propio FMI, que está bien al tanto de la controversia política generada tras la firma del acuerdo de renegociación de la deuda.

Lo cierto es que el "timing" político de esta protesta no podría haber sido mejor elegido: no solamente coincide con la revisión del FMI, sino también con las audiencias públicas que se están desarrollando para determinar la suba segmentada de las tarifas públicas, un tema hipersensible que está en el eje de la pelea interna de la coalición gubernamental.

El Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, lidera la protesta para visibilizar la situación de los desocupados, justo en una semana de decisiones de política económica

Y, para completar, el jueves, cuando se produzca la llegada de los manifestantes a la Ciudad de Buenos Aires -los organizadores estiman en 100.000 la cantidad de personas que se concentrarán en Plaza de Mayo-, no será cualquier jornada: estará recién salido del horno el dato de la inflación de abril, que el Gobierno sabe será otro shock para la opinión pública.

El indicador, que probablemente se ubicará en torno a 6%, dará mayor fuerza al reclamo que desde hace semanas vienen realizando las organizaciones sociales para un refuerzo en los planes de asistencia. De hecho, el pasado 1° de Mayo, hasta en el propio acto de "piqueteros oficialistas" de apoyo a Alberto Fernández, se advirtió con claridad que con el reciente bono extraordinario de $18.000, "no alcanza".

Guzmán y el kirchnerismo se adelantan a la protesta

Una primera consecuencia de la presión que están realizando estas organizaciones es el reposicionamiento al que se vieron obligados todos los actores políticos. Empezando por el propio Martín Guzmán, que aceptó que el incremento de 45% gradual para el salario mínimo que se había anunciado a fines de marzo ya quedó superado por la realidad.

Guzmán insinuó en una entrevista radial que aceptará que se adelante la velocidad de ese esquema de aumentos, para que la suma de $47.850, originalmente prevista para diciembre, ya pueda ser percibida en agosto, y que luego se dé un incremento adicional.

De hecho, si la inflación toma a partir de mayo una velocidad crucero de 4,5% mensual, como prevé la mayoría de los economistas, entonces la inflación acumulada de 45% ya se cumplirá en agosto.

Con ese anuncio, Guzmán espera resolver dos problemas: el primero, claro, dar respuesta a un reclamo piquetero cuya legitimidad, a esta altura, resulta indiscutible. El salario mínimo es la referencia con la que se fijan las ayudas sociales, incluyendo a las de mayor alcance, como la Asignación Universal por Hijo y el plan Potenciar Trabajo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, comunicó su decisión de adelantar la suba del salario mínimo, que impacta sobre los planes sociales

Este último está en el centro de los reclamos. El Polo Obrero planteó que se debe eliminar el "cupo" de 1,2 millón de beneficiarios, que impuso el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y que la nómina debe duplicarse.

Pero, sobre todo, se cuestionaba lo exiguo del plan, equivalente a medio salario mínimo. Un hogar en el que se cobren dos Potenciar Trabajo, no llega hoy a cubrir la mitad de una canasta familiar básica, cuyo valor subió a $89.690. Y la proyección es que, para fin de año, si no se acelera el esquema de aumentos del salario mínimo, esa cobertura será inferior aun.

Pero, además, Guzmán espera, con ese anuncio, contestar a la ofensiva del kirchnerismo, que se ha reflejado en el apoyo de Cristina Kirchner a las paritarias que están firmando por encima del 60%, como ocurrió la semana pasada con el gremio bancario.

En esa oportunidad, la vice felicitó a la cúpula sindical por haber logrado el aumento tras un conflicto que incluyó un paro y en el que el sindicato La Bancaria acusó al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, de estar favoreciendo la postura de los bancos.

Luego, como para reforzar esa postura, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que venía negociando con los gremios públicos paritarias en torno del 45% anual, anunció que se revisarán los acuerdos para llevarlos al nivel de 60%.

La incomodidad de la CGT y los piqueteros oficialistas

Ese reposicionamiento político al que está forzando la protesta piquetera se hace cada vez más evidente. Hoy el kirchnerismo se muestra más proclive a hacer suya la demanda -ya expresada el año pasado en el acto por el día de San Cayetano-, de sustituir los planes de asistencia por un plan de creación de "trabajos genuinos" que implique el pago de un salario universal.

Ese es otro punto en el cual la coalición de gobierno tiene una fisura interna, al menos mientras no haya una situación fiscal más despejada que permita implementar un nuevo esquema asistencial sin que ello implique vulnerar le meta de un déficit de 2,5% del PBI, que Guzmán defiende a ultranza.

Pero las dirigencias políticas no son las únicas que aparecen interpeladas por la movilización piquetera. Hay otros actores que se sienten incómodos por esta masiva presencia callejera. En primer lugar, la cúpula de la CGT, que mantiene un alineamiento con Alberto Fernández y prefiere cultivar un bajo perfil, al punto que el 1° de Mayo ni siquiera realizó una concentración, en un hecho inédito para la mayor central sindical.

En cambio, Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato de la CGT, le dio el escenario de su sindicato de Sanidad para que Alberto Fernández contestara a las críticas de Cristina Kirchner. Fue allí que el Presidente dijo que él "nunca se había hecho el distraído ante problemas como la pobreza", en una clara alusión al ocultamiento de datos estadísticos que se habían producido en la gestión de Cristina.

Pero también en esa alianza sindical hay señales de agotamiento, y la presión piquetera no es ajena a la situación.

Después de apoyar la tesis del ministro Claudio Moroni, en el sentido de que las paritarias deben seguir siendo el pilar de la política de ingresos, con el argumento de que "cada organización sindical, por rama de actividad, conoce mejor que nadie las necesidades de sus trabajadores y las posibilidades empresarias de su sector", la CGT está ahora revisando su postura. Ante la presión de las bases y de los sindicatos afines al kirchnerismo, está considerando sumarse al pedido por un aumento salarial por decreto.

Héctor Daer, principal dirigente de la CGT, bajo presión de los piqueteros y sindicatos afines al kirchnerismo, para adoptar una postura más combativa ante la crisis económica

También la marcha piquetera supone una situación incómoda para los "piqueteros oficialistas" y, en particular, aquellas organizaciones que, al decir de Belliboni, "están de los dos lados del mostrador". Se refería específicamente a Emilio Pérsico -del Movimiento Evita- y Daniel Menéndez -de Barrios de Pie-, que ocupan cargos en el ministerio de Desarrollo Social.

Durante el reciente acampe en las puertas del histórico edificio que tiene en sus paredes las gigantografías de Eva Perón, quedó en evidencia esa "grieta piquetera", cuando Belliboni invitó a las bases de esos movimientos a plegarse al reclamo, en abierto desafío a los piqueteros funcionarios.

Negociando para evitar el caos

Finalmente, las jornadas de protesta están también creándole un dolor de cabeza a una de las figuras "presidenciables" de la oposición: el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El ingreso de 100.000 personas que marcharán desde el puente Pueyrredón y se unirán a columnas provenientes de Once, Retiro, Constitución y Liniers, para confluir en la plaza de Mayo conlleva el riesgo del caos de tránsito, un tema que trae problemas no sólo de logística sino también de índole política.

Rodríguez Larreta había quedado en medio de una controversia porque, después de haber propuesto que se les retirara el pago de planes sociales a quienes cortan el tránsito, no sólo permitió la realización del "tractorazo" sino que hasta se hizo presente para expresar su apoyo a la causa de los productores rurales. Esto le valió críticas por una postura desigual ante dos situaciones de protesta.

Ahora, para evitar que se produjeran críticas desde ambos lados del arco político, el jefe de gobierno porteño negoció una coordinación con los piqueteros, de forma tal que el jueves no se transforme en una jornada caótica y que las marchas no hagan colapsar el tránsito.

Lo cierto es que los piqueteros, decididos a visibilizar la situación de los millones de marginados del sistema laboral, están llevando la protesta al epicentro del país, en la plaza de Mayo. Paradójicamente, quien escuchará los reclamos más de lejos será el propio inquilino de la Casa Rosada, Alberto Fernández, que eligió esta semana complicada para realizar su gira europea.