Pulseada por Ley de Alquileres: qué cambios clave tensan el debate y demoran el dictamen en Diputados
El tratamiento de las modificaciones a la Ley de Alquileres continúa en la Cámara de Diputados con exposiciones de distintos actores del rubro, pero en las últimas horas empezaron a surgir dudas sobre cuándo se firmará el dictamen para votar en el recinto, un trámite que estaba previsto para esta semana pero que podría demorarse.
A fines de marzo, el oficialismo y la oposición habían acordado un cronograma según el cual este 26 y 27 de abril los diputados que integran la Comisión de Legislación General discutirían los detalles de la norma, con el fin de firmar un dictamen, en lo posible consensuado. Sin embargo, esto cambió en las últimas horas.
Tras escuchar a más de un centenar de representantes de cámaras inmobiliarias y agrupaciones de inquilinos, la comisión volverá a tener este martes una reunión informativa y se evalúa postergar el debate final para la semana próxima, según indicaron a iProfesional fuentes parlamentarias. En ese contexto, surgió del oficialismo una sugerencia para esperar los resultados del Censo 2022.
En medio de una crisis de oferta de alquileres para vivienda y de fuerte suba de precios, durante las últimas reuniones surgieron diferencias entre los corredores y buena parte de los inquilinos que dificultan un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para modificar la ley 27.551. El eje de la discusión está en la duración de los contratos (hoy de tres años) y el ajuste anual por el promedio entre la variación de la inflación (IPC) y los salarios (Ripte).
¿El Censo 2022 puede demorar la nueva Ley de Alquileres?
Por estos días se desarrolla de manera digital el Censo 2022, que concluirá el 18 de mayo con la visita de los censistas a los hogares. Este hecho podría tener algún impacto en el debate que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, debido a la información que el estudio proporciona sobre las condiciones de vivienda de los ciudadanos.
El diputado José Luis Gioja, autor de uno de los muchos proyectos presentados sobre la Ley de Alquileres, puso de relieve la complejidad del debate en torno a los cambios que habría que hacer y subrayó que "para terminar de tener una idea de la magnitud del problema hacen falta muchos datos".
"El Censo nos va a aportar muchísimos datos que necesitamos para esto, cuántas son las familias que alquilan, cuántos los comercios, ahí vamos a ver la magnitud del problema", indicó Gioja en declaraciones a Diputados TV y agregó: "Los apuros en este tema tampoco sirven".
Gioja reconoció que hay "posiciones incompatibles" en el debate entre los diputados y recordó que "originariamente Juntos por el Cambio quería una sesión especial para derogar la ley". Al respecto, consideró que "no se puede porque (la ley vigente) fija pautas" y que "si se deja libre, la ley del gallinero empieza a regir".
Los detalles más discutidos de la ley y expectativa en los bloques
Este martes la Comisión de Legislación General vuelve a recibir a representantes de los distintos sectores relacionados al mercado de alquileres, principalmente de las provincias y vinculados con defensorías de consumidores. Por el momento no está definida una nueva reunión para el día siguiente.
Según supo iProfesional, tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio definirían en el transcurso de esta semana la postura que llevarán al debate de comisión de cara a la firma del dictamen. La posibilidad de que no haya consenso y se firmen dos despachos diferentes no está descartada.
Durante las reuniones informativas los propietarios y corredores inmobiliarios insistieron en que se debe reducir el plazo de los contratos de tres a dos años -como era antes de la ley- y eliminar el índice de ajuste anual, mientras que muchos de los representantes de inquilinos se expresaron a favor del plazo de tres años y defendieron en buena medida la ley vigente.
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio se hicieron eco de ese contrapunto. El interbloque opositor había presionado con el pedido para derogar la norma, por lo que se inclina más por eliminar esos dos puntos clave, mientras que en el oficialismo se oponen a esa alternativa. De todos modos, tampoco hay todavía una postura unificada al interior de cada espacio.
El problema que encaran tanto el oficialismo como la oposición en este debate es que ambos se comprometieron a brindar soluciones para el tema de los alquileres pero ninguno tiene mayoría suficiente para avanzar con una iniciativa propia, ya sea para cambiar o derogar la norma vigente. Esto los obliga a encontrar algún punto de acuerdo.
Las diferencias entre oficialismo y oposición
Según un relevamiento hecho por la agrupación Inquilinos Rosario, hay 27 proyectos de ley referidos a los alquileres en debate, seis de ellos presentados este año y 21 correspondientes al anterior, tanto por el oficialismo como por la oposición.
En el Frente de Todos, Gioja presentó una iniciativa que mantiene la fórmula de ajuste indexado y establece topes: un límite del 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto por la ley para la renovación y del 20% adicional para el precio inicial del alquiler, al tiempo que abre la puerta a la eventual creación de un impuesto a la vivienda ociosa.
Su compañera de bloque Gisela Marziotta presentó otro proyecto para crear una Cámara Nacional de Alquileres integrada por todas las partes del sector y el Estado y la suspensión de los aumentos previstos hasta que entre en vigencia la nueva ley.
Dentro de Juntos por el Cambio, hay una iniciativa de Cristian Ritondo y Álvaro González junto a otros legisladores que propone que en los contratos "el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre los cuales pueden realizarse ajustes pactados de común acuerdo entre las partes".
Por su parte, Alberto Asseff presentó un proyecto que también apunta a los acuerdos entre partes y agrega un procedimiento de desalojo abreviado e incentivos fiscales para locadores El diputado explicó que apunta a la "libertad de contratación y el equilibrio de mercado" y a facilitar "la contratación y el entendimiento entre las partes".