Debate por la Ley de Alquileres en Diputados: ¿cuál es el contrapunto entre inmobiliarias e inquilinos?

La Cámara de Diputados continúa con las reuniones informativas en torno a la Ley de Alquileres y se encamina a definir la semana próxima el dictamen para modificar la normativa con dos temas centrales: la duración de los contratos y el ajuste del precio. Sin embargo, estos dos aspectos generan controversia entre inquilinos e inmobiliarias.

La Comisión de Legislación General que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos) empezó la semana pasada a escuchar a representantes de los distintos sectores involucrados. En esa primera ronda predominó la presencia de colegios inmobiliarios y martilleros, mientras que el último martes tuvieron mayor participación las agrupaciones de inquilinos.

Después de la reunión de este miércoles, los diputados que integran la comisión se preparan para el debate definitivo que tendrá lugar el 26 y 27 de abril. La idea es que de allí surja el dictamen que se votará en el recinto a la semana siguiente y que hará cambios a la Ley 27.551.

A pesar de la voluntad compartida para encontrar una solución a los problemas que generó la norma en el mercado de alquileres, fuentes del oficialismo indicaron a iProfesional que todavía no arribaron a un acuerdo con la oposición en torno al nuevo proyecto que, según el plazo acordado entre ambos espacios, debería tratarse en la primera semana de mayo.

La discusión sobre la nueva Ley de Alquileres pasa por el plazo de los contratos y la fórmula de ajuste

¿Cuáles son las diferencias en torno a la nueva Ley de Alquileres que surgieron en Diputados? 

Según indicaron a iProfesional en la comisión, hay una coincidencia parcial respecto de revisar el plazo de tres años que se estableció para los contratos y el sistema de actualización, que contempla un aumento anual en base a un índice que combina la variación de los salarios y la inflación.

Pero en la última reunión se dio un contrapunto entre el sector de las inmobiliarias y el de los inquilinos sobre esos aspectos de la ley, principalmente en la duración de los contratos. A grandes rasgos, los corredores pidieron volver al plazo de dos años y las agrupaciones de inquilinos mantener el de tres.

Esto profundiza la discusión entre los diputados del oficialismo y de la oposición, que tienen varios proyectos presentados para modificar la norma y que se habían trazado el objetivo de alcanzar un consenso para evitar que, como ocurrió con otros temas en la Cámara baja, el proyecto de reforma se trabe.

Ese fue el espíritu del acuerdo que alcanzaron el mes pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de bloque del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, conscientes de que nadie tiene mayoría para aprobar una iniciativa propia y, por lo tanto, es necesario un acuerdo.

Debate en comisión: ¿qué dijeron los inquilinos?

En la reunión del último martes la Comisión de Legislación General recibió a 30 expositores de los cuales la mitad fueron representantes de los inquilinos de distintas provincias del país. Buena parte de ellos se expresó a favor de la ley vigente y advirtieron que el problema es que no se cumple, mientras que los propietarios y corredores inmobiliarios insistieron en que se debe reducir el plazo de los contratos y desindexar el ajuste, al tiempo que alertaron sobre el retiro de inmuebles del mercado.

Varias entidades de inquilinos se expresaron en contra de volver al plazo de dos años

Federico Prior, de Inquilinos Neuquén, sostuvo que la problemática en torrno a los alquileres "es nacional" pero tiene "distintas características" según la región y la provincia. En la suya, según dijo, hay "contratos cortos, en dólares, que lo que hace es expulsar a familias inquilinas del lugar".

Tras afirmar que la ley sancionada en 2020 fijó "una base de regulación para un mercado totalmente desregulado", consideró que sería un "retroceso total" volver a los contratos de dos años y dejar los ajustes sin índice de referencia.

A su turno, Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, criticó el "latiguillo de que la Ley de Alquileres no funcionó" y afirmó que "lo que no se está analizando es el incumplimiento de la ley". Según evaluó, se necesita "un órgano de control que garantice el cumplimiento" de la norma.

Por su parte, Julián Corvaglia, de la Federación Nacional de Inquilinos, también defendió el plazo de tres años por considerar que "les da a los inquilinos seguridad jurídica". Además sostuvo que con la normativa actual "se anula la sobreestimación de la inflación".

Quien se diferenció fue Exequiel Vergara, de la Asociación Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino, que criticó los plazos de tres años de los contratos porque "en la práctica lo que hace es que se retiren viviendas". Y respecto del ajuste, subrayó: "En la economía más inflacionaria del mundo no sé a quién se le puede ocurrir atarlo a índices".

Las inmobilirias insistieron en que la ley generó un retiro de propiedades

¿Cuál fue la postura de las inmobiliarias?

En representación del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, Andrés Gariboldi sostuvo que "la reforma de la Ley de Alquileres no soluciona en forma integral la problemática de la vivienda" en la Argentina pero la situación requiere tomar "medidas de corto plazo". En ese sentido, abogó por la "reducción del plazo del contrato de 36 a 24 meses" y "un escalonamiento dentro de las locaciones" porque "no hay ningún producto ni ningún servicio en la República Argentina que se actualice una sola vez al año". 

Por su parte, Javier Grandinetti, del Consejo Consultivo de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, sostuvo que la elaboración de la ley vigente "no tuvo un buen diagnóstico". Al respecto, evaluó que "se hizo una lectura rápida de que el problema estaba en el canon locativo y no en la situación económica que le quitaba capacidad de pago al inquilino", al tiempo que advirtió por una "crisis de pagos real" que se ve en la inmobiliarias.

Además, reclamó una segmentación del mercado de los alquileres al remarcar que "no es lo mismo un departamento en Puerto Madero que un alquiler social".

Por su parte, Virginia Manzotti, de la misma entidad, advirtió que debido a la Ley de Alquileres "se han retirado más del 35% de los inmuebles residenciales en la oferta inmobiliaria".

En tanto, Andres Brody, de la Cámara Empresaria del Desarrollo Urbano – CEDU, insitió en que hay una falta de oferta y explicó que se debe a que "el sector hoy no tiene renta, de hecho la renta es negativa". Y agregó: "Lo que hay que hacer es volver a seducir a los propietarios, para que quieran volver a poner sus propiedades en alquiler, y en definitiva los únicos beneficiarios de ese procesos van a ser los inquilinos".