Secreto bancario y fiscal: qué puede cambiar con el proyecto de CFK que ya empieza a tratar el Senado
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El kirchnerismo avanza en el Senado con el proyecto para modificar el secreto bancario, fiscal y bursátil, con el cual quiere autorizar al Congreso, a la Jefatura de Gabinete y a los organismos con injerencia en los precios de luz y gas a pedir informes a las entidades financieras, para facilitar el hallazgo de bienes sin declarar en el exterior.
La iniciativa se trata este miércoles en el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, junto con la que plantea un blanqueo de capitales no declarados mediante un "aporte especial" en dólares del 20% para pagarle al FMI. Ambas fueron impulsadas por los senadores más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La idea central del proyecto, pensado como una herramienta para la aplicación del "aporte especial", es ampliar las excepciones al mantenimiento del secreto y la prohibición de revelar operaciones que rige en el mercado de capitales y en el sistema bancario, entre otras entidades.
En esa lista de exceptuados están los informes requeridos por jueces, el Banco Central y los organismos recaudadores de impuestos. Con este proyecto se les sumarían las solicitudes que hagan los fiscales, el jefe de Gabinete, la Comisión Bicameral de Deuda Externa del Congreso.
Uno de los puntos más llamativos es que la iniciativa del kirchnerismo también quiere autorizar la entrega de información bancaria, bursátil y fiscal cuando sea requerida por los entes nacionales reguladores de la electricidad (ENRE) y del gas (ENARGAS). Esto se plantea en medio de los cuestionamientos del kirchnerismo al retiro de subsidios y suba de tarifas que instrumenta el Ministerio de Economía.
¿Cómo quedaría el secreto bancario según el proyecto de Cristina Kirchner?
El proyecto introduce cambios en la Ley de Entidades Financieras (21.526), la de Mercado de Capitales (26.831) y la de Procedimiento Fiscal (11.683) como había anticipado iProfesional y en todos los casos modifica las reglas del secreto.
En la Ley de Entidades Financieras modifica el artículo 39, que establece que las entidades como los bancos comerciales, de inversión e hipotecarios, compañías financieras y cajas de crédito "no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen".
Según la ley "solo se exceptúan de tal deber los informes que requieran" los jueces en causas judiciales, el Banco Central, los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales o las propias entidades para casos especiales, siempre con recaudos y condiciones específicas.
El proyecto incorpora en ese mismo párrafo al jefe de Gabinete de Ministros; la Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior; el ENRE; el ENARGAS y "todos los entes u organismos oficiales que tengan injerencia en la autorización y determinación de precios regulados, siempre que las informaciones respectivas estén vinculadas con el análisis y estudio de las tarifas o precios".
Además, agrega a la redacción actual una obligación que hoy no tiene, al indicar que "los informes requeridos deberán ser suministrados en un plazo no mayor a 10 días", con una prórroga de 10 más, "no pudiendo oponer el secreto bancario ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad".
¿Qué pasaría con el secreto fiscal y bursátil?
El proyecto del kirchnerismo modifica el artículo 27 de la Ley de Mercado de Capitales que regula las condiciones para el "levantamiento del secreto". Al igual que en el caso anterior, establece allí que las "restricciones y limitaciones" no regirán para esas instituciones y organismos públicos e imponen el mismo plazo de 10 días con un máximo de 20.
En tanto, en la Ley de Procedimiento Fiscal incorpora a esos actores como sujetos "obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones", respecto de las "declaraciones juradas, manifestaciones e informes que responsables o terceros presentan" ante la AFIP.
Todos estos cambios apuntan a darle vigencia a la figura del "colaborador" que crea el proyecto para gravar los bienes no declarados en el exterior. El objetivo es que tanto personas físicas como jurídicas puedan brindar información sobre capitales fugados al extranjero, por una recompensa equivalente al 30% de lo recaudado.
La senadora Juliana di Tullio, una de las impulsoras del proyecto, había adelantado que buscarían cambio en el secreto bancario y fiscal para poder activar legalmente ese mecanismo, en caso de que ambos proyecto se aprueben en el Senado y luego en Diputados.
El interbloque de Juntos por el Cambio ya anticipó su rechazo al calificar al proyecto central como "un blanqueo encubierto disfrazado de populismo". Además, dentro del bloque del Frente de Todos hay senadores que no comprometieron todavía su apoyo, como el entrerriano Edgardo Kueider y el correntino Carlos "Camau" Espínola, que piden cambios a la redacción.