Consejo de la Magistratura: ¿qué pasa si se traba la reforma que debate el Congreso?
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El Consejo de la Magistratura, órgano encargado de seleccionar a los candidatos a jueces y disciplinar a los magistrados, atraviesa por un proceso de reforma a cargo del Congreso que, si se traba y no se resuelve para el 15 de abril, puede dejar al Poder Judicial con numerosas vacantes al impedir nuevas designaciones y abrir además un conflicto político entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia.
El Senado tiene previsto votar entre miércoles y jueves el proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo, que lleva la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura de 13 a 17. En el Frente de Todos confían en aprobarlo con el apoyo de los independientes Alberto Weretilneck (Río Negro) y Magdalena Solari (Misiones).
Sin embargo, fuentes parlamentarias deslizaron a iProfesional que el proyecto podría tener complicaciones en la Cámara baja, debido a la paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Además, las cuestiones internas de cada espacio llevaron a que todavía no haya acuerdo si quiera para constituir las comisiones.
La modificación del organismo fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia a través del fallo del 16 de diciembre del año pasado, que declaró inconstitucional la ley de 2006 escrita por la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. Esa norma redujo la cantidad de miembros de 19 a 13 y le quitó al máximo tribunal la presidencia del organismo. Ahora, para la Corte esa integración no respeta el equilibrio entre los estamentos de los jueces, abogados, sector académico y la política.
Por ello, el tribunal que preside Horacio Rosatti exhortó al Congreso a sancionar una nueva ley en un plazo de 120 días y señaló que si eso no ocurre las decisiones posteriores del organismo serán consideradas nulas y el Consejo deberá arbitrar los medios para volver a la configuración original de 20 miembros, con el presidente de la Corte como titular.
¿Qué pasa si se traba la reforma del Consejo de la Magistratura?
Las dudas en torno a la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados en el plazo que dispuso la Corte pone en jaque al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que además de iniciar el trámite para elegir nuevos jueces administra los recursos del Poder Judicial.
Si su composición no se modifica por ley para el 15 de abril sus decisiones serán nulas y esto implica entre otras cosas que ya no podría llevar adelante los concursos para cubrir vacantes en la Justicia.
Y es que el organismo es el encargado de armar las ternas de candidatos, de las cuales el Poder Ejecutivo selecciona luego a un aspirante y envía su pliego al Senado para que lo designe oficialmente como juez.
Además, las asociaciones de jueces y de abogados se verán obligadas a organizar elecciones internas para designar nuevos representantes en el Consejo, a fin de cumplir con la orden de retomar la composición de 20 miembros. Este proceso ya generó quejas por parte de los colegios profesionales, que consideraron muy ajustado el plazo que fijó el máximo tribunal.
El conflicto entre el Gobierno y la Corte
La posibilidad de que la Corte Suprema pase a controlar el Consejo de la Magistratura espanta al Frente de Todos. En un contexto de pésima relación entre el Gobierno y el tribunal, el ministro de Justicia, Martín Soria, acusó a los supremos de querer "meterse por la ventana" en el organismo, dado que "la Constitución en ningún lugar establece que tiene que ser el presidente de la Corte quien presida, al mismo tiempo, el Consejo".
Días atrás, la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, una de las espadas más afiladas de Cristina Kirchner en el Congreso, consideró que el fallo del máximo tribunal "roza el golpe institucional". En términos generales, el oficialismo critica la decisión porque plantea restituir "una ley ya derogada" al volver a la integración original.
Evitar que Rosatti encabece el Consejo se convirtió en un objetivo que unificó al oficialismo a pesar de la tensión entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Solo por esa razón el bloque oficialista del Senado decidió avanzar rápidamente con el proyecto que envió el Gobierno y que mantiene a la Corte afuera del organismo.
Con el objetivo de aprobarlo esta semana, el oficialismo negocia principalmente con el rionegrino Alberto Weretilneck, quien junto a la misionera Magdalena Solari le permitirían llegar a la mayoría de 37 votos.
Weretilneck, quien presentó una iniciativa propia que permite el regreso del máximo tribunal a la presidencia del organismo, pero con una rotación entre sus jueces. Sin embargo, durante el debate puso más énfasis en lograr una representación más federal en el organismo. En ese contexto, el Frente de Todos evalúa hacer cambios al proyecto del Gobierno para acordar con el rionegrino y garantizar su aprobación.
El Consejo actual y las propuestas de reforma
Desde 2006, el organismo está integrado por tres jueces del Poder Judicial de la Nación; seis legisladores (tres senadores y tres diputados, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría); dos representantes de los abogados; un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico.
La iniciativa del Poder Ejecutivo amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo, al sumar un juez, dos abogados y un representante académico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.
En tanto, el proyecto unificado que presentó Juntos por el Cambio propone una integración similar a la original de 20 miembros y le devuelve al presidente de la Corte la presidencia del Consejo. Además del titular del máximo tribunal, se sumarían un juez, dos abogados, dos legisladores (uno por el Senado y uno por Diputados) y un representante del ámbito académico.
La coincidencia entre ese proyecto y el fallo de la Corte Suprema respecto de la vuelta del presidente del máximo tribunal al organismo alentó especulaciones en el Frente de Todos sobre un posible trabajo en conjunto, lo cual le dio una motivación adicional al oficialismo para moverse rápido en un contexto en el que no tiene mayoría propia.