López Murphy y la deuda: del guiño silencioso para el Gobierno, al debate por las facultades del Congreso

Ricardo López Murphy anticipó la posición que adoptará cuando se siente en su banca de la Cámara de Diputados para tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dará quórum pero votará en contra. La decisión de primerear su voto también encierra una señal para el oficialismo en un momento donde crecen las incógnitas sobre el futuro de la renegociación de la deuda de 44.000 millones que pidió Mauricio Macri en 2018.

El exministro de la Alianza buscó ser preciso, pero lo logró a medias. Aseguró que no iba a votar la carta de intención que enviará el Ejecutivo. El planteo desató todo tipo de lecturas y se concretó la semana pasada, en medio de una nueva tormenta de especulaciones sobre las chances que tendrá el Frente de Todos para reunir los votos necesarios. 

Según supo iProfesional, en la movida hay una recomendación para el Gobierno, cuando ya comenzó la cuenta regresiva para evitar el default. El pulso concluye el 22 de marzo. Ese día vence el próximo pago de 3.200 millones de dólares. Sólo una parte de los 19.000 millones que Argentina debe afrontar este año. Para el país es una cifra más grande que las reservas actuales del Banco Central. 

El "bulldog" considera que el margen de acción del Poder Legislativo está claramente delimitado por el alcance la ley 27.612 de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó en 2020 y fue sancionada el 11 de febrero de 2021, hace un año y diez días. López Murphy considera que el Congreso tiene una facultad muy específica: aprobar o desaprobar el financiamiento de esa deuda, es decir, el monto y el plazo. 

Qué dice la carta de intención

La carta de intención, dicen cerca del ex ministro, contendrá los términos de la política económica que aplicará el Gobierno para cumplir con las metas pactadas con el Fondo. Ese punto, para el diputado de Republicanos Unidos, no forma parte de las facultades del Congreso que prevé la ley 27.612. El planteo, según explican en Juntos por el Cambio, abrió una chance a la Casa Rosada para que mande a las dos cámaras el monto y el plazo del acuerdo. De ese modo evitaría meter en el debate legislativo los alcances del ajuste que se está negociando con Washington. 

Sus principales aspectos se conocieron este lunes, con la publicación del borrador del Memorando de política económica y financiera donde el Gobierno argentino acepta una serie de ajustes más profundos que los conocidos hasta ahora. 

Los alcances del documento fueron revelados por el periodista Sebastián Premici en el diario Buenos Aires Económico y en el portal El Cohete a la Luna. El anticipo marcó una inflexión para el hermetismo que cruza a la interna oficialista, pero también reflejó que la hoja de ruta del futuro cogobierno con el staff del FMI pasará indefectiblemente por el cedazo del Congreso. 

"El problema es que en el oficialismo hay grandes diferencias sobre el acuerdo, y creemos que Guzmán habla de endosar la carta de intención como una forma de mostrarle todo el acuerdo al sector del Frente de Todos que se opone abiertamente", confiaron en el entorno del economista ultraliberal con pasado radical. Según ese razonamiento, el jefe del Palacio de Hacienda quiere meter la carta de intención como una forma de garantizar que ese texto sea estudiado por los miembros del Frente de Todos que ya plantearon su oposición, liderados por el ex titular del bloque, Máximo Kirchner. 

Impacto en Juntos por el Cambio

Cuando el diputado ventiló su posición, el mayor impacto no ocurrió en el oficialismo, sino en las 116 voluntades de Juntos por el Cambio en la Cámara baja. La mayoría de sus integrantes daba por hecho que la ley 27.612 establecía el análisis de la carta de intención. 

Desde esa perspectiva, la decisión de López Murphy fue leída como una forma de arrastrar a todo el espacio a una rotunda negativa. Frente a ese estado asambleario, el ex ministro de la Alianza aclaró su posición esta semana: "Somos una república presidencialista, en consecuencia, la política económica es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso tiene responsabilidad en autorizar el endeudamiento, es decir, el financiamiento. Por ende, no tiene responsabilidad de dirigir la política económica". 

Con ese argumento el ex ministro considera que ni el Senado ni Diputados votarán a favor o en contra del acuerdo, sino que deberán pronunciarse sobre la autorización para el financiamiento. "Ha habido un intento de confundir las cosas. En una República presidencialista el Gobierno es el responsable de la política económica", completó. 

Hasta ahora el planteo común de Juntos por el Cambio es dar quórum y acompañar el plazo y los montos. Ese gesto puede diluirse si se activa la bomba de relojería que puso la Mesa Nacional de JxC. 

Acuerdo con el FMI: ¿Se vota?

Los socios del espacio opositor anticiparon que no votarán nada si el acuerdo incluye aumentos de impuestos o de tarifas, una forma de obturar cualquier intento del oficialismo por implementar una política tributaria que implique nuevos gravámenes, como una nueva edición del impuesto a las grandes fortunas o aumentos en Bienes Personales. 

La movida tiene una naturaleza electoral, pero al mismo tiempo condiciona su respaldo en el Congreso siempre y cuando el Gobierno se comprometa a ajustar sin creatividad tributaria. Ese camino le podría sumar votos a la eventual aprobación del pacto, pero transforma a los próximos dos años del gobierno del Frente de Todos en una pendiente declinante que dañará seriamente sus chances electorales en 2023.