Sube el colectivo y Larreta juega la carta de la "victimización": ¿estrategia de doble filo?
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Horacio Rodríguez Larreta está en su salsa: desde hace dos años, cada vez que tuvo peleas públicas con el Gobierno, su imagen se fortaleció, su visibilidad a nivel nacional aumentó y su liderazgo dentro del espacio opositor se consolidó. Ahora, con el diferendo en torno a los subsidios del transporte colectivo, otra vez se muestra como víctima de la discriminación del peronismo.
Y la controversia sobre quién se hará cargo de los $13.000 millones que gasta el Estado en subsidios a 32 líneas de colectivos porteños llegó en un momento clave: justo cuando la imagen de Rodríguez Larreta comenzaba a acusar cierto desgaste, al tiempo que subía la de otras figuras del espacio opositor que cultivan un perfil "duro", como Patricia Bullrich.
De hecho, la última encuesta de D’Alessio Berensztein marca que la ex ministra de Seguridad tiene un 55% de aprobación, contra un 44% del jefe de gobierno porteño.
Es en esa circunstancia que el renovado diferendo por los recursos con el Gobierno nacional aparece como una nueva oportunidad política. Y Rodríguez Larreta no está dispuesto a desaprovecharla: habló de "embate del Gobierno contra la ciudad" y de "un avance contra contra la autonomía". Pero, al mismo tiempo, ratificó su perfil abierto al diálogo y reclamó que este tipo de medidas sólo pueden ser adoptadas tras una coordinación, como condición para no ser inconstitucionales.
El objetivo de Rodríguez Larreta es tomar esta pelea política como una reedición de lo ocurrido en septiembre de 2020, cuando se benefició por el "favor involuntario" que le hizo Alberto Fernández al recortarle a la Ciudad un punto en el reparto de la coparticipación de impuestos.
En aquel momento, los politólogos diagnosticaron que el conflicto por los recursos lo "empoderaba" y que lo ponía directamente en la carrera presidencial. Aquella había sido una ocasión para que el jefe de gobierno recordara que la Ciudad no sólo daba servicios a los porteños sino que también miles de habitantes de la provincia de Buenos Aires acudían a sus hospitales y escuelas.
Es decir, le sirvió a Rodríguez Larreta para realizar una crítica indirecta a la gestión de Axel Kicillof, que en ese entonces se veía desbordado de problemas, desde la huelga policial hasta las ocupaciones masivas de terrenos. Tanto fue así que su imagen creció en el conurbano bonaerense, generando el terreno favorable para que en las legislativas plantara una bandera en la provincia con la candidatura de su segundo, Diego Santilli.
Estrategia de doble filo
Sin embargo, en este nuevo contexto la estrategia de la victimización puede convertirse en un arma de doble filo.
Para empezar, el conflicto por el transporte pone al jefe de gobierno porteño ante la disyuntiva de absorber el costo financiero del recorte o de convalidar una suba en el precio del boleto. Y en cualquier caso habrá costos políticos a pagar.
La alternativa de subir impuestos para compensar, que fue lo que hizo Rodríguez Larreta en 2020 como respuesta al recorte de la coparticipación, ya no parece viable. Primero, porque después de haber implementado un nuevo impuesto a los sellos para las compras con tarjetas de crédito y de haber eliminado una exención a las operaciones con Leliq, se generaron protestas y, en el actual contexto de inflación, no parece haber margen para otras medidas de ese tipo.
Además, la argumentación de hoy sería mucho menos fuerte: cuando se recortó el punto de coparticipación, eso implicó un golpe que equivalía al recorte del 13% del presupuesto porteño. En cambio, el traslado del subsidio para los colectivos implica apenas 1,3% de los ingresos previstos en la caja de la Ciudad.
Ante esa situación, si Rodríguez Larreta deja subir el precio -que es la situación que él agita como consecuencia inevitable del nuevo "embate"-, nada le asegura que los usuarios perjudicados por el aumento lo consideren inocente de la situación y asignen toda la responsabilidad al Gobierno nacional.
Ya desde que le recortaron el punto de coparticipación, desde la Casa Rosada se está insinuando que la Ciudad tiene muchos gastos superfluos. "La Ciudad tiene muchos lugares donde puede corregir gastos que pueden esperar. Puede llevar este problema sin ningún inconveniente", había planteado Alberto Fernández en ese momento, siguiendo su línea discursiva sobre los privilegios de los que gozaba la "opulenta Buenos Aires" en contraposición a dura realidad de las provincias.
Esa frase implica todo un diagnóstico por parte del Presidente: el hecho de contar con un presupuesto de $944.000 millones y ser el distrito más rico del país lo pone en situación de poder perder recursos sin que eso genere más complicación que recortar gastos superfluos.
En palabras de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti: "Sería importante que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no defienda la autonomía solamente cuando se trata de los beneficios, sino que la defienda también cuando se trata de las responsabilidades".
Ese debate sobre el uso de los recursos se ha profundizado, por ejemplos en situaciones como la reclasificación urbanística para privatizar y edificar en espacios públicos como Costa Salguero. La oposición kirchnerista en la Ciudad ha combatido el argumento de la necesidad de fondos con argumentos que, irónicamente, se parecen a los que el macrismo le enrostra al peronismo a nivel nacional: es decir, que hay un exceso de gasto político.
De manera que si Rodríguez Larreta decide subir el precio del boleto y culpar al Gobierno nacional, estará metiéndose en un debate en el que lo forzarán a explicar sobre el gasto en publicidad, en espectáculos públicos, en medios de comunicación, en arreglos de parques y otros rubros considerados no prioritarios.
Privilegios difíciles de defender
Pero los riesgos políticos de Rodríguez Larreta no se terminan en el esperable enojo de los usuarios de colectivos en la Ciudad. Ocurre que esta situación lo sorprende justo cuando está poniendo en marcha una campaña de presencia nacional que lo llevó a recorrer provincias, para apoyar su candidatura presidencial de 2023.
Es así que este verano ha realizado visitas a Córdoba y Mar del Plata, mientras sus aliados en las provincias donde ganó la oposición tratan de fortalecer el armado del aparato electoral.
Esa estrategia de nacionalizar su figura lo obliga a mostrarse empático con las quejas de las provincias, algo que puede entrar en colisión con su defensa a ultranza de los derechos porteños.
El caso del transporte colectivo es emblemático sobre la discriminación que sienten los habitantes del interior. El boleto cuesta $59 en grandes ciudades ciudades como Rosario, Córdoba y Mar del Plata. Es decir, el triple de lo que vale en el distrito más rico del país.
Rodríguez Larreta tendrá que apelar a una gran habilidad discursiva para que, en medio de su pelea con el Gobierno nacional, su posición no parezca una justificación a esa diferencia con las provincias.
De hecho, ya hubo planteos en ese sentido, como el del gobernador santafecino, Omar Perotti, quien sostuvo: "Es necesario encontrar equilibrios en el transporte. Es muy difícil explicarle a un trabajador de Rosario, Santa Fe o Córdoba, que su pasaje cuesta mucho más que en CABA. Afrontar el tema con equidad y una visión federal potenciará a la producción y el trabajo en el interior".
Del mismo modo, las críticas del jefe de gobierno a la zonificación de Buenos Aires para el recorte de los subsidios energéticos también son un arma de doble filo. Vistas desde provincias que pagan facturas de luz y gas mucho más caras que en la Capital, esa queja puede interpretarse como una voluntad de defender privilegios de vecinos de barrios como Palermo y Belgrano en detrimento de provincias de bajos ingresos como Chaco.
Y es una postura en la que coinciden economistas habitualmente críticos del Gobierno. Por caso, Jorge Colina, presidente de Idesa, argumenta: "El Estado nacional termina financiando, con fondos federales, subsidios a los servicios públicos que deberían ser financiados por la CABA y la provincia de Buenos Aires en el Conurbano. Un avance ordenador clave es trasladar estas competencias a estas dos jurisdicciones y ellas decidir si mantienen los subsidios y, de hacerlo, financiarlos con sus propios recursos".
Entre el presupuesto y el relato
Lo irónico de esta situación es que, en realidad, la Ciudad se encuentra en "modo austeridad" desde el inicio de la pandemia. El presupuesto del 2021 fue apenas 33% más que el del año anterior, cuando la inflación del período fue de 51%.
Y, para este año, el aumento nominal del gasto se proyecta en 40%, cuando el consenso de los economistas prevé que la inflación se ubicará en torno del 55%.
Pero si algo quedó en claro desde que Rodríguez Larreta convive con un gobierno peronista es que el presupuesto porteño dejó de ser objeto de análisis técnico para transformarse en un escenario de debate político.
Nadie lo había insinuado con más claridad que Cristina Kirchner, desde el día en que acompañó la asunción de Fernando Espinoza como intendente en La Matanza, que hacía pocos días había sufrido una de sus tradicionales inundaciones.
"Hay una asignación de recursos muy desigual, profundamente injusta e inequitativa. Desde hace tiempo, la Capital concentró riquezas postergando al resto de la periferia", había dicho la vicepresidenta, dejando en claro la línea discursiva: si hay problemas en el conurbano es porque alguien se queda con los recursos que le corresponderían si hubiese justicia en el reparto.
Así, apuntó claramente contra el gobierno porteño, porque en la Ciudad, "hasta los árboles tienen luz y agua, te rompen la vereda y ponen baldosas más brillantes; mientras, en el conurbano tenemos a los bonaerenses chapateando en agua y barro".
En definitiva, como tantas otras veces, quién emerja como el ganador de la batalla entre Rodríguez Larreta y el Gobierno nacional no será solamente una cuestión de recursos financieros y planteos judiciales, sino, sobre todo, de un choque de "relatos".