La estrategia del Gobierno post Presupuesto: victimización, acusación de sabotaje y "apriete" a las provincias
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Sin presupuesto, pero con "relato" reforzado: esa es la situación del Gobierno el día después de haber sufrido el rechazo del Congreso, y las señales políticas de los principales referentes dejan entrever que no es una situación incómoda desde el punto de vista estratégico.
Después de todo, el rechazo al presupuesto de Martín Guzmán le permite a la coalición gubernamental un uso mucho más discrecional de los recursos tributarios que el que le criticaba la oposición. Y, a juzgar por las declaraciones de Kristalina Georgieva, este revés parlamentario no pondrá en riesgo la negociación para una refinanciación con el Fondo Monetario Internacional.
En cambio, sí le permite retomar el discurso sobre un "golpe blando" que se organiza desde la oposición en confabulación con las grandes empresas, consistente en un ahogo financiero al Gobierno y una presión para la devaluación.
Es un discurso que ya había sido explicitado durante la campaña electoral y que ahora, con la oposición haciendo valer por primera vez su mayoría en el Congreso, aparece reforzado por parte de políticos y medios de comunicación afines al kirchnerismo.
De hecho, hasta se llegó a la acusación directa sobre un sabotaje al acuerdo con el FMI. El objeto de ese señalamiento es el diputado Luciano Laspina, una de las figuras destacadas en la bancada legislativa del PRO y miembro de la comisión de presupuesto.
La acusación surgió de Máximo Kirchner: "El que suele ser miembro informante de los temas económicos en Juntos por el Cambio fue a Estados Unidos a hablar con el FMI pésimamente de las posibilidades de Argentina", dijo el diputado. E inmediatamente los medios afines al kirchnerismo plantearon un paralelo entre esta situación y el consejo que, en 1988, el entonces diputado Domingo Cavallo había dado al FMI en el sentido de que no tenía sentido seguir financiando al gobierno de Raúl Alfonsín.
Laspina se limitó a negar la existencia de esa reunión, aunque no abundó en mayores explicaciones respecto de por qué el diputado Kirchner había realizado la acusación.
En cambio, criticó que el Gobierno "se victimice" y recordó que en diciembre de 2019 Alberto Fernández había decidido no tratar el presupuesto 2020 y prefirió prorrogar el vigente, a la espera de cerrar la negociación con los bonistas. Y se pregunta si habría sido conveniente repetir esa actitud hasta cerrar el acuerdo con el FMI.
Curiosamente, esa parece ser la actitud que tomará el Gobierno, dado que ha dejado trascender que en marzo habrá un nuevo proyecto de presupuesto, cuando presuntamente ya se haya alcanzado un acuerdo con el organismo de crédito.
Acusaciones y un mensaje para la UCR
Pero, en el mientras tanto, el kirchnerismo decidió poner en práctica, una vez más, una de las estrategias que le ha dado mejor resultado a lo largo de su historia: transformar las derrotas políticas en un motivo para renovar la mística militante y darle un nuevo sentido al "relato" de la confrontación entre las fuerzas del campo popular y las que defienden a los "intereses concentrados".
Mientras los políticos opositores siguen celebrando su victoria parlamentaria y los analistas políticos siguen discutiendo si el rechazo al presupuesto 2022 fue producto de una torpeza política del diputado Máximo Kirchner o si, en realidad, se trató de una estrategia deliberada desde un inicio, la nueva estrategia del kirchnerismo ya está en marcha.
Para empezar, la acusación sobre el diputado Laspina es grave. Y cuando más pasen los días sin una respuesta oficial, el efecto será el de una amplificación de la sospecha.
La realidad es que el rechazo al presupuesto tiene una muy baja incidencia sobre la negociación con el FMI, según admitió el mismísimo Alberto Fernández después de hablar con Kristalina Georgieva. "Conversamos sobre seguir cumpliendo todos los pasos. Con lo cual, el paso por Presupuesto démoslo por salteado. Usaremos el Presupuesto del año anterior, adecuaremos lo necesario para que la administración funcione y lo que está en obra empiece a hacerse", dijo el mandatario en una entrevista concedida a Perfil.
Días antes, había recordado que Cristina Kirchner había vivido una situación similar en 2010, pero que eso no le resultó impedimento para seguir adelante con la gestión, al punto que un año después resultó reelecta por amplia mayoría.
Sin embargo, el discurso que se ha amplificado entre los principales referentes K es que, sin presupuesto, el Gobierno se expone a una mayor debilidad política, a una inestabilidad financiera, a un ahogo en la consecución de recursos fiscales y a una mayor dificultad para arreglar con el Fondo.
La mención a un sabotaje del acuerdo y el paralelismo con la situación vivida por Alfonsín retoma, además, una estrategia que el Gobierno ha venido insinuando desde el momento en que Alberto Fernández hizo un llamado al diálogo, pero sólo a la "oposición responsable" y dejó explícitamente fuera al sector macrista.
Es decir, una estrategia consistente en buscar una fisura entre la Unión Cívica Radical y la "oposición dura". El recuerdo de lo ocurrido en 1988 va en línea, además, con el llamamiento "a ver si se espabilan" que hizo Cristina Kirchner en su discurso del 10 de diciembre, cuando les recordó a los militantes de la UCR que los dos presidentes de su partido habían sufrido la desestabilización en medio de discusiones con el FMI.
El llamamiento a la "resistencia"
Claro que, antes que a la oposición, el mensaje de la estrategia de victimización está dirigida a la propia base militante, a la que se hace un llamamiento a la movilización para resistir los presuntos intentos desestabilizadores.
Varios analistas políticos influyentes en el kirchnerismo, a los que la propia Cristina suele citar y recomendar la lectura de sus artículos, han hecho referencia al rechazo del presupuesto como parte de un plan opositor para debilitar al Gobierno y arrastrarlo a una turbulencia cambiaria.
También advirtieron que, luego de haber probado su fuerza como nueva mayoría en el Congreso, los opositores intentarían reformas para restar derechos a los trabajadores en el ámbito de la legislación laboral.
Y no faltaron las lecturas que marcaron la coincidencia entre el rechazo al presupuesto y la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de cambiar la composición del Consejo de la Magistratura. Desde el punto de vista del kirchnerismo, ambas situaciones forman parte de una misma estrategia de avanzada de los poderes Legislativo y Judicial sobre el Ejecutivo para debilitarlo.
Es en ese contexto que los referentes del kirchnerismo están advirtiendo al Gobierno que la única defensa que tendrá a su disposición será una radicalización en sus políticas, de manera de posibilitar una movilización popular de su base militante, que ponga de manifiesto en la calle el apoyo del proyecto político del Frente de Todos.
Lo más curioso de la situación es que los economistas del kirchnerismo son los primeros en admitir que, lejos de perder margen de acción, la consecuencia de haber tenido un rechazo del presupuesto será la de ganar una mayor capacidad de gasto discrecional. Es decir, de asignar los recursos tributarios por decisión propia, sin necesidad de una aprobación expresa por parte del Congreso.
Hablando en plata, hay economistas que calcularon que, con una inflación de 52% anual, los recursos tributarios le permitirían hasta dos puntos del PBI para gastar discrecionalmente, en relación con el ajuste fiscal que potencialmente podría realizarse. Esto implica u$s9.000 millones.
La advertencia a las provincias
Hay, finalmente, otro destinatario del nuevo mensaje del Gobierno: las autoridades de las provincias, siempre pendientes de los recursos que le pueda enviar la Casa Rosada para la realización de obras públicas.
Ya durante el debate parlamentario, varios diputados oficialistas habían dejado en claro que las proyecciones macroeconómicas que se le cuestionaban al proyecto de Guzmán no eran lo más importante, sino que había que focalizarse en las mejoras previstas para las gobernaciones provinciales.
De hecho, en plena discusión sobre el presupuesto, se agregaron 56 artículos que supusieron otros $180.000 millones sin financiamiento. Esto ocurría en el marco del tradicional operativo de seducción a los gobernadores, con promesas de subsidios para el transporte y avances en los planes de obras.
Lo cierto es que ahora, cuando el Gobierno se ve amenazado por una nueva iniciativa opositora, como la suba en el mínimo no imponible para la recaudación del impuesto a los Bienes Personales, se ha reforzado el mensaje a las gobernaciones provinciales.
Quien tomó a su cargo esa función fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien publicó una estimación de los fondos que se ponen en riesgo para las provincias.
"A partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá llevar adelante el PEN, entiendo que el Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia", avisó Massa. El informe cuantifica en $180.000 millones los fondos que ahora no estarán disponibles, por concepto de coparticipación y por menor recaudación en los impuestos a Ganancias y a Bienes Personales.
Advierte, además, sobre menores fondos compensadores para subsidiar costos de transporte, un tema sensible para los gobernadores.
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El mensaje entrelíneas, naturalmente, era el de que empieza ahora una nueva fase de negociación entre cada provincia y el Presidente, y en el cual el test para la aprobación de gastos se definirá en el apoyo parlamentario que cada gobernador pueda garantizar.