¿Falta de fondos o mala gestión?: el crimen de Ramos Mejía recalienta el debate por los recursos
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El terremoto político causado por el crimen de Roberto Sabo, el kioskero de Ramos Mejía y la posterior reacción popular no se agota en el debate sobre la delincuencia y si hay que afiliarse al "garantismo" o a la "mano dura". Acaso mucho más incómodo para el Gobierno, la crisis lo pone en la situación de tener que dar explicaciones sobre el uso de los recursos.
Es por ello que quedó en el ojo de la tormenta el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien en este año sub-ejecutó el presupuesto –un pecado imperdonable para los parámetros del kirchnerismo, que asocia la austeridad a una política antipopular-.
Espinoza, según denunció la oposición, lleva apenas ejecutado un 55% de los recursos para seguridad, una situación que contrasta con los aumentos salariales otorgados a los empleados del municipio. En tanto, el intendente mantiene una suma que según la oposición macrista asciende a $14.000 millones, en plazos fijos del banco Provincia.
Pero hay otros heridos por este episodio. Sobre todo, el gobernador Axel Kicillof, que en este momento sufre su peor nivel de aprobación de gestión. Una reciente encuesta de la consultora CB indica que tiene un 52,9% de imagen negativa, lo cual lo transforma en el segundo gobernador peor ubicado del ranking, superado por la santacruceña Alicia Kirchner.
Entre el tironeo presupuestario y la guerra de estadísticas
Kicillof ha sido beneficiado desde el inicio de la gestión por diversos gestos de "reparación histórica" que implicaron mayores recursos para obras y mejora en los servicios. Sobre todo, causó polémica nacional el punto de coparticipación que se le quitó a la Ciudad de Buenos Aires para otorgárselo a la provincia, que sufría una crisis de magnitud por la huelga de policías en reclamo de mejoras salariales.
No fue casual, por lo tanto, que tras la conmoción por el crimen de Ramos Mejía, los funcionarios bonaerenses, empezando por el ministro de seguridad, Sergio Berni, se hayan visto en la obligación de explicar cómo esos recursos extra efectivamente habían sido utilizados para una mejora en la seguridad.
Berni destacó que se compraron en la provincia más de 2.600 móviles, de los cuales La Matanza recibió 250. De hecho, una de las frases con las que se defendió de las acusaciones fue que en la cuadra del kiosko donde ocurrió el crimen de Sabo, "habían pasado tres patrulleros en 15 minutos".
Y, munido de estadísticas, alegó que en la provincia se había reducido la cantidad de homicidios en un 3,7%, los robos un 23% y los hurtos en un 25% respecto del último año de la gestión de María Eugenia Vidal. Y específicamente sobre La Matanza, dijo que los crímenes habían bajado un 14%, en un partido que ahora cuenta con 250 patrulleros nuevos, 3.500 alarmas comunitarias y 2.000 nuevas cámaras de videovigilancia.
Pero la defensa en base a estadísticas es un terreno pantanoso en momento de alta sensibilidad. Primero, porque responder con cifras ante el dolor y la indignación popular suele tener un efecto boomerang para los funcionarios. Pero, además, porque los números también ofrecen flancos para la crítica: en la provincia de Buenos Aires, según el último informe del propio gobierno, la delincuencia viene en aumento mes a mes, y en agosto se llegó a un máximo del año. La frecuencia de delitos en Buenos Aires es de uno cada tres minutos.
"Chapateando en el barro"
Lo cierto es que un efecto impensado de este debate sobre la delincuencia es la vuelta al primer plano sobre el reparto de los recursos públicos. Sobre todo porque, desde el mismo inicio de la gestión del actual Gobierno, se está dando señales sobre la necesidad de una profunda reasignación, en un movimiento que dejará zonas del país ganadoras y otras perjudicadas.
La provincia de Buenos Aires fue desde el comienzo señalada como la que debía recuperarse de años de despojo mientras que la "opulenta" ciudad capital debía ajustarse el cinturón en gastos prescindibles para repartir con las regiones más desfavorecidas.
Esa fue la línea marcada por la vicepresidente Cristina Kirchner, ya desde el recordado acto de asunción de Espinoza, que inauguraba su tercer período como intendente de La Matanza.
Había clima de festejo en La Matanza aquel diciembre de 2019: confirmando la condición de bastión electoral del kirchnerismo, la lista del Frente de Todos se había impuesto con un contundente 64% de los votos, más que duplicando lo obtenido por la oposición macrista.
Pero los dirigentes políticos sabían que había un límite para la euforia: en esa zona clave del conurbano la pobreza estaba golpeando con dureza y, para colmo, hacía pocos días se había producido una severa inundación, por la cual la entonces gobernadora María Eugenia Vidal había acusado de ineficiencia en la gestión a Magario, que no había usado los recursos puestos a su disposición.
Fue por eso que Cristina dejó en claro su clásica visión de "suma cero": si había problemas en el conurbano era porque alguien se quedaba con los recursos que le corresponderían si hubiese justicia en el reparto.
Así, apuntó contra el gobierno porteño, porque en la Ciudad, "hasta los árboles tienen luz y agua, te rompen la vereda y ponen baldosas más brillantes; mientras, en el conurbano tenemos a los bonaerenses chapateando en agua y barro".
Y envió un mensaje que decodificó de inmediato toda la clase política, desde el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, hasta el propio presidente entrante Alberto Fernández.
"Hay una asignación de recursos muy desigual, profundamente injusta e inequitativa. Desde hace tiempo, la Capital concentró riquezas postergando al resto de la periferia", había dicho la vicepresidenta, sin aludir, claro, a que ella misma había contribuido a esa erosión en los fondos de Buenos Aires mientras duró su pulseada política con el ex gobernador Daniel Scioli.
La paradoja de Kicillof con más recursos
Y ese pedido de Cristina se reflejó en hechos concretos. Para ponerlo en números, en el recorte de 1% de la coparticipación federal que sufrió la Ciudad a favor de la Provincia.
Paradójicamente, esa pérdida de 7% del presupuesto le significó a Horacio Rodríguez Larreta una corriente de simpatía y un nivel de conocimiento a nivel nacional que lo impulsó al liderazgo de la oposición.
Mientras que Kicillof, a medida que recibía más ayuda, veía crecer más los problemas sociales en su provincia, donde se hacían cotidianas las tomas de terrenos, las protestas de piqueteros en demanda de asistencia social y donde se tornó evidente las peleas internas por la administración de los recursos.
El año pasado, se anunció un plan para fortalecer la prevención del delito en el conurbano, con una inversión de $37.000 millones, que se destinarían a la formación de agentes, la compra de móviles, el establecimiento de "paradas seguras" y la instalación de cámaras. Pero hubo un olvido políticamente imperdonable: no se previó una mejora salarial de la policía.
Tras el recordado conflicto, se dio una mejora con la ayuda de los fondos tomados del presupuesto porteño. De todas formas, el plan no logró resolver las tensiones.
De hecho, la continuidad de los problemas y las diferencias de visión entre Berni, los intendentes y la ex ministro Sabina Frederic fueron inocultables y crearon más de una crisis política. Se pasó por situaciones como la acusación de que Kicillof y Berni entregaban varias veces los mismos móviles policiales en actos de inauguración realizados en clima de campaña.
Se dieron explicaciones en el sentido de que, ante la demora en la entrega por parte de las automotrices, hubo préstamos de móviles entre los diferentes partidos de la provincia. Pero lo cierto es que la sospecha de mala administración quedó instalada.
La incógnita ahora es si, ante la nueva crisis, la respuesta será un intento de justificar la situación con una nueva reasignación presupuestaria. En la gobernación bonaerense suelen comparar a La Matanza con Capital: mientras el partido del conurbano tiene un 60% de la población de la Ciudad, su presupuesto es 20 veces menor.
Al decir de Cristina Kirchner, el presupuesto matancero equivale al que Rodríguez Larreta dispone para el cuidado de parques y paseos. Y, cuanto más grande es la indignación popular –y el eventual costo político del Gobierno en las urnas-, más grande es la tentación de justificar las deficiencias de gestión con las limitaciones presupuestarias.