Crimen de Ramos Mejía: cómo influye el golpe en la línea de flotación del relato K dentro del corazón bonaerense

A días de las elecciones, el efecto está sufriendo una cascada de "efectos boomerang" que afectan su credibilidad justo en el núcleo del electorado que espera recuperar. En parte, ese efecto fue producto de malos cálculos políticos, y en parte de la mala suerte.

Pero más allá de cuál haya sido la causa de los errores, la amplificación en los medios y las redes sociales está teniendo un daño directo sobre la "campaña del SÍ" ideada por el estratega catalán Antoni Gutiérrez Rubí.

Uno de los mensajes de ciudadanos que formaron parte de esos spots fue el de "Sí a sentirme más segura", dijo por una chica en una plaza de barrio, bien iluminada en la noche. Y, sin dudas, el mensaje no había sido elegido por casualidad: una reciente encuesta de D’Alessio Berensztein muestra que el tema inseguridad está segundo -debajo de la inflación- en el ranking de preocupaciones, con un 69% de menciones.

La decisión de incluir ese tema, siempre difícil de abordar para una coalición donde predomina la visión "garantista" del combate a la delincuencia, dejó en evidencia que no se quería ignorar un problema importante para el electorado, en especial el de los barrios marginales, donde el kirchnerismo espera recuperar el voto.

Pero, sobre todo, la intención de los estrategas de campaña es la de impedir que la seguridad se transforme en bandera exclusiva de "la derecha".

Pero la realidad deja en claro lo difícil que es cambiar la percepción de la opinión pública apenas con una campaña de spots. El asesinato de Roberto Sabo, el kioskero de Ramos Mejía, que conmovió al país y, además, ocurrió en el corazón de La Matanza, pleno bastión electoral kirchnerista, expuso el tema en todo su dramatismo.

Para peor, la reacción popular de protesta por parte de vecinos indignados coincidió con el cierre de la campaña electoral peronista en Lomas de Zamora. Y ocurrió el temido efecto de la "pantalla partida": tanto en la TV como en las redes sociales, se exhibió profusamente la simultaneidad de la protesta reprimida por la policía, mientras del otro lado el gobernador Axel Kicillof y su nuevo jefe de gabinete, Martín Insaurralde, saludaban sonrientes bajo una lluvia de papel picado y con música de fondo.

Fue una de las peores situaciones imaginables para el bunker de campaña del Frente de Todos. En televisión, los parientes y amigos del comerciante asesinado, así como amigos y vecinos, expresaban con elocuencia su indignación por el hecho de que el asesinato estaba lejos de ser una excepción, sino que constituía una consecuencia natural de la inseguridad diaria que se vive en La Matanza. El nombre del intendente Fernando Espinoza fue mencionado permanentemente y se le reprochó la inactividad y las sospechas de corrupción.

La indignación llegó a su clímax cuando la policía comenzó a reprimir a los manifestantes, lo que incluyó el uso de gases lacrimógenos y golpes a bastonazos. Para un movimiento político que siempre se jactó de "no criminalizar la protesta", resultó el peor efecto imaginable.

El kirchnerismo, en shock, debate sobre la respuesta

Mientras en las redes se recordaba cómo pocos días atrás el Gobierno se había negado a reprimir en la Patagonia por ante los actos violentos de los grupos mapuches -y que se ponía como argumento para ello la experiencia de la refriega tras la cual murió ahogado Santiago Maldonado-, se empezó a notar el efecto de preocupación a la interna de la militancia oficialista.

Un sector del kirchnerismo se mostró indignado por la falta de respuesta oficial y por la adopción de un discurso que hace aparecer al Gobierno como defensor de la delincuencia y una mayor empatía con quienes infringen la ley "empujados por la marginalidad" que con quienes sufren las consecuencias de los delitos. El dato de que el presunto asesino había sido detenido y liberado pocos días antes del suceso trágico sirvió como detonador para que, una vez más, se pusiera a debate toda la teoría garantista y para que se recordara el masivo traslado a prisión domiciliaria ocurrido el año pasado durante la cuarentena.

Dirigentes de la oposición, a esa hora, hablaban en los medios sobre la necesidad de endurecer la política de represión, y algunos lo hacían en términos extremadamente duros, como por ejemplo el candidato bonaerense José Luis Espert, quien habló de "dejar como un gruyere" a los delincuentes.

A esa altura, ya ni siquiera la carta que suele usar el Gobierno en estos casos -la presencia de Sergio Berni, un defensor de la "mano dura" que ha polemizado públicamente con los funcionarios de la línea "garantista"- surtió el efecto de antaño. Al llegar a la comisaría de La Matanza, el funcionario fue recibido con insultos y debió retirarse con escolta.

Aunque nadie hable del tema en voz alta, por temor a las acusaciones de insensibilidad, lo cierto es que se están haciendo cálculos para tratar de estimar el daño en términos electorales en el partido bonaerense más importante para el kirchnerismo.

En las PASO de septiembre, La Matanza fue uno de los bastiones que amortiguaron la derrota: allí el oficialismo obtuvo el 46% de los votos contra el 27% de Juntos por el Cambio, lo que implicó para el peronismo la ventaja más abultada en la provincia. Aun así, fue una ventaja menor a la registrada en otros comicios, y por el ausentismo electoral el peronismo perdió 174.000 votos respecto de las legislativas de 2019.

Aníbal, entre el control de daños y la pelea con los medios

Todavía bajo los ecos de la situación ocurrida, el nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, intentó compensar por la vía de enumerar el esfuerzo logístico que se hace en las zonas más complicadas del conurbano.

"Nosotros venimos trabajando con La Matanza específicamente hace más de 20 días. Un trabajo lo más prolijo posible en cuanto a la utilización de los recursos humanos, buscando objetivos y analizando punto por punto para ver la mejor forma de poder estar presentes", afirmó en una entrevista radial.

Recordó que La Matanza tiene una población de un millón y medio de habitantes, "y pretender estar uno en cada cuadra es impensable". De todas formas, aseguró que, tras el crimen del kioskero, dispuso el inmediato envío de 500 agentes más a la zona.

Y, en un intento por atenuar el daño político de la situación, recurrió a la estadística, para afirmar que no ha habido un incremento de las situaciones delictivas desde 2019 -algo que se había constatado como consecuencia natural de la disminución en la actividad comercial por la pandemia- y se quejó, una vez más, del abordaje mediático en estos temas: "Que los detenidos son puestos en libertad es un verso instalado y que muchos repiten como loritos".

En contraste, la ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich -un objetivo habitual en las declaraciones de Aníbal- se refirió al hecho con su dureza acostumbrada: "El Gobierno leva mucho tiemo desentendido de la seguridad del país. El Estado abandonó su responsabilidad indeclinable de proteger a los ciudadanos ¡Háganse cargo de cuidar a los argentinos!".

Como es habitual en estos casos, Aníbal acusó a la oposición de querer sacar un rédito político de un hecho trágico y, además, se quejó de haber sido sacado de contexto por parte de los medios.

Pero ni siquiera un "hábil declarante" como Aníbal Fernández pudo disimular el golpe que significa esta situación para el discurso del Gobierno. Ante la pregunta sobre la represión policial contra los vecinos en Ramos Mejía dijo que "tienen todo el derecho del mundo a manifestar su dolor y su queja, nunca voy a estar del lado de la represión". Una frase que sonaría lógica en boca de un ciudadano común pero que, dicha por quien tiene el mando de las fuerzas policiales deja flotando la duda sobre qué tan firme es la coordinación en una institución verticalista por definición.

Lo cierto es que, a seis días de las elecciones, este hecho policial ocurrido en el corazón del conurbano resultó una mancha imposible de ocultar para la campaña oficialista. De hecho, la frase más impactante del día fue la ironía que, dentro de su dolor, se permitió el padre del comerciante asesinado: "Les agradezco a Alberto y a Cristina por largar a todos los asesinos".