"Basta de polenta": una advertencia para un Gobierno que quiere compensar el ajuste con un relato conspirativo
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"Basta de polenta". El contundente mensaje pegó en el corazón del Gobierno, y lo más llamativo es que no se trató de ninguna estrategia de campaña pergeñada desde las usinas macristas. Todo lo contrario: fue lo que escribieron en el piso del Ministerio de Desarrollo Social los militantes de grupos piqueteros, en una jornada de protesta a apenas dos semanas de las elecciones.
Para desesperación del "gurú" catalán Antoni Gutiérrez Rubí, este tipo de evento tiene un poder de daño infinitamente superior al de cualquier acción opositora, porque implica contradecir la tambaleante "campaña del sí". No solamente la elocuencia de la frase contradice el planteo oficial de que las cosas están mejorando y que se ha tomado nota del malhumor social con medidas específicas para el sector de más bajos ingresos, sino que, lo que es peor, quienes llevaron adelante esa acción son los que tienen mayor credibilidad sobre el tema, porque representan a los presuntos beneficiarios del "Plan Platita".
En ese evento violento está sintetizada la situación que hoy vive el peronismo: más que pensar en la reversión del resultado electoral en las urnas, tiene que preocuparse porque no se salga de cauce el malhumor social. Después de las elecciones viene diciembre, un mes que aterroriza a los políticos por su potencial explosivo en los conurbanos pauperizados de las grandes ciudades.
Para empeorar la situación, las previsiones de inflación, que ya eran malas, están empeorando: las consultoras económicas ya hablan de un 3,3% en octubre. Y, por otra parte, quienes relevan datos del consumo señalan la principal debilidad de la política de congelamiento de precios: es muy difícil de aplicar en almacenes de barrio, que es donde consumen mayoritariamente los sectores de ingresos bajos. De hecho, apenas un 31% de las ventas se canalizan en las grandes cadenas.
Un informe de la Fundación Mediterránea destaca que la inflación en el rubro alimentos viene marcando un nivel persistentemente más alto que el promedio, al ubicarse en un 3,5% mensual. Y destaca que eso ocurre incluso cuando se desaceleraron notablemente dos variables fundamentales: el tipo de cambio y el precio internacional de productos agrícolas. Es decir, la suba en el precio de alimentos contradice un argumento clásico del kirchnerismo, que durante mucho tiempo destacó el componente de "inflación importada" como excusa para intervenir en las exportaciones.
Los números fríos ayudan a entender mejor por qué el mensaje lapidario de "Basta de polenta" ocurre al mismo tiempo que el Gobierno destaca la recuperación de la economía: la mejora en el consumo no se está dando de forma pareja en toda la sociedad. Un informe de la consultora Scentia marcó en su última medición una suba de 2% del consumo, pero destaca que mientras en los supermercados las ventas tuvieron una suba del 5,7%, en los almacenes hubo una caída de 0,9% en el mes –y una baja acumulada de 10,3% en lo que va del año-. La situación aparece más clara aun cuando se analiza el consumo por regiones: en septiembre, el consumo en el interior tuvo una suba del 5,6%, pero en el AMBA, por efecto de la pauperización del conurbano, hubo una caída del 2,5%.
Y, para colmo, los economistas ya no dudan respecto de que, por las buenas o por las malas, deberá sobrevenir una corrección en el tipo de cambio. Habitualmente estas situaciones ocurren en enero, cuando se da la explosiva combinación de sobreabundancia de pesos con escasez de dólares. Pero este año hay quienes están preanunciando que, por la presión del mercado, los movimientos se podrían adelantar para diciembre, poniéndole un ingrediente de nerviosismo adicional al fin de año.
Mensajes directos para los funcionarios
El mensaje escrito con polenta por las organizaciones piqueteras está siendo debidamente decodificado por parte de los funcionarios de la coalición gobernante. Empezando por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que viene intentando, con dificultades, sobreactuar autoridad ante los grupos más combativos, para evitar que le ocurra lo mismo que a su antecesor, Daniel Arroyo, quien vio rápidamente erosionada su imagen y su poder político ante manifestaciones que lo acusaban de incumplidor de promesas y -el insulto más hiriente- de replicar las políticas sociales del macrismo.
Zabaleta, que había recogido la demanda de "pasar de la asistencia social a un salario universal" y por eso impulsó el nuevo sistema por el cual se mantiene el beneficio estatal para aquellos que consiguen un trabajo formal, está tomando nota de que la profundidad de la crisis es demasiado grande como para que se resuelva con ajustes administrativos.
Otro que tomó nota de lo ocurrido, y que difícilmente pueda sentirse sorprendido, es Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora, que ahora hace de "interventor" en el gobierno de Axel Kicillof e intenta articular con los "barones del conurbano".
Pocas semanas antes de las PASO, Insaurralde sufrió un ataque violento e intento de copamiento en la sede municipal de Lomas de Zamora, protagonizada por algunos de los grupos que acaban de realizar la invasión al Ministerio de Desarrollo Social. En aquella ocasión, el motivo del enojo era quién administraba el reparto del dinero de la asistencia social: los piqueteros dejaban en claro su disconformidad con la intermediación municipal y pedían un rol central en esa tarea.
Un dato que también supone una seria advertencia para la estrategia que diseñó Juan Manzur tras asumir la jefatura de gabinete, y que vuelca todo el poder a los intendentes, confiando en su dominio del territorio y su conocimiento directo de la población a través de las oficinas municipales y redes de "punteros".
¿Funciona el nuevo "relato" compensador?
Pero, sobre todo, lo que en el Gobierno se está interpretando es que el panorama social y político se agravará y que, ante esa situación, necesitará anteponer un "relato" convincente que evite que su autoridad se vea menoscabada.
Y la radicalización del discurso de los últimos días va en esa dirección: declaraciones altisonantes contra el FMI, amenazas veladas a los "pícaros que remarcan precios" y denuncias de "golpes blandos" o de conspiraciones para promover una devaluación han regresado al tapete de la agenda oficial.
Como apunta el politólogo y encuestador Carlos Fara, esa estrategia viola los preceptos de la campaña elaborada por el catalán Gutiérrez Rubí, que quiere un cese del tono confrontativo.
"El oficialismo salió en los últimos días a confrontar más, imaginando una polarización que lo favorezca, pensando que de esa manera motivará a los que se quedaron en casa el 12 de septiembre, y ahora acudirán para frenar a la derecha", escribió en un artículo titulado con la expresiva pregunta "¿Quién paga los platos rotos?".
Por otra parte, muchos analistas plantean que medidas como el congelamiento de precios va más en ese sentido que en el de efectivamente frenar la inflación. "La nueva medida debe evaluarse desde una lógica estrictamente política, la intención de mostrar a un gobierno preocupado y ocupado en el control de la inflación en las semanas previas a las elecciones, más no por su efectividad potencial para lograr cierto éxito en el objetivo que ella persigue", afirma un informe de la Fundación Mediterránea.
Y lo cierto es que esa estrategia de buscar un culpable ante la evidencia de que no se puede resolver el problema inflacionario ya está en marcha. Desde medios afines al kircnerismo se reflotó un argumento que se había insinuado a comienzos de año: la "denuncia" de que las grandes empresas alimenticias recuperaron rentabilidad después de haber perdido plata durante el macrismo.
En esa acusación se incluye a empresas que antes gozaban de la simpatía del Gobierno, como Arcor, a quien ahora se las alinea junto a Molinos Río de la Plata, Ledesma, Coto y otras cadenas como empresas "insensibles" que anteponen su interés privado por encima del social.
Desde el punto de vista político, la argumentación kirchnerista guarda cierta lógica. Después de todo, cuando los piqueteros invadieron el Ministerio de Desarrollo Social, dijeron que lo hacían en el marco de una "jornada nacional de lucha contra las empresas monopólicas de alimentos".
De manera que, al acusar a las empresas por negarse al pedido de Roberto Feletti -producir más volumen con menos tasa de ganancia unitaria- el peronismo puede argumentar que comparte la consigna de las organizaciones sociales y, de esa manera, tratar de evitar un desborde mayor.
Esa postura constituye uno de los grandes clásicos de la política argentina: compensar con "relato" los momentos de inevitable ajuste. Porque, en realidad, nadie duda de que el Gobierno finalmente se avendrá a un acuerdo con el FMI, y hasta los últimos números fiscales muestran que el ministro Martín Guzmán trata de que el "Plan Platita" no erosione en exceso las cuentas públicas.
Tanto es así que, según cálculos de economistas, para que el déficit fiscal termine en el nivel que reclamaba Cristina Kirchner, el gasto público tendría que aumentar hasta el punto de ser un 16% mayor que en los primeros ocho meses del año. Implicaría, según un informe de Ieral, un nivel de un billón de pesos por mes, un nivel similar al momento de mayor gasto de la cuarentena, cuando regían el IFE y el ATP. En otras palabras, algo que parece materialmente imposible.
"Le hablan a la hinchada. Alberto Fernández no piensa eso, uno mira la historia y lo sabés... El kirchnerismo no piensa eso, ni Cristina Fernández", sintetiza con su gráfico estilo el economista Carlos Melconian, en referencia a la frase del Presidente sobre que "no nos vamos a arrodillar ante el FMI".
Lo cierto es que salarios y jubilaciones están llegando a fin de año con un peor nivel adquisitivo que el que tuvieron en las PASO. El culpable, claro es el efecto inflacionario, que se comió buena parte de las mejoras otorgadas durante el año.
Lo paradójico es que el Gobierno, por un lado, ha perdido votos por la inflación. Pero no son pocos los economistas que creen que esa misma inflación será la que lo ayude a corregir los desequilibrios, por ejemplo con una gran "licuación" de la deuda en pesos, incluyendo la temible "bola de Leliq" del Banco Central.
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Costumbres argentinas, al fin y al cabo: cuanto más duro es el ajuste, más fuerte suenan las teorías conspirativas y acusaciones de golpe de mercado. No sería una mala estrategia política, a no ser por un detalle: los piqueteros que expresan su necesidad de comer otra cosa que no sea polenta no se están mostrando muy conmovidos por el nuevo "relato".