Plata dulce para todos y todas: detalles del paquete de ayuda social que podría llegar a 1 billón de pesos
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El equipo económico del gobierno de Alberto Fernández trabajó este fin de semana para terminar de delinear el paquete de ayuda económica que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta acordaron lanzar el viernes pasado por medio de la negociación entre sus interlocutores: el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el diputado Máximo Kirchner.
Los dos ministros apuntados por el ala dura del kirchnerismo, Martín Guzmán y Matías Kulfas, son los encargados de darle los detalles finales a ese paquete de ayuda que se anunciaría esta semana.
Pese a la crisis política de la semana pasada, Guzmán estuvo activo en el ministerio el miércoles por la noche para enviar al Congreso de la Nación el Proyecto de Presupuesto 2022 que entró ese mismo día. El viernes, el ministro estuvo reunido en el quinto piso del ministerio de Hacienda con Massa para acordar cómo se instrumentará ese paquete de ayuda que abarcara a personas y a empresas que han sido muy afectadas en sus ingresos por la pandemia.
El monto de ese paquete, de acuerdo a lo que pudo saber de fuentes oficiales iProfesional podría llegar a cerca de 1 billón de pesos. Unos 500.000 millones de pesos de ayuda del Estado, a los que se sumarian otros 500.000 millones de pesos más, que seria aportado por los bancos a través de préstamos a tasas preferenciales para particulares y empresas, tal como pretende el Gobierno.
En los últimos días, los funcionarios del BCRA le informaron a los bancos públicos y privados que deberán prestar un 7,5% del total de sus depósitos en pesos a individuos y empresas para poder reactivar el consumo. Serian créditos a tasa fija cercanas al 40% anual y hasta 5 años de plazo.
"En este caso el BCRA ha comunicado a los bancos que no tienen que esperar que la gente y las empresas vengan a buscar los créditos a las instituciones, sino que ellos son los que tienen que hacer la tarea de ir a ofrecerlos. En caso de no cumplir, los bancos serían pasibles de sanciones", comentó a iProfesional una fuente cercana al Gobierno.
El resto del paquete es parecido al que se iba a anunciar la semana pasada pero que se demoró por la pelea entre el Presidente y la vicepresidenta. El Gobierno aprobará para lo que resta del año un nuevo ajuste del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para los salarios de los empleados en relación de dependencia.
El nuevo monto que se elevaría a unos $175.000 de salario bruto y que reemplazará a los $150.000 mensuales vigentes. No obstante, todavía falta definir su fecha de aplicación. También se dispondrá de un aumento en el salario mínimo, que elevará su valor a unos 32.000 pesos mensuales y habrá aumentos de aproximadamente un 35% en jubilaciones y pensiones y en los montos de AUH y de los planes sociales. El martes que viene el consejo integrado por empresarios y gremios determinará un nuevo reajuste, que podría alcanzar el 45%.
Con respecto al monto del paquete de ayuda hay que señalar que la carta dada a conocer por la vicepresidenta el jueves pasado a través de su cuenta de Twitter deja bastante claro que el Gobierno debe aumentar el gasto público social muy fuerte de aquí hasta fin de año.
En uno de los párrafos detalla que: "El año pasado, con ocasión de presentarse el Presupuesto 2021 se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 -situación que no se verificó como es de público y notorio-. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado.
Para explicarlo en números. Cristina Fernández da a entender que se podrían gastar hasta más de 1 billón de pesos de aquí hasta fin de año, que son aproximadamente los 2,4 puntos del PBI de desvió que ella señala. Para entender la magnitud del número del que estamos hablando es muy similar a lo que el BCRA pagará de intereses este año a los bancos por las Leliq que tienen en su poder. La pregunta que se hacen las mayoría de los analistas consultados por iProfesional es será más emisión monetaria del BCRA que, hasta ahora se proyectaba que el BCRA emitiría unos 1,8 billones de pesos este año, o el Gobierno encontrara otra forma para financiar ese gasto.
La novedad que surgió este fin de semana es que ese aumento del gasto público podría ser financiado con parte de los 4.350 millones de dólares que el Gobierno recibió este mes por la ampliación de la cuota de DEG (Derechos Especiales de Giro) del FMI. A pesar que el Gobierno manifestó que esos fondos solo se podrían utilizar para pagar los vencimientos de unos 4.000 millones de dólares que hay que pagar al FMI hasta fin de año.
Por medio del DNU 622 publicado el viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso sumar los recursos de su aumentada "cuota" en el FMI de modo de poder eludir una restricción respecto a los "adelantos transitorios" que el Central le puede pasar a Tesorería y que no deben exceder la suma del 20% de la recaudación de los últimos 12 meses y el 12% de la Base Monetaria.
"Dichos recursos serán destinados a financiar el Presupuesto General de la Administración Nacional", dice el DNU, que además modifica una serie de planillas de gasto y autoriza "al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional a emitir letras denominadas en dólares estadounidenses por un monto de hasta 4.334 millones, a 10 años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, precancelables total o parcialmente", dice el decreto.
Es un mecanismo muy similar al utilizado en el 2009 cuando el Gobierno de Cristina Kirchner recibió un giro extra por parte del FMI, resultado de una ampliación del capital del organismo como respuesta a la crisis financiera global iniciada en 2008, para apuntalar a los países asociados. En ese entonces, el Gobierno recibió unos u$s2.700 millones de parte del organismo como parte de esa inyección global de recursos.
"Es una especie de pagadios del Tesoro al BCRA, que podrá colocarlas a la par y, ahora sí, solo podrán aplicarse al pago de obligaciones con el FMI y paso lo que se adelantó hace tiempo. Con fuentes de financiamiento monetario al Tesoro al límite de la CO (Carta Orgánica), los DEG se venden por pesos y luego se recuperan con una Letra Intransferible para pagar a FMI. Están usando los dólares 2 veces, como en 2009", explicó a iProfesional el economista Salvador Diestefano.
"Era más deseable y virtuoso que los dejaran depositados en el BCRA, para fortalecer su balance mejorando la relación entre sus pasivos en pesos y las reservas netas, que son muy bajas". De ese modo se disminuiría la principal fragilidad macroeconómica actual, que es el desequilibrio monetario", manifestó el economista Fausto Spotorno. De este modo, el Gobierno se libera para aumentar el gasto e intentar revertir el resultado de las PASO del 14 de noviembre con un paquete de ayuda social. En término de reservas netas que hoy llegan a unos u$s10.000 millones, esto termina siendo neutro, pero con mayor emisión monetaria.
Guzmán define a estas horas junto con el bloque oficialista de la Cámara de Diputados y las autoridades del recinto cuanto será el monto de ayuda y cuándo debería ir al Congreso de la Nación para asumir la defensa de ese proyecto de ingresos y gastos. El ministro junto al ministro de Desarrollo Productivo Matias Kulfas traban en el armado de un paquete de ayuda solicitado en la carta del jueves de Cristina Kirchner.
La gran duda es hasta cuánto se podrá estirar ese paquete de ayuda y si llegara a tiempo para que el Gobierno pueda revertir el resultado de las PASO en las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo.