"Operativo voto": el Gobierno apuesta a que participe más gente, ¿por qué puede ser un arma de doble filo?
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En el país de la grieta, hay algunos temas en los que los discursos han coincidido. Por ejemplo, en instar a la población a no quedarse en sus casas ni anular el voto. Lo había pedido expresamente Mauricio Macri antes de las PASO, cuando se hablaba del riesgo de un ausentismo récord, como ocurrió en otros países de la región.
Y ahora, en plena crisis post derrota electoral, quienes enarbolan ese mismo pedido son los funcionarios del Gobierno. Como el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien dejó en claro que una prioridad absoluta del oficialismo consistirá en ir a buscar a los votantes que prefirieron ausentarse.
"Mucha militancia y territorio", fue la expresión de Cafiero, en una síntesis de lo que ha sido la clave histórica de la mayoría peronista en las zonas suburbanas: poner en marcha un gran aparato logístico que implica el trabajo de los "punteros" barriales para ir a buscar a la gente, hablarle y trasladarla al lugar de la votación.
Esta consigna deja en claro que, en el diagnóstico del peronismo, un motivo de la derrota fue la relativamente baja concurrencia a votar. Y que, por consiguiente, un incremento en el número de votantes se traduciría en una reducción de la diferencia que le sacó Juntos por el Cambio.
Pero lo cierto es que no resulta tan claro que un incremento en la afluencia de votantes pueda necesariamente beneficiar al Gobierno. Más bien al contrario, lo que creen los encuestadores es que, si aumenta drásticamente la concurrencia en las legislativas de noviembre, la diferencia a favor de la oposición podría hasta acentuarse.
Por caso, Jorge Giacobbe -uno de los que acertó sobre la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires- alertó en su último informe: "El comportamiento electoral histórico hasta ahora marca una merma de 6-8% entre las primarias y las generales. El ausentismo esperado (y el no esperado) impactarían mayormente sobre el voto opositor, que se recuperaría para las elecciones generales".
También Mariel Fornoni, de Management & Fit, apunta en la misma dirección, al señalar que será difícil para el Gobierno mejorar la performance en noviembre, "dado que el Frente de Todos siempre creció menos que Juntos por el Cambio desde las primarias a las generales".
Los antecedentes históricos parecen darle la razón a estas previsiones: en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es donde el Gobierno está poniendo el foco, ha ocurrido que el macrismo remontara una derrota -Esteban Bullrich contra Cristina Kirchner en 2017- pero no que el kirchnerismo pudiera dar vuelta un resultado.
Problemas en los dos extremos de la pirámide
Durante toda la campaña, fue un mantra de los analistas marcar la apatía y la desilusión respecto de que la clase política fuera capaz de resolver los problemas del país. Pero después de una fuerte especulación sobre si en Argentina se repetiría el ausentismo masivo que se vio en países como Chile -donde apenas un 20% de la población votó en elecciones regionales- se ahuyentaron los fantasmas.
El nivel de concurrencia, si bien estuvo por debajo del promedio histórico de 74,9% que registran las PASO, no resulta tan dramático si se tiene en cuenta el contexto de la pandemia. El 67,5% registrado a nivel nacional terminó siendo superior a lo que los encuestadores habían predicho -algunos hablaban de una caída de 20 puntos- y no luce tan grave si se considera que en 2015 y 2017 el nivel de voto fue de 72,3%.
La concurrencia tiene variaciones si se pone la lupa en cada situación provincial. En la Ciudad de Buenos Aires se registró un 70% y en la provincia de Buenos Aires un 68,3%. Es decir, ambos por encima de la media nacional y, acaso, con menos margen de suba para noviembre.
En cambio, en provincias que renuevan bancada de senadores y donde el Frente de Todos perdió, los números de concurrencia fueron más bajos. Córdoba registró 63,1%, Santa Fe 64% y Chubut 66,4%.
La gran pregunta es cuánto podría subir el nivel de concurrencia de aquí a dos meses. La estadística marca que entre las PASO y las elecciones "de verdad" hay un incremento promedio de 4,3 puntos. Pero ha habido años en los que esa diferencia fue mayor, como en las presidenciales de 2015, cuando entre las primarias y las elecciones hubo un aumento de 8,7 puntos.
De manera que no es descabellado suponer que en noviembre pueda haber un salto que lleve la concurrencia al entorno de 76,5% a nivel nacional. Traducido a cantidad de votos, serían potencialmente unos tres millones más que los contados el domingo pasado.
Una cifra lo suficientemente atractiva como para que todos los partidos intenten el esfuerzo de movilización. Nadie lo sabe mejor que Mauricio Macri, que gracias a haber conseguido una mejora en la participación después de su derrota en las PASO de 2019 pudo sumar dos millones de votos y así achicó a la mitad la diferencia que le había sacado Alberto Fernández.
¿Por qué los analistas afirman que, este año, el Gobierno no podría mejorar su performance sobre la base de una mayor afluencia de votantes?: la respuesta está en la demografía. Quienes suelen ausentarse en las PASO y luego sí concurren a votar en las legislativas son, en su mayoría, ancianos, cuyo voto no es obligatorio. Este año, además, el temor a la pandemia actuó como otro factor disuasivo.
Este hecho implica una mala noticia para el Gobierno, dado que en el segmento de los jubilados, las preferencias de voto favorecen a la oposición sobre el peronismo en una proporción de dos a uno.
Ese comportamiento del voto "65 plus" ha sido una constante en la última década, y este año cuenta con un aditamento especial, porque los jubilados han estado entre quienes más sufrieron la crisis económica. El cambio de la fórmula de indexación y el plan del ministro Martín Guzmán para equilibrar las cuentas fiscales implicó que las jubilaciones se hayan transformado en una variable de ajuste.
Según calcularon los economistas de la Fundación Mediterránea, en el primer semestre el gasto previsional promedio cayó 9,4% en términos reales respecto del año pasado. Y si la comparación se hace contra el 2018, la reducción resulta más impactante: un 17,7%.
Es por eso que se descuenta que, entre los anuncios que prepara el Gobierno para mejorar el poder adquisitivo, se incluirá un nuevo bono extraordinario para los jubilados de los niveles más bajos, que compense parcialmente la pérdida sufrida por la inflación.
Aun así, entre los politólogos hay escepticismo en el sentido de que ese segmento de la población pueda cambiar su voto a favor del Gobierno.
En la otra punta de la pirámide demográfica, el oficialismo apunta a los jóvenes, un segmento en el que hay cerca un millón de habilitados que, por ser menores de edad, no tienen la obligatoriedad de votar.
El sector menor de 24 años hasta la elección pasada mostró una fuerte fidelidad al kirchnerismo, pero ahora empezó a dispersar su voto en otras opciones.
Entre los estrategas de la campaña peronista causa preocupación la adhesión que está generando la propuesta "libertaria" de Javier Milei y José Luis Espert entre los más jóvenes. De hecho, en su discurso del domingo, Milei desafió al anunciar que en noviembre mejorará su performance a tal punto que podrá desplazar al tercer lugar a la lista oficialista que encabeza Leandro Santoro.
Pero si convencer a los jubilados de un cambio de voto es difícil de por sí, la captura del voto joven lo es más todavía, porque los políticos han demostrado no manejar correctamente los nuevos códigos de comunicación.
"El voto joven es la actual quimera. Nadie sabe exactamente cómo abordarlo, pero en su complejidad, radica la clave: ya no siguen una única identidad partidaria. Pueden acompañar una causa puntual, pero no mucho más. Viven en entornos digitales, entornos que la política aún desconoce cómo tratar", observa el politólogo Gustavo Córdoba.
Lo cierto es que la oposición ha dado muestras de haber encontrado un tema sensible con el cual llegarle a ese segmento: hablar sobre la crisis de quienes quieren emigrar por falta de trabajo.
No por casualidad, María Eugenia Vidal enfatizó, en la noche de las PASO, en la necesidad de que el país vuelva a ofrecer un futuro a quienes creen que "la única salida es Ezeiza".
A la caza del voto disperso
De todas formas, el oficialismo cuenta con chances de una mejora. Su principal argumento consuelo es que Juntos por el Cambio no tuvo, en realidad, más votos que en la elección pasada.
La cuenta que hacen en el comité de campaña oficialista es que si María Eugenia Vidal había obtenido en 2019 un 38% de los votos -que coincide casi exactamente con el porcentaje que suman Diego Santilli y Facundo Manes-, entonces la derrota del pasado domingo no se explica tanto por un crecimiento del espacio macrista, sino por la dispersión del voto en otras opciones.
Y allí es donde se pone la lupa en dos datos importantes. El primero es el del voto en blanco y anulado, que sumó 6% en la provincia de Buenos Aires, dos puntos por encima del promedio histórico. Pero, además, hay 8,7% de votos que fueron a los partidos menores que no alcanzaron el mínimo exigido para poder participar en las legislativas.
Si el nivel de votos en blanco y nulo volviera a su nivel histórico y si el Frente de Todos pudiera captar tres puntos de los que fueron a partidos menores, ya estaría acercándose al nivel de votos de Juntos.
En principio, todo apunta a que será difícil de lograr, pero el Gobierno está dispuesto a poner en marcha su maquinaria de movilización.