Qué le hace una mancha más a la vaca: el kirchnerismo minimiza el costo electoral de un campo enojado
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"En la vida hay que elegir", decía un eslogan electoral de Cristina Kirchner de 2013. La frase dejaba en claro la visión económica que por aquel entonces predicaba la presidenta: que si se quiere beneficiar a un sector, inexorablemente de debe perjudicar a otro. Era una visión de "suma cero" muy criticada por la oposición, pero que al kirchnerismo le jugaba a favor de alimentar su "épica".
Ocho años después, el Gobierno sigue mostrando esa misma postura. Sea por genuina convicción o por mero cálculo electoral, lo cierto es que se llegó a la conclusión de que no es posible mantener conformes a todos y, por lo tanto, hay que elegir a quién sacrificar en esta circunstancia.
Y el Gobierno eligió: se va a sacrificar al campo. Con la esperanza de que esto ayude a mejorar la capacidad de consumo en los sectores de bajos ingresos, en particular en el conurbano bonaerense, que es donde el kirchnerismo tiene su bastión electoral.
Esa es la lógica que predominó a la hora de incumplir la promesa que se había hecho a los productores ganaderos y a los frigoríficos, a quienes se les había garantizado que el cierre exportador terminaría en agosto. Pero se terminaron enterando por los medios que habrá una extensión hasta octubre, e íntimamente están convencidos de que habrá una nueva prórroga del cierre hasta diciembre.
Lo explicó con elocuencia Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, en el foro Agroeducación: "Es una medida netamente política frente a las PASO, porque a pocos días de las elecciones no quieren correr el riesgo de tener malas noticias con el precio de la carne. Si fuera por un motivo técnico lo podrían haber prorrogado hasta septiembre, pero lo hicieron hasta octubre, y justo ahí van a faltar 14 días para las elecciones legislativas, que son más trascendentes que las PASO, así que en es momento menos van a querer tomar un riesgo".
Las consecuencias de esta situación ya están quedando en claro: se acaba de conocer la noticia de 150 despidos en un frigorífico en Santa Fe, mientras se calcula en u$s1.000 millones las pérdidas por exportaciones que no se van a realizar. Y los más perjudicados serán los frigoríficos pequeños, que no tienen acceso a la cuota Hilton y habían confiado en las ventas a China como forma de equilibrar su ecuación económica.
En cuanto a los productores ganaderos, están en una actitud netamente defensiva, se dejan de hacer "engordes", lo que significa que se envían a faena animales antes de la fecha estimada, como forma de recomponer capital. Y en el campo se está hablando de una caída en el stock vacuno por un millón de animales este año.
Como ironizó el consultor Salvador Di Stefano, "no se están produciendo romances entre toros y vacas, en contradicción con lo que dice la candidata a diputada Victoria Tolosa Paz". Su argumento es que el nacimiento de terneros está en franco descenso, a un ritmo de 5% anual. Para revertir la situación se necesitaría que el 80% de las vacas quedaran preñadas pero actualmente ese índice está en apenas 62%, como consecuencia de las medidas cortoplacistas del Gobierno.
La bronca en el campo es notoria, y se están organizando medidas de fuerza que hasta hace pocas semanas parecían con poca adhesión, como un cese de comercialización. Y lo peor de todo es que ya se escuchan voces de advertencia sobre que a fin de año podría empezar a escasear la carne como consecuencia de estas medidas.
Más manchas a la vaca
Del otro lado del mostrador, los funcionarios tienen muy claro que sus medidas tienen costos, a todo nivel: tanto económico como político. Pero en la cuenta que se saca en el comité de campaña oficialista, el saldo es netamente positivo: creen que lo que se puede ganar en votos es mucho más de lo que se puede perder.
En el equipo económico defienden su postura con los últimos datos de inflación y consumo: en julio el IPC se redujo a 3% y para agosto y septiembre se estima un 2,6%. Y esa ralentización se logró, en parte, por los menores niveles de aumento en la carne. La secretaria de comercio, Paula Español -artífice, por otra parte de la cuestionada política de "cortes baratos"-, está convencida de que el cierre exportador fue lo que llevó a esta relativa tranquilidad.
Por otra parte, las cifras del ministerio de Agricultura y Ganaderia indican una recuperación en el consumo de carne vacuna, que había caído a un mínimo histórico de 34,3 kilos por habitante en abril del año pasado. Ahora está en 53,7 kilos, una cifra que si bien sigue siendo baja en términos históricos, implica una reversión de la tendencia.
Es por eso que el Gobierno se empeña en continuar con una medida que le genera críticas y rechazo en el ámbito de la producción agropecuaria: generar una mejora temporaria en es su forma de contrarrestar chicanas como la de Mauricio Macri, que en un acto de campaña dijo que Alberto Fernández, después de haber prometido asado, había convertido la carne en polenta.
No es que en el Gobierno no sean conscientes sobre las eventuales consecuencias negativas de las medidas anti exportadoras. Después de todo, fue el propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el primero en admitir que cierres exportadores de otras épocas habían sido negativos y que, esta vez, se trataría de una medida temporaria para corregir distorsiones y combatir la evasión impositiva.
Pero la agenda política va imponiendo su lógica y es por eso que un cierre exportador que se iba a levantar en agosto seguirá probablemente hasta diciembre.
El Gobierno también es consciente de que esto puede tener un costo en términos de votos, pero la cuenta que se hace es la siguiente: el campo ya está enojado por la saga de medidas intervencionistas, que empezaron con el aumento de las retenciones, siguieron con las subas de impuestos, con la amenaza de estatización de Vicentin, con los sospechosos ataques a las silobolsas, con el cierre temporario de exportación de maíz, con la intervención que impuso subsidios cruzados en el sector aceitero, con las frases ambiguas del Presidente sobre el respeto a la propiedad privada de la tierra y ahora, finalmente, con el cepo exportador a la carne.
El enojo se evidenció en los "banderazos" liderados por la clase media rural, desde el primero en repudio a la estatización de Vicentin hasta el último 9 de Julio, con la gran demostración nacional que tuvo epicentro en San Nicolás.
¿Una estrategia racional?
El cálculo es claro: los que ya están enojados con el Gobierno, no van a cambiar su opinión por el hecho de que se flexibilice ahora la exportación de carne. Es una mancha más a la vaca. En cambio, del otro lado del electorado, sí es probable ganar espacio si se favorece un aumento en el consumo.
Dicho en palabras de Chiesa: "hay más votos del lado del mostrador del consumo que del lado del mostrador de la producción y la industria". Y destaca que el propio gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, admitió que hubo que generar un daño a la producción por una decisión política.
Lo cierto es que, en el análisis que hacen los politólogos, la actitud del Gobierno tiene cierta lógica en el contexto de la campaña.
Así lo argumenta el encuestador Gustavo Córdoba: "Los que están indignados hoy no van a dejar de estar indignados. A lo sumo pueden estar un poquito más indignados que antes. Por lo tanto, el núcleo duro de votantes en Argentina no va a cambiar, no creo que haya una modificación. Los que votan en contra del gobierno por el tema del campo van a seguir votando en contra".
Este experto en opinión pública considera, como la mayoría de sus colegas, que en las campañas electorales de estos tiempos hay muy poco margen para la discusión de programas a futuro y que se basan en plantear antinomias entre los partidos. Y que, en consecuencia, la apuesta del Gobierno es a una mejora en el humor social para noviembre, sobre la base de una recuperación en el consumo y el avance en la campaña vacunatoria.
Las encuestas a nivel nacional siguen marcando una leve ventaja, del orden de cinco puntos, para el oficialismo. Sin embargo, las cosas cambian cuando se pone la lupa sobre las realidades provinciales. Y es ahí donde el enfrentamiento con el campo le puede jugar una mala pasada al peronismo.
Un caso paradigmático al respecto es Santa Fe, donde Macri apuesta a ganar en la triple competencia con el peronismo y el socialismo. Las últimas encuestas le dan ventaja a Juntos por el Cambio con un 36% -sumando sus cuatro listas- frente a un 32% del peronismo.
El gobernador Omar Perotti -que disputa la interna con el ultrakirchnerista Agustín Rossi- debe estar pasando un momento particularmente incómodo en esta campaña: Santa Fe ha sido el principal escenario de la pelea del kirchnerismo con el campo y él mismo ha criticado el cierre exportador, al que calificó como una medida errónea.
Y en cuanto a Buenos Aires, es cierto que la estrategia peronista puede resultar beneficiosa en el conurbano, pero refuerza el voto opositor en el interior rural, donde el macrismo está tratando de sacar provecho del enojo del sector agrícola.
En la otra gran provincia agropecuaria, Córdoba, el Gobierno está resignado a una derrota desastrosa: las listas de Juntos por el Cambio suman una intención de voto de 36,5% mientras el peronismo anti-K del gobernador Juan Schiaretti aparece segundo con 14,1% y recién aparece el Frente de Todos en un lejano tercer puesto con 8% de las preferencias.
Lo cierto es que, una vez más, la historia argentina renueva sus discusiones cíclicas: el kirchnerismo ha elegido al campo como sector al cual calificar como beneficiario de "rentas extraordinarias" y, por lo tanto, candidato a financiar con más intensidad el gasto público.
Y las urnas dirán si será sólo una mancha más a la vaca o si puede generarse un punto de inflexión.