Sin billetera para el salario universal, el peronismo cierra una campaña con fantasma de estallido social

Ya nadie se ríe de Eduardo Duhalde, sobre quien se habían vertido comentarios burlones cuando el año pasado advirtió que el país se encontraba en riesgo de una guerra civil, que se estaba gestando un nuevo "que se vayan todos" peor que el del 2001 y que había un peligro de estado de anarquía que derivase en un gobierno autoritario. En aquel momento, sus declaraciones fueron desestimadas por anacrónicas, dado que muchos interpretaron que estaba denunciando la gestación de un golpe militar del viejo estilo.

Hoy, en cambio, se escuchan todos los días declaraciones que van en el mismo sentido de lo que había planteado el ex presidente: que el nivel de pobreza y falta de esperanza en un proyecto político pueden llevar a un desborde social de consecuencias impredecibles.

El Gobierno ya tuvo demostraciones contundentes sobre quiénes son los que tienen mayor potencial para desestabilizar al "proyecto nacional y popular". Y no, no se trata del macrismo, ni del "partido judicial" ni de los "poderes concentrados". Se trata de la gran masa de excluidos a los que ya no se puede contentar con discursos sino que piden hechos concretos para resolver su situación de pobreza.

Lo paradójico es que la mayoría de ellos manifiestan su intención de votar y sostener su apoyo al Gobierno. Pero aun así son los que más fuerte meten el dedo en la llaga.

Pocos lo expresaron de forma tan cruda como Juan Grabois, quien en la previa de la marcha por el día de San Cayetano advirtió: "La relativa estabilidad que se mantuvo durante el tiempo de la pandemia, lograda por algunas medidas del Gobierno y la formidable red de cohesión comunitaria que por décadas tejimos movimientos sociales e iglesias no podrá evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida que nuestras ollas populares ofrecen cotidianamente".

Y Grabois es un aliado del Gobierno, como también lo son Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, que no solamente son funcionarios de la actual gestión sino que, en el caso de Menéndez, van como candidatos en listas del Frente de Todos.

Estos aliados ya advirtieron sobre la imposibilidad de una política de ajuste económico y, sobre todo, advirtieron que el esquema de asistencia social que se estuvo implementando en los últimos 20 años está agotado: ahora se lo quiere sustituir por uno que reconozca a los marginales como trabajadores y que, como tales, tengan salario y todos los derechos del empleado formal.

Estos aliados del Gobierno fueron los que desgastaron al ex ministro Daniel Arroyo, a quien acusaron de no cumplir su palabra por no pagar bonos extraordinarios de fin de año y a quien le criticaron iniciativas como la Tarjeta Alimentar, a la que calificaron como "pan para hoy y hambre para mañana".

Si ese es el tono de los piqueteros amigos, queda en claro cuál es el estado de ánimo de los que no se sienten parte del proyecto kirchnerista. El flamante ministro Juan Zabaleta lo pudo apreciar desde la ventana de su nuevo despacho: vio cómo en la avenida 9 de Julio, bajo la gigantografía de Evita, se producían cortes de tránsito sin previo aviso y acampes masivos en reclamo de dinero prometido y no pagado. Más concretamente, de 90.000 "salarios sociales", por un promedio de $14.000.

Zabaleta, que tiene un presupuesto de $360.000 millones – y que está siendo reforzado en estos días con $96.100 millones-, interpretó que el momento era adecuado para dar una primera impresión sobre cómo sería su estilo de gestión: advirtió que no dialogaría bajo presión y se negó a recibir a los dirigentes hasta que no se despejara el corte.

Pero no es una pulseada fácil: los dirigentes del Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez y unas 30 organizaciones advirtieron que no tendrían inconveniente en volver y hacer un acampe permanente si no recibían respuesta satisfactoria a su pedido.

Todo en el medio de una campaña electoral. Y es lo que lleva a muchos en el ámbito político a plantearse la pregunta: ¿Qué está pasando?, ¿cómo pudo sucederle esto al peronismo?

Pese a dar su apoyo político al Gobierno, el líder piquetero Juan Grabois advirtió sobre el riesgo de un estallido social

Sin armas para la contención social

En definitiva, lo que parece estar asumiéndose es la verdadera advertencia que había hecho Duhalde entrelíneas: el peronismo está perdiendo uno de sus atributos fundamentales. Siempre ha sido, en el imaginario social argentino, el partido que ofrece como principal activo político la gobernabilidad y capacidad de contención social, aun en los momentos de crisis. Pero ahora esa idea está seriamente cuestionada.

Como afirma Lucas Romero, politólogo de la consultora Synopsis, "estamos frente a una novedad, pocas veces vista desde el 1983, y es un gobierno peronista gobernando en una crisis económica y social, y con la opinión pública adjudicándole a ellos la responsabilidad".

Con encuestas en la mano, Romero destaca que, mientras Cristina Kirchner insiste en achacar al macrismo la culpa de la actual situación económica, la opinión pública ve las cosas de manera diferente: sólo un 24% coincide en culpar a la gestión de Macri, mientras un 45% cree que la responsabilidad es del gobierno actual y un 29% dice que ambos sectores políticos son responsables por igual.

"Estamos viendo algo que nunca había sucedido, porque siempre el peronismo gobernaba crisis ajenas", señala Romero.

Y su colega Mariel Fornoni, de Management & Fit, destaca que lo característico de esta crisis es la falta de confianza sobre que el sistema político pueda encontrar una solución: según sus números, seis de cada 10 argentinos creen que la situación económica va a empeorar en el futuro.

En otras palabras, para los analistas está quedando en evidencia que otra vez el fantasma del estallido social sobrevuela el país, pero con un agravante: la clásica medida de poner plata en los bolsillos en los meses previos a la elección no está dando el resultado que se vio en otros momentos.

Para quienes estudian las tendencias sociales, el momento actual despierta alarmas que los políticos no han advertido.

"Puede ser que haya una mejora momentánea del consumo. Pero cuando la gente vota, siempre pasa alguna cuenta. Hablás con las amas de casa y tienen un cuadro con un realismo descarnado. En nuestras investigaciones vemos los testimonios y te das cuenta que no se engañan. Sabe quién cumplió lo que le prometió, y eventualmente lo castiga", advierte Guillermo D’Andrea, del IAE en una nota con iProfesional.

"Que los chicos no se eduquen, es una deuda que las madres tienen muy anotada, porque es el futuro de sus hijos. Cuando vos escuchás una mujer que trabaja casi en la informalidad y que manda sus hijos al colegio privado, no podés entender, y te responde que en la pública no les enseñan nada y apenas los contienen", agrega.

Según este investigador, el Gobierno debería mirar con atención fenómenos como el reciente estallido social de Colombia, que empezó por una medida menor y derivó en un caos social.

Otro experto que ha sido claro sobre este punto es el consultor político Jaime Durán Barba, para quien lo que se está viviendo es "el colapso del peronismo". No lo plantea en términos de fracaso electoral sino del agotamiento del modelo económico-social que sostuvo a la primera fuerza política del país.

"Solo un país rico como Argentina puede entregar de alguna manera recursos económicos mensuales a una mitad de la población para mantenerla en la pobreza. Si otro país intenta hacerlo, quiebra inmediatamente. Pero ese esquema de financiar a tantas personas en la pobreza llegó a un límite. No es viable, porque el actual gobierno está incrementando la cantidad de personas que reciben uno u otro tipo de emolumentos. No existe el dinero para pagarlo", advierte el politólogo ecuatoriano.

Y hace una advertencia inquietante: la crisis venezolana se desató cuando se terminaron los recursos del petróleo como para sostener el esquema de masiva asistencia social.

Para Durán Barba, la crisis de estos días revela que el sistema asistencialista, realizado con criterios del siglo pasado, ya no se sostiene. Y establece un paralelismo entre la creciente protesta piquetera con la vocación por el exilio que muestra la clase media.

"No es posible seguir armando planes y subiendo sus montos, porque la Argentina productiva no tiene cómo financiarlos. Ante la voracidad del Estado, muchos empresarios y profesionales se van en busca de sociedades en las que pueden ser menos explotados", afirma. Para ponerle números a su argumento, destaca que ocho de cada 10 menores de 30 años declaran su interés por migrar.

El ministerio de Desarrollo Social, bajo la gigantografía de Evita, es el escenario en el que los piqueteros reclaman un aumento en la ayuda social

El peronismo, consciente de los límites

Pero el dato más llamativo que se está viendo en estos días es que en el seno del propio peronismo hay una toma de consciencia sobre el agotamiento del modelo asistencialista.

Cuando todavía su nombre sonaba como posible ministro de Desarrollo Social, Andrés "Cuervo" Laroque, connotado miembro de La Cámpora, decía que "la cultura de los planes sociales no va más en Argentina"; y además criticaba "la discrecionalidad a la hora de definir quién percibe un derecho y quién no".

Entre los peronistas no alineados con el Gobierno, se escuchan declaraciones que antes solamente se escuchaban entre los macristas de línea dura, y en voz baja. Por ejemplo, Florencio Randazzo dijo: "Hay que salir definitivamente de la política de planes" y recordó que esa ayuda surgió como una situación excepcional como respuesta a la crisis del 2001. También cuestionó el concepto de "Estado presente" como sinónimo de volumen de gasto o cantidad de personal.

Y, más gráfico aun, Guillermo Moreno cuestionó la factibilidad del llamado "salario universal" que está en el tope de los reclamos piqueteros. Escribió en un artículo que esa iniciativa está "destinada al fracaso".

Y dio su pronóstico sobre qué ocurriría si se implementara: "Se produce una exacción del ahorro comunitario en favor del consumo, perjudicando la inversión y, por lo tanto, el incremento de los bienes y servicios indispensables para satisfacer las necesidades, presentes y futuras, de la población. Bajo estas circunstancias, la supuesta ‘distribución equitativa’ del ingreso sólo podría darse en una espiral descendente que ‘iguala hacia abajo’".

Por su parte, el ministro Martín Guzmán no necesitó escuchar estas advertencias para descartar de plano el salario universal. Con números en la mano, calculó que significaría un costo de 2,9% del PBI, imposible de financiar sin provocar una turbulencia fiscal, con su correlato inflacionario.

Todos estos datos dan la pauta sobre la gravedad potencial de la situación. En un país con un nivel de pobreza por encima del 40% -en septiembre, después de las PASO, se conocerá el dato actualizado- todos coinciden en que el modelo asistencialista no va más, pero nadie plantea un modelo alternativo para solucionar el problema del corto plazo.

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Mientras tanto, el fantasma del estallido social vuelve a aparecer, con un peronismo que sigue preguntándose sin poder responderse a la pregunta de cómo se llegó a esto.