El codiciado sillón de Arroyo: una caja millonaria y la conflictiva relación con los "socios piqueteros"

Si hay algo que el Gobierno realmente considera hiriente, algo que pone en riesgo su estrategia política, no es un "banderazo" del campo ni una acusación de corrupción por parte de dirigentes como Patricia Bullrich. El miedo, más bien, es la crítica que llega desde los sectores amigos.

Por ejemplo, las organizaciones sociales, que en la previa de la campaña para las PASO realizaron una ruidosa marcha masiva hacia el emblemático edificio del ministerio de Desarrollo Social.

Allí, bajo la gigantografía de Evita, los líderes piqueteros denunciaron que había un plan para dar de baja los planes Potenciar Trabajo. "Que ningún trabajador tenga un ingreso por debajo de la canasta básica" fue el reclamo de la movilización. Hablando en plata, significa un reclamo para que no haya hogares con ingresos inferiores a $66.488, el límite que midió el Indec para que una familia de cuatro integrantes supere la línea de pobreza.

Y tal vez la frase más hiriente, para un Gobierno que focaliza su estrategia en denunciar la herencia recibida de la gestión macrista, fue esta: "Salimos nuevamente a las calles a reclamar respuestas de un Gobierno que prometió cambiar el desastre macrista pero a casi dos años sigue con las políticas de ajuste".

Al principio en voz baja, y luego de manera cada vez más explícita, referentes del kirchnerismo expresaron su coincidencia con ese diagnóstico. En parte se le achacaba al celo fiscalista de Martín Guzmán, que redujo el déficit a sólo 0,5% del PBI en el primer semestre y, según el consenso de los economistas, podrá terminar el año incluso debajo del rojo de 4,5% previsto en el presupuesto.

El "gasto Covid" implicó un ahorro de $150.000 millones respecto del presupuesto manejado hace un año. Y también hubo un ajuste real de salarios estatales y jubilaciones. Sin embargo, en plena negociación con el FMI, el nombre de Guzmán no estaba entre los "sacrificables".

Muy diferente fue el caso de Daniel Arroyo, que acumuló un desgaste por las críticas internas y conflictos con líderes piqueteros e intendentes del conurbano. De hecho, muchos lo señalan como uno de los responsables cuando las encuestas muestran la pérdida de apoyo del peronismo en los partidos más pobres de la provincia de Buenos Aires.

Es por eso que hoy Arroyo ocupa el puesto 12 en una lista de candidatos a diputados, mientras empezó la pulseada por manejar el ministerio que, para cualquier gobierno peronista que se precie, es una de las áreas estratégicas de la gestión.

No solamente implica el manejo de una caja millonaria sino que, de la forma en que se gestione, dependerá el humor social en un sector social creciente en un país con un índice de 42% de pobreza y 10% de indigencia. Pero, además, el ministerio de Desarrollo Social implica el lugar desde el cual manejar el relacionamiento con los movimientos sociales e incluso con intendentes.

Presupuesto creciente

A comienzos de año, el ministerio de Desarrollo Social empezó con un presupuesto de $360.000 millones, un incremento de 50% respecto del 2020. Y Arroyo había prometido destinar la mitad a generar puestos de trabajo -es decir, una asistencia social con contraprestación- y la urbanización de asentamientos.

Pero, además, en el primer semestre del año hubo un refuerzo a cuenta del impuesto extraordinario a las grandes fortunas, con el que se llevan recaudados $200.000 millones.

Los destinos de ese ingreso extra, según anunció en su momento Martin Guzmán, serían la compra de vacunas y material médico, el refuerzo a los subsidios del Plan Progresar, el subsidio a viviendas en barrios populares, la inversión en exploración energética y el refuerzo a la asistencia del Ministerio de Trabajo con los Repro que se destinan a los rubros más afectados por el confinamiento.

Recientemente se decretó un refuerzo a rubros de asistencia social, con fondos provenientes de la reducción de subsidios al gas -$20.000 millones- y fondos obtenidos por el Tesoro -$42.000 millones. El programa de políticas alimentarias recibió $2.673 millones.

Lo cierto es que a lo largo del año los recursos del ministerio destinados a la asistencia se han ido incrementando: si a principios de año la ejecución presupuestaria implicaba un promedio diario de $600 millones, hacia el final del primer semestre ya rondaba los $950 millones. Y el rubro destinado específicamente a la asistencia alimentaria gastó en el primer semestre un 80% de lo inicialmente previsto para el año, lo que hace suponer que habrá un refuerzo para la segunda mitad del año por parte de las arcas fiscales.

Por lo pronto, el presidente Alberto Fernández anunció en mayo que, sumando el refuerzo a la política sanitaria, los planes Repro y la asistencia que se maneja desde Desarrollo Social, el nuevo monto de la ayuda ascendería a $480.000 millones.

En el marco de la campaña electoral, los economistas pronostican que habrá una inyección monetaria equivalente a un punto del PBI con el objetivo de reactivar el consumo.

El peronismo, atento al "síndrome de Arroyo"

Pero con más caja no será suficiente. Gestión, autoridad y visión política, todo eso se espera del nuevo ministro luego del desgaste sufrido por Arroyo. El todavía ministro -afirmó que seguirá en su cargo hasta las elecciones- nunca pudo sacarse el mote de estar entre los "funcionarios que no funcionan", que en su momento denunció Cristina Kirchner.

Sus conflictos empezaron casi al inicio de la gestión. La celebre Mesa Nacional contra el Hambre se desdibujó rápidamente, las denuncias por sobreprecios y desprolijidades administrativas llegaron ya con la compra de fideos para el reparto en el peor momento de la cuarentena.

Luego, cuando apareció un foco de covid en Villa Azul, los dirigentes barriales denunciaron problemas logísticos en el reparto de comida, pañales y elementos sanitarios. En ese momento quedaron al desnudo las fallas estructurales del asistencialismo: había proveedores que no querían vender por atrasos en los pagos, mientras los piqueteros pugnaban con los intendentes para ver quién se quedaba con la ejecución del reparto.

Mientras tanto, los vecinos eran custodiados por la policía, situación que llevó a Daniel Menéndez, dirigente de Somos Barrios de Pie denunciara una política de "construcción de guetos de pobres con un cerco represivo".

Lo llamativo es que Menéndez ocupa un cargo público, es subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social. Y, paradójicamente, comparte lista con Arroyo porque va como candidato oficialista por Buenos Aires.

Esa conflictividad "desde adentro" fue la constante de la gestión de Arroyo, que vio crecientemente recortado su margen de acción. Como Menéndez, también es funcionario Emilio Pérsico: el principal referente del Movimiento Evita es además secretario de la Economía Social. La semana pasada anunciaron la fusión de sus movimientos y la aspiración de formar una gran corriente a nivel nacional, alineada con el Frente de Todos.

Pero esa coincidencia con el Gobierno no les impidió expresar sus desavenencias. Como ocurrió a fin de año, cuando ambos estamparon su firma en una declaración en la que las principales organizaciones piqueteras acusaron al ministro Arroyo de faltar a su palabra y "ningunear el trabajo de miles de compañeros". Justo cuando se daba fin a programas como el IFE, los piqueteros le reclamaban más planes de trabajo y una mejora económica "para que no sean nuevamente los más pobres quienes asuman los costos de la crisis".

Consciente de que estaba bajo la lupa, Arroyo se dedicó a repetir durante todo el año que se estaban ampliando los planes "Potenciar Trabajo", que perciben actualmente un millón de personas y equivalen a medio salario mínimo.

Pero su prédica no encontró eco a nivel interno, como quedó demostrado por la elocuencia de Emilio Pérsico y Juan Grabois, que criticaron la propuesta oficial de reforzar la Tarjeta Alimentar, a la que calificaron como "un parche" frente a la necesidad de creación de trabajo genuino. "Es pan para hoy y hambre para mañana" fue la expresiva definición de Pérsico ante la serie de anuncios con los que el Gobierno intentó calmar la corriente interna de reclamos para una mayor asistencia social.

Poco antes, al darse a conocer los datos de pobreza, Arroyo había hecho un intento poco exitoso de transmitir tranquilidad, al anunciar que más que los planes, lo que haría descender los índices de pobreza sería la lucha contra la inflación.

En aquel momento ya había advertencias explícitas sobre el costo político que pagaría el Gobierno. Por ejemplo, el encuestador y politólogo Artemio López indicaba: "Llegamos al extremo de carencia en que en un hogar tipo en que se perciben dos salarios mínimos y dos AUH, tampoco logra superar la línea de pobreza. Una calamidad por donde se lo mire".

La difícil tarea del sucesor

Por estas horas se está dando la esperada danza de nombres entre los candidatos a manejar el ministerio. Se habla de Andrés "Cuervo" Larroque, dirigente de La Cámpora y actualmente en el gabinete de Axel Kicillof. También suenan los nombres de dos intendentes: el de Hurlingham, Juan Zabaleta, y el de Almirante Brown, Mariano Cascallares, así como de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. 

Pero, más allá de los nombres, lo que queda en evidencia es que una parte del Gobierno está reclamando un cambio de estilo y de fondo. Fue sugestivo al respecto que en una reciente entrevista Larroque haya afirmado que "la cultura de los planes sociales no va más en Argentina". Por otra parte, criticó "la discrecionalidad a la hora de definir quién percibe un derecho y quién no".

Esto implica que se está gestando un potencial conflicto, dado que al mismo tiempo que se contará con más recursos económicos se buscará una nueva modalidad de gestión social en los sectores más pobres, y que el poder político recupere el protagonismo perdido frente a los "punteros" y referentes de los movimientos sociales.

Pero, además, la disputa no sólo será interna. Porque lo que el kirchnerismo entiende -y dio señales al respecto, como la proclama del 9 de julio- es que se necesita ir más a fondo en una política de redistribución del ingreso. En otras palabras, una reforma impositiva que incremente la presión sobre sectores como el campo y las grandes empresas.

Piqueteros presionando de un lado, empresarios a la defensiva por el otro. No parece una situación cómoda para quien finalmente asuma como sucesor de Arroyo en Desarrollo Social, uno de los sillones más calientes de la política argentina, dados todos los intereses en juego y la necesidad del Gobierno por mantener la paz en las calles.