La polémica por los argentinos "varados" se mete en la campaña electoral: ¿beneficia o perjudica al Gobierno?
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Era lo que le faltaba a la interminable "grieta": el debate sobre si los varados en el exterior son víctimas a las que el Gobierno les pisotea sus derechos constitucionales o si son personas irresponsables y egoístas que -a pesar de haber firmado una declaración de consentimiento a medidas de emergencia- quieren preservar sus privilegios al riesgo poner en riesgo la política sanitaria en plena pandemia.
Por estas horas, el tema está explotando en los medios y es "trending topic" en las redes. Y, como era inevitable tratándose de un año electoral, ya empezó el análisis político centrado en si la medida de limitar en 600 personas las habilitadas para regresar a Ezeiza resultará beneficioso o perjudicial para el Gobierno a la hora de votar en las legislativas.
El tema promete ir en ascenso porque, de mantenerse la restricción tal como fue planteada, sólo podrán ingresar 6.000 personas hasta el 9 de julio, cuando está previsto, en principio, que termine la medida de emergencia. Además, trascendió la advertencia de IATA, la organización que nuclea a las aerolíneas, respecto de las dificultades logísticas que implicaría la súbita reducción de los vuelos.
Esto garantiza que, al menos por 10 días más, se multiplicarán las quejas y relatos sobre las penurias que deben pasar aquellos que no pueden regresar al país, que deben afrontar gastos no previstos y que ven su vida laboral alterada.
Por otra parte, es una saga que garantiza diversión, porque hay "celebridades" que están en esa situación, algunas sospechadas de ser cercanas al universo K, y eso provoca en los cibermilitantes de la oposición una auditoría sobre si se estableció un régimen de preferencias para adelantar el regreso de varados oficialistas.
Por supuesto que no se trata de un tema que afecte a la gran mayoría de la población, demasiado pendiente de no perder sus ingresos de subsistencia –un 80% de la población ocupada tiene un ingreso mensual promedio de $27.000- como para preocuparse por los 40.000 turistas que ahora tienen dificultades para regresar.
Pero, como pasó con tantos otros temas, se trata de un problema que afecta a la clase media politizada y usuaria de redes sociales. En otras palabras, al sector formador de opinión.
Algunos dirigentes en campaña lo entendieron de inmediato y salieron a fijar posición. Como Patricia Bullrich, quien acusó al Gobierno de tomar esta medida "por su incapacidad de llevar con seriedad la política sanitaria y la provisión de vacunas".
Para la dirigente del PRO, la decisión del Gobierno es un "severo avance del autoritarismo", que lleva al país a ser uno de los más aislados. Acompañó su declaración en las redes con un mapa muy difundido en las últimas horas, el que muestra la concentración de aviones en el mundo y que deja en claro que el tránsito aéreo es intenso en casi todas las regiones.
En la misma línea, el diputado Luis Petri, de la Unión Cívica Radical, envió un proyecto de ley para dejar sin efecto la medida y garantizar que los varados puedan regresar al país. Petri cuestionó lo que, desde el punto de vista sanitario, parece ser el flanco más débil de la medida: si lo que efectivamente previene contra el ingreso de nuevas variantes del virus al país es el hisopado y el aislamiento de los que llegan al país, ¿cuál es el sentido de limitar la cantidad de ingresantes?
Según Petri, no hay dudas de que es un reconocimiento tácito a las dificultades logísticas que quedaron en evidencia, como la irregular concesión de la realización de hisopados en el aeropuerto de Ezeiza. "Si no pudieron controlar el aislamiento de 2.000 turistas, tampoco van a poder controlar a 600", argumentó.
Entre el drama y el debate jurídico
Pero lo que también quedó en evidencia es que ninguna de las dos partes quiere que se lo asocie con una postura de defensa o de condena de turistas que, en definitiva, son vistos por la ciudadanía como gente privilegiada. Es por eso que los argumentos se están centrando en la cuestión legal y en la sanitaria.
Para la oposición, el Gobierno se extralimitó al pasar por encima del derecho constitucional de todo argentino de ingresar a su país. Es por eso que Bullrich habló de autoritarismo y que Petri dijo que la prevención de Alberto Fernández tiene visos de la que aplica Gildo Insfrán en Formosa.
Y, además, se enfatizó en que muchos de quienes viajaron no lo hicieron en plan de vacaciones, sino porque necesitan vacunar a familiares con problemas de salud que no han podido acceder a su protección contra el covid en Argentina.
Han trascendido también relatos dramáticos como por ejemplo la pérdida de cinco córneas de donantes de Estados Unidos, que por la cancelación de un vuelo no podrán ser transplantadas, según la denuncia realizada por Roger Zaldívar, director científico de un instituto oftalmológico.
En cuanto al debate jurídico, el argumento de los oficialistas es que a todos los viajeros se les entregó un formulario -que debieron firmar en acuerdo- en el que se advertía sobre eventuales reducciones de frecuencias de transporte aéreo. También aceptaban expresamente los costos de los test y de los lugares dispuestos para su realización.
"La salida del país implicará la aceptación y asunción de las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de la misma", indicaba el formulario. Sin embargo, hay varados que denuncian no haber recibido el formulario al salir.
De todas formas, lo que está en debate es si, aun para quien haya dado su consentimiento, se trata de un documento con validez. Las redes se llenaron de abogados argumentando al respecto.
Por caso, Gustavo Arballo, profesor de Derecho en la universidad de La Pampa, sostiene que el formulario equivale a que un empleador obligue a su empleado a firmar su renuncia voluntaria a ser indemnizado en caso de despido. "No todos los derechos son renunciables, así que es irrelevante lo que una persona haya firmado o no", afirma.
Un argumento al que desde la vereda opuesta se ha contrapuesto la necesidad de anteponer un bien superior colectivo, como la salud, aunque implique suspender derechos individuales en situaciones de excepción.
En definitiva, un debate que puede extenderse hasta el infinito y donde las argumentaciones jurídicas se mezclan con las de tipo ético-político, al punto que abundan las acusaciones sobre "falta de empatía" o "atropellos a las libertades".
Pero hay otros temas, en cambio, en los que a la oposición se le hace más incómodo pronunciarse. Sobre todo, en la cuestión de los gastos extra en los que debieron incurrir los varados, que deben pagar más días de hotel de los que tenían previstos. El Gobierno avisó que no se hará cargo de cuentas de privados en un momento que, como dijo el canciller Felipe Solá, "implica una mayor responsabilidad para a quien quiera viajar".
Y lo cierto es que, por más que la oposición pueda expresar su solidaridad con quienes quedaron varados, se hace políticamente difícil argumentar que deban recibir una compensación económica. Es el tipo de medidas indefendibles en un país que -según la última medición de la Universidad Católica- tiene un 43,5% de pobreza y en el que sólo uno de cada cuatro chicos come todos los días.
El riesgo de enemistarse con la clase media
Del otro lado de la grieta han demostrado tener claro que hay un riesgo político relativamente bajo en la situación de los varados.
"No es tan grave, se van a quedar unos días más de vacaciones" fue la expresiva frase de Florencia Carignano, directora de Migraciones, que subió los decibeles de la polémica.
Pero aun así, también se ha notado, en las principales figuras políticas, un cuidado por no incurrir en excesos retóricos. Más bien, la consigna parece ser la de anteponer los argumentos sanitarios. Lo dejó en claro el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien dejó en claro que no hay discriminación de tipo regional en la medida, al admitir que un 45% de los viajeros residen en la provincia.
Tras anunciar cómo será la organización para aislar en hoteles durante cuatro días a los 270 ingresantes que cada día regresen de sus viajes, criticó a los opositores que "tratan de hacer política y electoralismo con esto" y los acusó de "militar los contagios".
Otro de los argumentos preferidos en el lado oficialista es la comparación internacional con países que en algún momento han cerrado por completo sus fronteras o que han cambiado sobre la marcha las exigencias sobre aislamiento a los recién llegados.
Ese cuidado en focalizar la discusión en los riesgos sanitarios deja en claro que en el Gobierno también se percibe que la discusión sobre los varados puede ser un arma de doble filo. Si bien, a primera vista, el perfil del turista varado coincide más con el votante macrista que con el peronista, hay un recuerdo de errores pasados que se quiere evitar.
Básicamente, no se quiere un gesto de enemistad explícita con la clase media, algo que ocurría con frecuencia durante la gestión de Cristina Kirchner, cuando los funcionarios decían que quienes concurrían a los cacerolazos de protesta sólo estaban motivados por la frustración de no poder comprar dólares para viajar a Miami.
De hecho, si de algo se ha cuidado el Gobierno en las últimas semanas es de enviar señales amistosas a la clase media, por ejemplo en el alivio del Impuesto a las Ganancias. No por casualidad, Sergio Massa, que suele ser el interlocutor del votante de clase media designado por la coalición gobernante, avisó que no habrá un efecto de licuación inflacionaria en esa medida, porque en septiembre se actualizará el mínimo no imponible.
Al calor del debate todo puede ocurrir, pero las señales mostradas hasta ahora indican que el Gobierno trata de no incurrir en errores del pasado. Por ejemplo, el de cuando recién se declaro la pandemia a nivel mundial y Alberto Fernández decretó que solamente se podía arribar al país a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas.
Fue un momento en el que se intentó generar una "épica de la cuarentena" en el que el mantra era que el Estado era el único actor que podía garantizar la presencia en momentos de desastre.
Pero fue una épica fallida: a los pocos días quedó en evidencia que los presuntos beneficiarios de la "ayuda" estaban furiosos porque debían pagar el pasaje cuando ya habían pagado el de las líneas extranjeras que, por decisión gubernamental, no podían llegar a Ezeiza. Para peor, luego quedó en evidencia que Aerolíneas tampoco estaba en condiciones logísticas de traer a todos los varados, lo que forzó al Gobierno a revisar su decisión y permitir la llegada de aviones de otras líneas.
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En definitiva, la situación de los varados se transformó en un nuevo capítulo de la guerra de relatos, en el que, como suele ocurrir con todos los temas, el resultado más probable será el del refuerzo de las creencias previas de las respectivas "minorías intensas" y la indiferencia de la mayoría que no puede siquiera imaginar en subirse a un avión.