Estatización de la salud: prepagas enfrentan al Gobierno y piden que se debata "de cara a la sociedad"
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El debate instalado por la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la reforma del régimen de salud tuvo este martes un nuevo capítulo a partir de la dura respuesta del titular de la cámara de prepagas, el empresario Claudio Belocopitt, quien advirtió que una de las formas de poner fin al sistema es "desfinanciarlo".
"Es una estrategia similar a la de obligar a un grupo de pilotos a despegar sin combustible suficiente y luego de que tres o cuatro aviones caigan al océano, intervenir la aerolínea y decir que los pilotos no estaban a la altura para estar a cargo del manejo de las aeronaves", sostuvo Belocopitt, en directa referencia a la "falta de respuesta" del Gobierno y a la posible idea de estatización del sistema.
Belocopitt leyó una declaración de la Unión Argentina de Salud (UAS), que encabeza, en la que expuso la crítica situación que afrontan las empresas del sector por el impacto de la pandemia y la falta de apoyo financiero por parte del Estado. En este marco, realizarán una presentación ante la Justicia para que se habilite una suba de las cuotas.
Aunque sin mencionarla, las palabras de Belocopitt fueron una clara respuesta a los dichos de la vicepresidenta, quien volvió a referirse al tema en un acto en La Plata.
"En su momento dije que debíamos repensar el sistema de salud y que debíamos ir a un sistema integrado entre los tres subsistemas que existen: público, obras sociales y prepagas y se armó un lío. ¿No está integrado acaso a las patadas y a la fuerza porque lo impuso la realidad ya que las prepagas no saben dónde colocar a la gente?", se preguntó la vicepresidenta.
Discusión "a la luz del día"
Por su lado, Belocopitt, consideró: "La estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso –la estatización por derecho- las autoridades elevan un proyecto al Congreso, este se debate y se aprueba de cara a la sociedad, y si fuese posible a la luz del día. Así se hizo en su momento con las AFJP, por ejemplo".
Luego, aseguró: "Si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero debería desfinanciarlo, ponerlo al límite de su capacidad operativa, arrodillarlo y mantenerlo así hasta que colapse, y su capacidad de atención sea deficitaria".
Dijo que "entonces, sobre los escombros, las ruinas y la salud de millones de argentinos, se expondría como un relato la excusa perfecta de que debe nacionalizarse bajo el supuesto de que el sistema no está en condiciones de dar respuestas sanitarias".
Sobre las versiones para estatizar el sistema, indicó que "las semanas y los meses pasaron, y las soluciones nunca aparecieron, situación inversamente proporcional a los rumores sobre la intervención del sistema que aumentaban y eran cada vez más profundos, ratificados, inclusive, por confirmaciones en off".
Estatización: el proyecto de La Cámpora
La vicepresidenta Cristina Kirchner busca impulsar una reforma integral del sistema de salud. "Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad", señaló este lunes la vicepresidenta.
El pedido de Cristina Kirchner para reestructurar el sistema de salud ya generó resistencia de la CGT, ya que los sindicatos temen perder el manejo y la recaudación de sus obras sociales.
El paper que hicieron circular dirigentes de La Cámpora se titula "Ejes centrales para un programa de salud 2020-2024".
La iniciativa promueve una reestructuración del sistema a través de una ley nacional y el surgimiento de un sistema integrado.
"Hay que recuperar la gobernanza del sistema de salud a través de la conducción global de políticas de salud de los organismos nacionales de salud bajo un criterio general de centralización normativa y descentralización operativa", señala el documento.
Asimismo, proyecta que una misma autoridad pueda tener injerencia en el Ministerio de Salud como en el PAMI, la ANMAT o la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), que es el ente que debería controlar a las obras sociales.
Uno de los puntos que generó más inquietud entre los directivos de las obras sociales sindicales tiene que ver con la recaudación. Temen perder el dinero que acumulado en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios.
"Poner en marcha el sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga: el subsector público obtendrá una remuneración por los servicios prestados a beneficiarios de la seguridad social y de seguros privados en el caso de las obras sociales con las que se celebren convenios se realizarán descuentos promedio de hasta un 33 % de los valores de mercado o de nomenclador definido, que podrá considerarse un subsidio explícito del Estado a la seguridad social y a los trabajadores a cambio de un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o en su defecto desde la SSS de todas las prestaciones", señala el borrador.
"Instaurar de una nueva modalidad para la ‘libre elección’ entre Obras Sociales que impida el desfinanciamiento de aquéllas y mejores prestaciones de salud para los afiliados", agrega el paper.
El proyecto también propone la necesaria intervención del Estado en los precios de los medicamentos y en determinadas prestaciones. "Utilizar el poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas", señala, y llama a establecer una suerte de paritaria nacional del sector de la salud para acortar las brechas salariales de los profesionales y formar a más de 100.000 enfermeros en todo el país.
Apunta también a la "integración del área de salud laboral al sistema integrado en reemplazo del sistema de riesgos del trabajo" y la creación de comisiones mixtas de seguridad e higiene que funcionen bajo la órbita estatal. Por último, en línea con algunas iniciativas sindicales, se propone ir camino a una historia clínica universal y a la digitalización de recetas.