Efecto Monotributo en la AFIP: Marcó del Pont pasó de ideóloga a "villana" para el kirchnerismo
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Mercedes Marcó del Pont es la "villana" del momento. No sólo la critican los contadores que suelen estar enojados con la AFIP por las complicaciones técnicas a la que se ven expuestos sino que ahora quedó expuesta políticamente como principal responsable por el "affaire monotributo".
Es un tema que rápidamente escaló de un problema técnico a un escándalo político, al punto que hoy una de las versiones que circulan en el ámbito político es la eventual renuncia de la funcionaria a su cargo de titular de la AFIP.
Lo que quedó en evidencia en las últimas horas es que el principal enojo proviene del propio Gobierno, más específicamente del sector kirchnerista, que considera un error imperdonable haber permitido que se llegara a la situación de reclamar el pago del retroactivo a los monotributistas.
La funcionaria formó parte de las reuniones de urgencia convocadas en los últimos días, cuando la irritación de los contribuyentes ya era un "trending topic" en las redes sociales y desde los medios de comunicación cercanos al Gobierno se reclamaba "más sensibilidad para ponerse del lado de los contribuyentes".
La celeridad con la que se encargó a Sergio Massa la elaboración de una nueva reforma que dejara sin efecto el cobro retroactivo y que además estableciera una recategorización más beneficiosa para los monotributistas de las escalas más bajas dan cuenta de la importancia política que el Gobierno asigna a este tema.
Se estima que son casi cuatro millones los inscriptos en el régimen del monotributo, de los cuales la mayoría se concentran en las categorías más bajas. Y el análisis político que se hace en el kirchnerismo es que muchos de estos contribuyentes que se iban a ver afectados por el cobro retroactivos forman parte de la base electoral del peronismo.
La preocupación en el oficialismo surge del convencimiento de que los monotributistas forman parte de esa clase media baja que más sufrió en la pandemia, porque debió bajar su nivel de actividad sin recibir una ayuda estatal a cambio. Es un segmento que no es lo suficientemente pobre como para recibir la asistencia monetaria directa del Estado, pero tampoco lo suficientemente rico como para verse beneficiado con el alivio en el impuesto a las Ganancias.
El encuestador y politólogo Artemio López argumenta que el sector de ingresos medio-bajos - que en el análisis estadístico por deciles que hace el Indec, se ubica entre el segmento 3 y el 6 y tiene ingresos individuales promedio desde $8.200 hasta $15.900- conforma un 40% del electorado. Y, por consiguiente, será el que definirá la elección, sin ataduras ideológicas sino atendiendo a su situación económica personal.
Es por eso que se entiende que la "marcha atrás" en la reforma del monotributo haya sido más motivo de alivio y festejo en el propio kirchnerismo que en la oposición. Pero ya quedó en claro que, igual que pasó con temas como las vacunas o las subas de precios, el monotributo pasará a formar parte de los flancos débiles que el Gobierno dejará expuestos en la campaña electoral.
Todavía no está claro si la situación llegará al punto de que le pueda costar el cargo a Marcó del Pont, que tiene defensores y detractores dentro del peronismo, pero lo que está claro es que sufrió una brusca "devaluación" en términos políticos. Traducido al lenguaje de los estrategas de campaña, pasó a formar parte de la categoría de los dirigentes "piantavotos".
Pieza clave del plan económico
Quien observe esta situación sin conocer los antecedentes de Marcó del Pont se sorprendería al comprobar cómo la misma persona que ahora es blanco de todas las críticas fue, hasta hace muy poco, considerada una de las más lúcidas ideólogas en materia económica y una funcionaria eficiente.
Entre sus logros más recientes, desde el punto de vista del Gobierno, se encontraba el decidido operativo de contralor sobre el sector frigorífico para dejar al descubierto las maniobras de evasión impositiva. A través de la fiscalización de la DGI, se estableció que nueve de cada 10 frigoríficos -sobre los 150 más grandes del país, que concentran el 72% de la faena- subfacturan o directamente no declaran exportaciones.
Fue un aporte que le aportó oxígeno político al Gobierno en la discusión con el sector cárnico, por el cierre exportador que hasta ahora no demostró éxito en el freno a los aumentos de precio.
Antes, Marcó del Pont también había quedado bien considerada en el universo K por la elevada recaudación que consiguió el aporte extraordinario de las grandes fortunas, uno de los logros políticos más festejados en el oficialismo. A pesar de la ola de recursos legales que surgieron tras la aprobación de la ley, la AFIP consiguió un elevado nivel de pago del controvertido aporte. Más concretamente, un ingreso extra para el fisco por $225.000 millones, según estimó la funcionaria.
Y, al mismo tiempo que prometía perseguir el cobro de aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el aporte, destacaba que la AFIP había adoptado medidas para aliviar el peso sobre los pequeños contribuyentes.
Fue así que anunció una flexibilización en las condiciones de planes de pago de deudas impositivas y previsionales para sectores críticos, así como la suspensión de ejecuciones fiscales para las actividades críticas que no habían logrado recuperar los niveles de actividad previos al inicio de la pandemia.
El año pasado, durante el peor momento de la economía -que se reflejaba en un desplome de la recaudación-, Marcó del Pont había promovido una moratoria.
"La mejor garantía para que el fisco recupere parte de las deudas acumuladas es que los contribuyentes puedan continuar con su actividad económica y generar capacidad de repago", justificó en ese momento. Y aportaba un dato estadístico contundente: cuando una empresa iba a liquidación, el Estado apenas recuperaba un 3,6% de las acreencias, mientras que cuando se implementaba un plan de facilidades, el índice de recupero subía a un 63%.
En septiembre de 2020, la titular de la AFIP tuvo un punto de inflexión positivo, cuando la recaudación tributaria empezó a evolucionar por encima de la inflación. La tendencia se intensificó a comienzos de 2021, cuando empezó a sentirse el impacto del boom de precios agrícolas, que incrementaba los ingresos por retenciones a las exportaciones.
En lo que va del año, la recaudación de impuestos asciende a $3,9 billones, una suba nominal de 68% -un 13% en términos reales-. Y de ese total, las retenciones agropecuarias dejaron $385.906 millones, lo que implica un impactante aumento de 203,9% respecto del mismo período del año pasado. Consciente de esa importancia, la fundación que dirige Marcó del Pont -formalmente está en uso de licencia-, sugestivamente publicó un informe en el cual sugería que el Gobierno incrementara las retenciones, pero ya no solamente como una fuente de ingresos sino como una forma de ayudar a una desaceleración en la inflación de alimentos.
La holgura fiscal llegó a tal nivel que provocó un debate interno sobre cuál debía ser el destino prioritario de esos recursos, si reducir más el déficit fiscal como señal al mercado, o si echar mano de los pesos extra para "lubricar" la economía.
Alineada con esta segunda postura, Marcó del Pont apoyó todas las iniciativas "progresivas" que en teoría incentivarían el consumo y castigarían a los aportantes de mayores recursos. Fue así que se llegó a la reforma de Ganancias, donde el alivio de los asalariados se ve compensado por los cambios de escala que incrementa el aporte de las empresas medianas y grandes.
Ideóloga y defensora del cepo
Pero, sobre todo, Marcó del Pont ocupó siempre un rol que excedió al de su cargo. Era una de las ideólogas del peronismo, y ya desde la campaña electoral, en su "think tank" desarrollista, la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), se encargó de coordinar y orientar a los técnicos que diseñaron el plan que se está aplicando en estos días. Se le atribuye incluso haber tenido influencia en la formación de funcionarios que hoy están en primera línea, como Cecilia Todesca y Matías Kulfas.
Uno de sus mayores triunfos fue la reivindicación del cepo cambiario, del cual ella fue autora intelectual en 2011, cuando ocupaba la presidencia del Banco Central.
Tras haber sido denostada por esa iniciativa -de la cual renegó el propio Alberto Fernández durante la campaña electoral- tuvo el gusto de ver cómo el propio Mauricio Macri se sentía obligado a reimplantarla sobre el final de su mandato, como única forma de detener la sangría de divisas.
"Es necesario discutir la desdolarización no sólo como un problema para la acumulación sino que es importante para el acuerdo social que las regulaciones cambiarias sean parte de una política macroeconómica permanente", dijo en una charla partidaria.
Y el año pasado, cuando el Gobierno pasó turbulencias ante la demanda de dólares por parte del público minorista -que en su momento más caliente llegó a los u$s1.000 millones mensuales- fue la ideóloga de reinstaurar el 35% de incremento por concepto de adelanto a cuenta de otros impuestos.
Cotización en baja
Pero la política es así: el mismo dirigente que un día es visto como un "cuadro valioso", puede ser luego objeto de la crítica de sus propios compañeros.
Hoy, Marcó del Pont, para los referentes del kirchnerismo, se transformó en el sinónimo de lo que no se puede hacer en el contexto de una crisis económica, y mucho menos si hay campaña electoral.
Las críticas van desde los cuestionamientos jurídicos a la medida del cobro retroactivo -y, de hecho, Marcó del Pont fue objeto de una denuncia judicial- hasta la "falta de sensibilidad y empatía" de la que se quejan los militantes en las redes.
Para los contadores, que hacía meses venían criticando la reforma del monotributo, la marcha atrás constituyó "la crónica de una muerte anunciada".
Para el kirchnerismo, un nuevo error no forzado que implica jugar con fuego en un momento de hipersensibilidad social. Sin defensores ni a derecha ni a izquierda, la que en su momento fue vista como una de las ideólogas del Gobierno quedó en la cuerda floja.