El temor del Gobierno: aun con toda la población vacunada, ¿la elección se definirá por la economía?

Mientras el Gobierno aplica toda su energía política a la "batalla de las vacunas", hay un fantasma que recorre las oficinas de los funcionarios y dirigentes oficialistas: que finalmente, y en contra de lo que sugieren las encuestas, lo que termine definiendo la elección legislativa vuelva a ser la economía.

El razonamiento es el siguiente: el tema vacunas genera incertidumbre y es un reclamo urgente de la sociedad, que castigará severamente al Gobierno si no se cubre rápidamente una porción mayoritaria de la población. Pero esto no debe confundirse con la creencia de que, ya vacunada, la sociedad reaccionará con "gratitud" y transformará el alivio en un voto oficialista.

Es un tema que se discute entre referentes del kirchnerismo, que creen incluso que aun si se ganara la batalla de la opinión pública -respecto de si la gestión de la campaña vacunatoria fue buena o mala, transparente o corrupta- y aun cuando las denuncias como la realizada por Patricia Bullrich sobre el caso Pfizer caigan en el descrédito, el Gobierno no tiene el camino despejado.

Porque, en definitiva, esa es una pelea del público más politizado, que moviliza a las denominadas "minorías intensas". El resto del electorado, y especialmente el de bajo nivel socioeconómico con urgencias cotidianas para cubrir sus necesidades básicas, sólo quiere sacarse de encima el temor a contagiarse el virus.

Ese temor a estar indefenso ante los contagios es el tercer motivo de preocupación general, según una encuesta realizada por la consultora Analogías, cercana al kirchnerismo. El segundo también refiere a la pandemia: es el del colapso del sistema sanitario. Pero el primer puesto en los problemas que aquejan a la sociedad es la inflación -o, mejor dicho, la pérdida de poder adquisitivo-.

Y por eso el razonamiento que se hace entre los estrategas más preocupados del oficialismo es que se caiga en el error de creer que hay una relación directa entre gente vacunada e intención de voto oficialista.

Más bien al contrario, crece la sospecha de que, con el correr de las semanas y a medida que más gente haya recibido su dosis, el "efecto vacuna" pueda disiparse y lo que quede en la superficie sea el enojo por el empeoramiento de la economía. Los antecedentes de las derrotas electorales del kirchnerismo en 2013, 2015 y 2017 son una llamada de atención en ese sentido.

Pese a la aceleración de la campaña vacunatoria, en el oficialismo hay preocupación por el humor social

También del otro lado de la grieta existe esa percepción. Por caso, Jaime Durán Barba, uno de los analistas más escuchados en todo el espectro ideológico, señala: "La gente siente que vacunarse es un derecho, no una dádiva de políticos que quieren parecer simpáticos. Exige que cumplan con su obligación y está atenta a cualquier falla que se presente en el proceso. La imagen de un manejo neutral y profesional de algo tan terrible habría engrandecido al presidente. Si Alberto piensa ganar las elecciones porque maneja la vacunación con viveza está equivocado".

Y recuerda ejemplos históricos en el sentido de que el liderazgo en momentos de crisis debe también ofrecer una esperanza de mejora a futuro -después de todo, destaca, el propio Winston Churchill perdió las elecciones tras haber ganado la guerra-.

Señales de malhumor social

Las primeras advertencias en ese sentido empezaron entre los comunicadores y referentes más cercanos al kirchnerismo, que desde hace tiempo vienen mostrándose críticos por la vocación fiscalista del ministro Martín Guzmán. Pero luego la polémica se concretó entre los propios dirigentes, con episodios que tomaron estado público, como la polémica sobre las tarifas y el enfrentamiento entre la "línea Guzmán" contra la "línea Kicillof".

El hecho de que el ministro se las haya ingeniado para que el gasto público haya evolucionado a la mitad de la velocidad que los ingresos fiscales en el primer cuatrimestre del año -un gesto que fue apreciado en el mercado y que sirve como carta negociadora ante el Fondo Monetario Internacional- resultó escandalosa en la facción más cercana a Cristina Kirchner.

Y esa sospecha de que, una vez más, será la economía la que defina la elección es algo que genera temor en el oficialismo, porque las perspectivas para el segundo semestre del año son de un deterioro, tanto en los números macro como en la "sensación térmica" del bolsillo.

De hecho, la encuesta REM que realiza el Banco Central entre economistas mostró, por segundo mes consecutivo, una disminución en las expectativas de crecimiento de la economía. Ya nadie cree en el optimista pronóstico de 7% que realizó Martín Guzmán, y hay quienes prevén un modesto rebote de 4%, luego de una caída de 9% el año pasado.

Esa peor perspectiva de crecimiento coincide con un mayor pesimismo sobre la inflación, al que el promedio de los economistas ubica en 48% para fin de año, cuando los gremios que firmaron los mejores acuerdos lograron un 35%.

Ya hay, cotidianamente, señales en el sentido de un agotamiento. Por caso, el final de la fase "responsable y comprensiva" -como definió el ministro de Trabajo, Claudio Moroni- de los dirigentes sindicales.

No solamente hay pedidos de revisión salarial por parte de los gremios poderosos, como los camioneros o los bancarios, sino que incluso entre los estatales, que firmaron un acuerdo de ajuste por 35% con el ministro hace apenas dos semanas, hay signos de rebeldía.

Del lado de los ingresos, las organizaciones sociales han sido las más punzantes, al calificar como insuficientes los planes de asistencia anunciados por el Gobierno. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, es uno de los funcionarios que más ha sufrido esa tensión: por un lado, debió explicar por qué no se puede justificar la repetición de una experiencia como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE, que tuvo un costo fiscal cercano a un punto del PBI), pero por otra parte les da la razón a los dirigentes sociales como Emilio Pérsico, que calificó los subsidios como "pan para hoy y hambre para mañana".

El Gobierno ha reforzado el paquete de ayuda, que incluye programas como la Tarjeta Alimentar, la Asignación universal por Hijo y la de embarazo, el plan Potenciar Trabajo, las becas, el plan Egresar. Y, en estos últimos días en que se volvió a la restricción de actividades, un Repro reforzado, que amplió tanto el dinero como los rubros a recibir la ayuda.

De todas formas, las incipientes señales de rebelión fiscal por parte de los pequeños comerciantes están marcando la insuficiencia de esta ayuda.

Por otra parte, es notorio el malestar de quienes sienten que pueden ser la variable del ajuste. En estos días el mayor enojo viene de parte de los monotributistas que deberán afrontar el incremento retroactivo de sus obligaciones. Es un segmento muy representativo de la clase media y media-baja, que tiene fuerte presencia en las redes sociales y marca tendencia en el debate. Y hacen saber su malhumor.

También hay críticas en el sentido de que el alivio en el impuesto a las Ganancias a los asalariados de más de $150.000 será inevitablemente una nueva mochila en las espaldas de las pymes.

La oposición está dispuesta a sacar provecho político de este tema. Por caso, el diputado Luciano Laspina califica la última reforma de Ganancias como "una aberración". Su argumento es que castiga la reinversión de utilidades con "la alícuota más alta del planeta", lo cual incentiva la distribución de dividendos. "¡Sube impuestos a las empresas y se los baja a los empresarios!", sostiene el diputado macrista.

Lo cierto es que la alícuota de 35%, que se aplica a las empresas que ganan más de u$s27.000 mensuales, ubica a Argentina en el "top ten" de los países con mayor presión a nivel mundial.

"En un país sin crédito la reinversión de utilidades es el principal capital de largo plazo de una empresa. Subir este impuesto es atentar contra la inversión y el empleo. Un clásico del kirchnerismo cuyo modelo garantiza menos empleo privado y más asistencialismo del Estado", acusa Laspina.

Pero, si de variable de ajuste se trata, la peor parte la vienen llevando los jubilados y pensionados, una masa de ocho millones de personas que, tras el cambio de fórmula indexatoria, han sufrido las consecuencias de una reforma pro-cíclica (es decir, que reduce los haberes cuando sube la inflación). Todavía no hay encuestas que lo midan, pero nadie en el Gobierno cree que el agradecimiento por haber recibido la vacuna puede neutralizar la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo.

Es por esto que una de las preocupaciones centrales en el kirchnerismo es que se acentúe la compensación mediante bonos, al menos para atenuar la caída del ingreso en la franja de quienes cobran el haber mínimo.

Las señales de descontento social se acumulan y el kirchnerismo busca la forma de aumentar el gasto público

El fin de la ortodoxia: crece el pedido por más gasto

En definitiva, si hay una consigna que está cobrando fuerza en estos días en el oficialismo es que no queda margen para medidas de ajuste.

Es por eso que las presiones para un giro brusco en materia económica se están notando cada vez con más fuerza. Y se traducen, por ejemplo, en pedidos para que no haya timideces en el aumento del gasto público e incluso para que esto se realice bajo el riesgo de una expansión monetaria.

Así ocurrió, por ejemplo, con un grupo de economistas del Frente de Todos, conducido por el ex viceministro Roberto Feletti, que aprobó un documento crítico hacia ciertas políticas de Guzmán y del Banco Central.

"El veloz angostamiento del déficit fiscal no ha sido determinante en la estabilización del mercado cambiario de contado con liquidación. Sin embargo, retirar los estímulos a la demanda puede complicar la recuperación en curso", afirma el documento.

En síntesis, para estos economistas llegó la hora de gastar. Elogian la capacidad de los funcionarios para estabilizar el frente cambiario, pero reclaman que se aproveche el momento favorable del mercado internacional para estimular la economía. Y, concretamente, que el robusto superávit comercial que se espera como consecuencia de la "supersoja", se traduzca en una mejora del poder adquisitivo.

"Con solvencia externa y regulaciones viables sobre el abastecimiento de bienes esenciales, mantener ciertos niveles de impulso a la demanda por la vía monetaria y fiscal es virtuoso", argumentan.

Es un punto en el que la visión oficialista choca de frente con la de la oposición, que advierte sobre la generación de una "bomba inflacionaria".

Uno de los más duros sobre este punto fue el ex ministro Alfonso Prat Gay, que recordó que los intereses que paga mensualmente el Banco Central ya supera los $100.000 millones.

Y se permitió un sarcasmo, aprovechando la presencia del jefe de gabinete en el Congreso: "El presidente dijo que iba a bajarlos para aumentar las jubilaciones, ¿te acordás? Bueno, los duplicó. Cuéntenle a Cafiero que se le van alrededor de 70 millones de vacunas por mes en Leliqs".

Más allá de las chicanas de campaña, el Gobierno está al tanto de los riesgos que señala la oposición. Pero se ve en una disyuntiva. Ya no cree posible sostener todo el año electoral con vacunación masiva y ajuste fiscal. Ahora está convencido de que tiene que gastar.