La riesgosa apuesta electoral del Gobierno: priorizó las vacunas sobre los recursos fiscales
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En la Argentina de hoy, cuatro meses es largo plazo y seis meses, una eternidad. Es lo que falta, respectivamente, para la celebración de las PASO y de las elecciones legislativas luego del acuerdo entre el Gobierno y la oposición para posponer las fechas de los comicios de mitad de gestión.
Y el debate que se instaló entre los analistas es si este nuevo cronograma en el que insistió el peronismo podrá, efectivamente, ser una ayuda a la hora de los comicios o si, por el contrario, el correr de los meses no hará más que acumular elementos que perjudiquen al oficialismo.
Entre los politólogos no hay dudas respecto de cuál fue la motivación fundamental que llevó al Gobierno a querer estirar los plazos: llegar al día de la votación con la mayor cantidad de argentinos vacunados.
Desde ese punto de vista, no cabe duda que el tiempo juega a favor del Gobierno: hará aparecer más lejano el escándalo del vacunatorio VIP y la fallida epopeya que había soñado Ginés González García, que prometía tener para febrero 10 millones de vacunados. Lo cierto es que en mayo todavía no se llegó a esa cifra, y con un agravante: la gran mayoría de quienes están recibiendo la primera dosis lo hacen a expensas de que se pospuso la segunda dosis de quienes ya figuraban en el esquema.
Es por eso que cada noticia de nuevos acuerdos, como el reciente de la llegada de cuatro millones de dosis de vacunas de AstraZeneca levanta la moral de la tropa peronista con vistas al resultado electoral. La apuesta es que el tema que hoy aparece como primero en la preocupación de los argentinos termine por jugar como carta ganadora.
Las encuestas, hasta ahora, marcan una fuerte desconfianza en el sentido de que el Gobierno sea capaz de gestionar con eficiencia y transparencia la campaña vacunatoria. Según el reciente sondeo de Management & Fit, un 53% de la población tiene una mirada negativa al respecto.
Sin embargo, cuando se mira con lupa los números, se entiende que el Gobierno abrigue una esperanza. Esa cifra, a pesar de ser alta, viene en descenso respecto del peor momento -cuando se conoció la situación de "vacunados VIP"- en que el rechazo era del 60%.
Y los números sobre la aprobación de la gestión de Alberto Fernández tuvieron una leve mejora desde 35,1% a 36,7%.
La expectativa del Gobierno es que con los nuevos acuerdos para la llegada de vacunas "cambia el curso de la segunda ola de la pandemia en el país", según las palabras de la ministro Carla Vizzotti. El objetivo es que al momento en que la campaña electoral ingrese en su fase caliente ya estén vacunados toda la población de riesgo y todos los trabajadores de sectores definidos como "esenciales". Hoy están vacunados un 76% de los mayores de 60 años.
La economía, jugando en contra
Pero la estrategia de posponer las PASO no termina de generar unanimidades. Porque, aun a pesar de los temores que despierta la pandemia, en la Argentina el gran factor determinante a la hora de las elecciones sigue siendo la economía.
Y es ahí donde el Gobierno encuentra su mayor contradicción: el tiempo, que juega a favor desde el punto de vista sanitario, ofrece amenazas en los precios, en la estabilidad del dólar y en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.
El Gobierno tuvo que priorizar y eligió el tema de la salud. Pero no desconoce la otra parte de las encuestas: un contundente 60,9% responde que la situación económica estará peor o mucho peor dentro de algunos meses. Los optimistas que creen que la situación podrá mejorar no llegan al 19% -es decir, están muy lejos de la base electoral que apoyó a la coalición de Gobierno en 2019-.
Es un nivel de pesimismo sobre la economía que las encuestas no registraban desde hacía años y que supera incluso el peor momento del macrismo, cuando el dólar parecía fuera de control hacia fines de 2018.
En definitiva, el hecho de que se vote en septiembre para las PASO y en noviembre para las legislativas generales implicará todo un desafío para los estrategas del Gobierno. En el medio de ambas votaciones, se conocerá el nuevo dato de pobreza -que reflejará la situación del primer semestre de este año- y todo hace prever un nuevo número impactante.
Pero, sobre todo, jugarán en contra los números. Para cuando se celebren las PASO, la inflación ya habrá acumulado un 34%, tomando en cuenta las proyecciones más benevolentes de las consultoras de la City.
Y, en contraste, los salarios y las jubilaciones correrán de atrás. La mayoría de los acuerdos salariales que se firmaron en los primeros meses del año respetaron la consigna del ministro Martín Guzmán y superaron apenas en cuatro o cinco puntos la previsión oficial del 29%. Muchos de ellos se perciben en cuotas e implican la recuperación de parte del salario que se había perdido durante el año pasado.
De manera que cuando se esté en plena campaña electoral, la mayoría de los gremios que firmaron esos convenios ya estarán reclamando la aplicación de las cláusulas de revisión, lo que implica un muy probable incremento de la conflictividad sindical justo en el momento en el que el Gobierno quedará más expuesto a las críticas.
Un detalle importante es que entre los más perjudicados por la pérdida de poder adquisitivo estarán los empleados estatales y los jubilados, que con la nueva fórmula indexatoria están perdiendo mes a mes y obligan a la Anses a pagar bonos compensatorios para los beneficiarios de la mínima.
Una caja que se deteriora con el tiempo
Pero hay más factores en los cuales el paso del tiempo jugará en contra del Gobierno. Uno de ellos será el fiscal. Ocurre que la relativa holgura de la que disfruta por estos días la AFIP ha sido posibilitada por una serie de hechos excepcionales que difícilmente se sostengan en el segundo semestre del año.
Uno de ellos, naturalmente, fue el ingreso extraordinario del aporte cobrados a las Grandes Fortunas, que hasta inicios de mayor había dejado en las arcas públicas $300.000 millones, aproximadamente un 80% del universo de contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones.
Pero es un fenómeno de única vez. De la misma manera que muchos temen que termine pronto la fiesta del boom agrícola. Las retenciones a las exportaciones de granos -que en abril tuvieron un impactante crecimiento de 183% anual- se han convertido en la gran estrella de la recaudación tributaria.
Esto implica que en el primer cuatrimestre del año la exportación agrícola deja en las arcas de la AFIP un monto de $294.871, equivalentes a casi el 10% de la recaudación total.
Con la soja a u$s600, son muchos los que festejan por el inesperado aire fiscal y cambiario. Sin embargo, también hay voces que alertan sobre este tema. Para empezar, porque ese mayor precio puede verse contrarrestado por una menor cosecha a la esperada.
Problemas de gestión, sumados a factores climáticos, podrían llevar a que la exportación de soja termine ubicándose u$s1.340 millones por debajo de las previsiones, según estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Pero aun cuando el furor de la soja tapara esa situación, hay que tener en cuenta el particular "timing" que históricamente ha manejado el campo. El grueso de la entrada de divisas suele concentrarse entre marzo y junio, cuando se vende aproximadamente la mitad de la cosecha.
Luego, empieza a jugar el clásico "goteo" que tanto irrita a los Gobiernos. Los productores, calculadora en mano y con la mirada fija en el dólar, van soltando los porotos retenidos en los legendarios silobolsas a medida que van teniendo necesidad de saldar obligaciones financieras. Y el momento de menor nivel de ingresos suele ser, precisamente, el tercer trimestre del año, cuando la campaña electoral esté en su máximo nivel de decibeles y cuando el Gobierno necesite echar mano a recursos fiscales.
Y, casualmente, en los meses finales de la campaña electoral será cuando Guzmán tenga un calendario de pagos más exigente. Unos $900 millones que pondrán a prueba la credibilidad de un ministro al que cada vez le cuesta más caro poder "rollear" los vencimientos de deuda.
"Pan para hoy y hambre para mañana"
Acaso lo más irónico de la situación es que, con el escenario externo favorable y el ingreso extra de u$s4.370 millones por la capitalización del Fondo Monetario Internacional, cualquier gobierno estaría previendo un clima de calma para la segunda parte del año. Sin embargo, los analistas más influyentes de la City consideran que el propio oficialismo se está autoinflingiendo los problemas.
"Quién díría -se asombra Marina del Poggetto, directora de la consultora Eco Go- que la principal pregunta que recibimos siga siendo si el Gobierno puede evitar una nueva disparada en la brecha cambiaria antes de octubre que acelere aún más la inflación, y fundamentalmente cómo se ordena la política y la economía el día después".
"Es que cuando los grados de libertad aparecen, la política siempre prioriza el corto plazo de cara a la próxima elección por sobre cualquier intento de estabilización que permita alargar el horizonte de decisiones al sector privado", afirma la economista en alusión a las polémicas internas del Gobierno respecto de qué finalidad se debe priorizar para estos nuevos recursos, incluyendo los mayores ingresos fiscales y los dólares del FMI.
Y afirma que, con la actual estrategia, el Gobierno no sólo está perdiendo una oportunidad para encauzar la economía sino que está "poniendo en riesgo su propia estrategia cortoplacista".
Lo raro del momento es que no son pocos los adherentes del Gobierno que están criticando la actual estrategia, a la que no le ven posibilidades de sostenibilidad a mediano plazo.
Pocos lo afirmaron con tanta elocuencia como los dirigentes piqueteros Emilio Pérsico y Juan Grabois, que criticaron la propuesta oficial de reforzar la Tarjeta Alimentar, a la que calificaron como "un parche" frente a la necesidad de creación de trabajo genuino mediante un plan de obra pública. "Es pan para hoy y hambre para mañana" fue la expresiva definición de Pérsico ante la serie de anuncios con los que el Gobierno intentó calmar la corriente interna de reclamos para una mayor asistencia social.
Lo cierto es que el calendario fiscal no juega a favor, y si los movimientos sociales no se muestran contentos con la situación de mayo, difícilmente lo estén en agosto y septiembre, cuando la pérdida de capacidad de compra del salario sea evidente. Para ese entonces las arcas fiscales ya estará más apretadas que hoy.
Muchos dirigentes kirchneristas lo saben, y por eso están ya reclamando el diseño de una nueva reforma tributaria, con foco en una suba de las alícuotas de Bienes Personales.
Mientras tanto, la carrera contra el tiempo continúa. El Gobierno celebra cada vacuna que llega y ruega para que la soja haga el resto en el largo período que falta para las votaciones.