Camioneros bloquea a otra empresa: ¿se impone la "ley Moyano"?
El sindicato de Camioneros, liderado por el clan Moyano, bloqueó este lunes una planta de la empresa Química Oeste, ubicada en el partido de Esteban Echeverría. De esta manera, el gremio de Hugo Moyano sigue desplegando un modus operandi que genera preocupación en el ámbito empresario.
El nuevo bloqueo tiene como objetivo que 3 de los 60 trabajadores directos que tiene la compañía dejen el convenio colectivo de trabajo de Comercio y pasen al de Camioneros.
En respuesta a la medida de fuerza de Moyano, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) emitió un comunicado en el que manifiesta "su profunda preocupación".
"La medida de fuerza señalada cercena los derechos de trabajar y de ejercer toda industria lícita consagrados en la Constitución Nacional, e implica un nuevo golpe para la actividad productiva, ya muy golpeada por las consecuencias de la pandemia y las restricciones asociadas, una crisis macroeconómica de tres años y un estancamiento de casi una década", sostiene la CAC.
Y agrega: "Por todo lo anterior, la CAC manifiesta su enérgico rechazo al bloqueo señalado y aboga por que en la mayor brevedad posible las autoridades tomen las acciones necesarias para que se reestablezcan las operaciones habituales".
Bloqueos sin freno: ¿triunfa la "ley Moyano"?
El lunes, Hugo y Pablo Moyano firmaron con Francisco De Narváez un entendimiento que cerró el conflicto de 39 días que amenazaba con paralizar la logística de Walmart y provocar desabastecimientos. Se trató de un acuerdo que otorgó una gratificación para 505 operarios del centro de distribución de La Tablada, provincia de Buenos Aires, representados por Camioneros.
Tal como informara iProfesional, la cadena de supermercados decidió compensar a cada representado por Camioneros por la venta de la empresa. Los pagos serán de acuerdo a la antigüedad: comenzarán en los 110.000 pesos y llegan hasta el millón de pesos, siendo la media superior a los $300.000. Este bono se pagará en cuotas.
El pedido, ya conocido popularmente como "Ley Moyano", se asienta en la idea de que una compañía, en este caso el Grupo De Narvaez, debía indemnizar a los trabajadores por el cambio de firma y retomarlos con la misma antigüedad.
El planteo de los Moyano no es nuevo. Desde hace más de 20 años Camioneros encara protestas en ese sentido cada vez que se produce la venta de alguna empresa. El puntapié lo dio en 1998, cuando finalizó la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal. Allí consiguieron que se indemnice a los recolectores, que terminaron reincorporados en otras empresas.
En adelante la "ley Moyano" se impuso en las municipalidades donde hubo cambios en el servicio de recolección, pero también en el sector privado. Entre otras pagaron una distribuidora de la cervecería Quilmes y las filiales locales de DHL y FedEx.
Por estas horas Camioneros mantiene conflictos abiertos por el mismo reclamo en Garbarino y en el correo privado OCA.
La crítica empresaria y la posición de Moroni
La magnitud y lo mediatizado del conflicto entre Moyano y De Narváez, que derivó en el pago de casi 230 millones de pesos de parte del empresario a los operarios y la amenaza de extender el reclamo a otros rubros, subió al ring a todos los actores del mundo del trabajo. Desde las cámaras empresarias hasta el Ministerio de Trabajo Claudio Moroni dejaron su mirada.
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) criticó a Camioneros y los acusó de "desalentar a los empresarios dispuestos a realizar inversiones". Además catalogó de irracional el pedido y de provocar "distorsiones y privilegios de unos trabajadores por sobre el resto".
También la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se mostró preocupada. Indicaron que "no corresponden este tipo de pagos porque hay una continuidad jurídica", y agregaron: "La gente trabaja en la empresa y se le mantiene la antigüedad y los derechos que ya tiene. No corresponde un cargo o un pago extra por fuera".
Otro que se animó a hablar en on fue Martín Cabrales, vicepresidente de la marca de café que lleva su apellido. El empresario mostró su malestar por el reclamo y ponderó la actitud de De Narvaez: "Entiendo que la empresa que compró Walmart ha hecho todos los esfuerzos y negociaciones para evitar un problema que no tendrían que haber tenido. Hay que agradecer a empresarios como De Narváez que siguen invirtiendo en la Argentina".
El conflicto también provocó incomodidad en el Ministerio de Trabajo, encargado de mediar en estas instancias. El propio Claudio Moroni abordó el tema y dejó la interpretación del Gobierno sobre el diferendo: "No hay ninguna norma que obligue a la empresa a pagar", reconoció el ministro, aunque puso el acento en la complejidad del asunto.
Para el funcionario, normalmente existen dos tipos de conflictos: uno de derecho, donde se reclama el cumplimiento; otro de intereses, donde se exige la creación de un derecho. Y en este caso se trata de un "conflicto de intereses" por lo que el pedido es legítimo. "El Ministerio de Trabajo en el conflicto de intereses lo único que hace es juntar a las partes, pero existen (los conflictos), y se reclama un nuevo derecho", describió.
La Mirada de los laboralistas
La "Ley Moyano" también abre el debate entre los abogados y pone al derecho del trabajo en tensión. Para Gustavo Ciampa, abogado laboralista y presidente de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, "La historia de los derechos laborales es la pretensión de reivindicaciones que terminaron consagrándose en derechos". En ese marco, el reclamo de Moyano podría caracterizarse como "la pretensión de que se reconozca un derecho que hoy no existe. Y eso es el avance del derecho laboral".
En declaraciones a iProfesional, el letrado definió de "legal" el reclamo porque es la "reivindicación que el gremio busca que se convierta en derecho". Además explicó que "cuando hay conflicto de intereses una de las herramientas de canalización es el derecho de huelga. Un montón de los derechos conquistados en los convenios colectivos comenzaron así".
Por su parte, para Juan Carlos Cerutti, abogado laboralista y Director del estudio Plan A, el planteo de los Moyano "no tiene ningún sustento legal en la Ley de Contrato de Trabajo, más que un pedido en función de la venta de la compañía a otra empresa".
El jurista reseñó que en el caso de una transferencia los empleados pueden considerarse despedidos y pedir una indemnización. Se trata del Art 226 de la Ley de Contrato de Trabajo. "Moyano se sube a eso, pero no sólo se considera despedido sino que pide seguir con la antigüedad. Eso es lo ilegal. Lo ilegal es forzar esa negociación".
Además aseguró que proyectar el pedido de Camioneros en una potencial modificación de la Ley de Contrato de Trabajo "es demasiado". "Nadie va a indemnizar y tomar con la misma antigüedad. Podría indemnizar y tomar con la antigüedad 0. De hecho muchas compañías se venden así para no comprar el pasivo laboral".
Por último se refirió puntualmente al caso Walmart y puso el acento en la importancia que tiene la logística en los supermercados. "Moyano no logró lo que quería en un principio, pero llegó a un bono que no parece tan descabellado. Es un premio para cada empleado en función de que se vendió que no está basado en una norma legal. Lo que pidió no parece ser lógico, pero logró algo que pareció ser lógico".