La Procuración General de la Nación dijo que es inconstitucional la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad
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La Procuración General de la Nación consideró este jueves inconstitucional el decreto del presidente Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales, en el dictamen que presentó ante la Corte Suprema de Justicia por el conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires en torno al tema.
El dictamen, que es de carácter no vinculante, fue entregado a la Corte, que quedó en condiciones de decidir sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en contra de las medidas adoptadas por el gobierno nacional.
En el dictamen, el procurador general interino, Eduardo Casal, evaluó que "los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles".
El procurador señaló que la orden dictada en el DNU 241 "a la que la actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen de autonomía de la Ciudad, representa una conducta explícita de la demandada, con entidad suficiente para sumir a la peticionante en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica".
La Ciudad ratificó su defensa de las clases presenciales
Por otra parte, más temprano, la Procuración General porteña realizó este jueves una presentación ante la Corte Suprema de Justicia en la que ratificó la postura de la administración de Horacio Rodríguez Larreta de mantener las clases presenciales en ese distrito y habló de "falta de coordinación" entre el Ministerio de Educación de la Nación y el resto del Gobierno.
La presentación se hizo efectiva en el marco de la disputa entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por la presencialidad en la aulas, tras el decreto del presidente Alberto Fernández que dispuso su suspensión en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la cautelar que presentó luego el jefe de Gobierno porteño.
En el escrito, la Procuración a cargo de Gabriel Astarloa recordó "la postura en favor de la continuidad de las clases presenciales sostenida ante la prensa por el titular de la cartera educativa, horas antes de que el Presidente de la Nación anunciara en cadena nacional los lineamientos del decreto 241".
De esa manera aludieron a lo que había manifestado el ministro Nicolás Trotta antes del anuncio presidencial, al tiempo que señalaron que en el expediente judicial el Gobierno nacional no presentó informes con la opinión técnica del Ministerio de Educación de la Nación.
"A nuestro entender esta omisión refleja no sólo la falta de coordinación en la articulación de una medida tan importante como es suspender la presencialidad en las escuelas, sino también la arbitrariedad del decreto aquí cuestionado", expresa el escrito de la Procuración porteña.
Debate sobre los datos epidemiológicos
Además, el organismo indicó que el Gobierno nacional "presenta datos a nivel mundial, del país y del AMBA, pero en ningún caso presenta información relacionada concretamente con la situación epidemiológica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que torna a dichos informes en insuficientes" para tomar la decisión de suspender la presencialidad.
En este sentido, la Ciudad insistió en que las clases presenciales no generaron un aumento de casos y ni tampoco en el uso del transporte público y afirmó que hasta el 22 de abril pasado en la Ciudad de Buenos Aires hubo 9.008 casos acumulados en el sistema público y privado de educación y el porcentaje de positividad por contacto fue del 0,012.
Para la Procuración, "esta circunstancia sumada a que la ocupación de camas en el sector público del sistema de salud con casos graves no superó hasta la fecha del DNU N° 241/PEN/2021 el 45% de ocupación, sustentan la necesidad de sostener la presencialidad en forma conjunta con el monitoreo estricto de los indicadores epidemiológicos".