La verdadera estrategia política tras la amenaza de cerrar la exportación de carne: una versión K del "hagan algo"

"No importa el gobierno pasado. La estamos pasando mal ahora. ¡Hagan algo, por favor!". La frase, dicha por un obrero de la construcción al ex presidente Mauricio Macri en 2019 durante una clásica recorrida presidencial por una obra, se transformó en un clásico instantáneo. En su lacónica elocuencia, pintaba cómo la mayoría de la opinión pública veía al gobierno en un momento en que la recesión no daba cuartel y los funcionarios daban una sensación de estar sin respuestas.

Para la entonces oposición kirchnerista, "hagan algo" se transformó casi en un eslogan de campaña electoral, una forma de sintetizar la impotencia de un gobierno ante la crisis. Pero la política argentina tiene muchas vueltas, al punto que hoy quienes están siendo objeto de reclamos sobre "hacer algo ahora" son los propios funcionarios de Alberto Fernández.

Y no es que los reclamos sean únicamente los que llegan en forma de chicanas de parte de los macristas. Más bien al contrario, la mayoría de los reclamos sobre la implementación urgente de mayores medidas de asistencia a la franja más pobre de la población proviene desde el kirchnerismo, que ve a los miembros del gabinete demasiado obsesionados por la disciplina fiscal.

Este estado de tensión interna es, en gran medida, lo que explica la polémica generada en torno a la amenaza de Paula Español, la secretaria de Comercio Interior, sobre un eventual cierre total de la exportación de carne.

Tras la catarata de críticas que provocó la frase, incluyendo el recordatorio del desastre ocurrido por el cierre exportador del año 2007 -cuando a una breve caída de los precios luego le siguió una suba originada en la caída del stock vacuno, que perdió 12 millones de cabezas-, el gobierno salió a poner paños fríos. Cecilia Todesca, la vicejefe de gabinete, dijo que no estaba pensando en esa medida drástica.

"Lo que sí nosotros hemos dicho claramente es que tiene que estar normalmente abastecido el mercado interno y a precios razonables", agregó. Y reiteró la postura oficial en el sentido de que las subas de precios en el mercado internacional no pueden implicar un encarecimiento de los alimentos en el mercado interno.

Esta aparente contradicción refleja, en realidad, la misma dualidad que había mostrado el propio Alberto Fernández, durante una reunión con la Mesa de Enlace de las gremiales agropecuarias en febrero pasado, cuando el producto polémico era el maíz.

"Yo no quiero aumentar las retenciones ni poner cupo a la exportación; se interpretó como una amenaza lo que fue una convocatoria a todos los sectores para resolver el problema de que los precios de los alimentos están caros, inaccesibles", había dicho el mandatario en esa ocasión.

Y todos interpretaron cuál era el sentido de la postura del Presidente: se aspiraba a que fuera el propio sector privado el que buscara una forma de auto-regulación para evitar las subas de precios. Y, de hecho se mencionó explícitamente el caso del aceite, en el que se instauró un fideicomiso por el cual parte de la renta exportadora funciona como subsidio para el producto en el mercado interno.

Otro antecedente de mercado auto-regulado ocurrió el año pasado cuando en la cadena del maíz, los propios productores, ante el rumor de un cierre exportador, impulsaron un acuerdo con los demás miembros de la cadena y llegaron a un acuerdo de precios. Los expertos del sector calificaron esa decisión como una "medida defensiva", porque aunque implicó resignar rentabilidad evitó las distorsiones de un cierre exportador.

Para el Gobierno, revertir la caída en el consumo de carne se transformó en un objetivo político

Y sobre fin del año pasado ya se había enviado un mensaje específico para el sector cárnico, con el foco en la necesidad de "agregar valor". El subsecretario de ganadería, José María Romero, ante la insistencia de los empresarios del sector en la jornada de la Federación de Industrias Regionales Argentinas (Fifra), había desmintido una intervención a la exportación. Pero aclaró que el incremento de la producción debía estar acompañado por un mayor valor de procesamiento, de manera de mejorar el ingreso de divisas, pero, además "con una mirada hacia adentro".

Y de hecho, hubo señales concretas en ese sentido, por ejemplo con la reasignación del cupo Hilton para exportar con beneficios arancelarios a Estados Unidos. Ahora ya no se le asigna la cuota al que llega primero, como se estilaba, sino que se implementará un régimen que priorice a los productores de mayor valor agregado.

El objetivo de la auto-regulación

Ese es, para los funcionarios, es escenario ideal: que ante la sola mención de que existe la posibilidad de una medida, los empresarios se autoregulen, sin que el Gobierno tenga que pagar el costo político de tomar medidas que son resistidas por buena parte de la población y casi todo el empresariado.

Y tiene, además, en el contexto actual, un beneficio político extra: hacia la interna, envía el mensaje de que se está "haciendo algo".

Para analizar la amenaza de Paula Español a los frigoríficos y productores cárnicos hay que tomar en cuenta el contexto: la frase fue dicha justo cuando se estaba renegociando el convenio para la venta de cortes de carne a precios populares, cuya primera versión -que termina a mediados de mes- no resultó muy exitosa desde el punto de vista de los carniceros.

Español quiere que se amplíe la cobertura geográfica de los cortes baratos y que se acoten los reajustes. Su irritación responde a que cortes como el asado se están ofreciendo, según el Instituto de Promoción de Carne Vacuna, con un aumento de 72% respecto de abril del 2020. En ese mismo lapso, los salarios tuvieron un incremento nominal de aproximadamente la mitad de esa cifra.

Además, hay otro dato que pinta el contexto: acababa de conocerse un dato deprimente para cualquier gobierno argentino. Que el consumo de carne vacuna había vuelto a caer, alcanzando su mínimo desde la crisis del 2002, con un promedio de menos de 50 kilos por habitante.

Y, naturalmente, la funcionaria habló ya con la actitud resignada de esperar un pésimo dato de inflación de marzo que se ubicará en torno de 4% y con la canasta alimenticia creciendo a una velocidad mayor que el promedio de los precios.

Para colmo de males, las nuevas restricciones por la prevención del Covid han puesto en duda que la recuperación en el salario y el empleo que estaba prevista pueda llegar a los niveles esperados.

Es así que el Gobierno empezó su propia versión del plan "Hagan algo". Y Español es una de las más activas al respecto, ya sea con la exigencia de que las empresas produzcan al máximo de su potencial -aun cuando esto pueda implicar trabajar a pérdida en algunos sectores- o ya seao jactándose en Twitter por las multas cobradas a empresas que intentan "trampas" a los precios máximos.

En su afán por mostrarse cercana al público, la funcionaria pide a los consumidores que la aconsejen, por caso con un mensaje en las redes donde escribió "Estamos llegando a tu municipio con frutas, verduras y carnes a precios accesibles. Contanos a dónde te gustaría que lleguemos".

Objetivos contradictorios

Lo cierto es que, entre los empresarios, la sensación que está primando es que el Gobierno seguirá su línea de presiones, controles y amenazas, pero que no llegará al extremo de cerrar las exportaciones.

Para empezar, porque es una medida contradictoria con uno de los principales objetivos de la política económica de este año, que es superar los u$s15.000 millones de superávit en la balanza comercial.

De hecho, al mismo tiempo que Español afirmaba que no le temblaría la mano para cerrar la exportación de carne, en la Cancillería estaban festejando el resultado de las nuevas estimaciones de comercio exterior, en las cuales se recalculó al alza el ingreso de divisas. Más concretamente, se espera ventas por u$s70.000 millones, un 30% más que en la cifra lograda el año pasado. Y según previsiones de consultores privados, como un informe de Andreani y Asociados, el rubro de carne vacuna podría aportar u$s3.780 millones, una significativa mejora respecto de los u$s2.750 millones que se exportaron el año pasado.

A primera vista, parece raro que el Gobierno esté dispuesto a resignar ingresos equivalentes al 5% del total de la suma exportable esperada. Por otra parte, esto implicaría perder posiciones en el mercado chino, que es el que está moviendo al alza los precios. En el arranque del año, los chinos incrementaron sus compras un 36% en términos interanuales. Y los países del Mercosur se posicionaron como grandes proveedores, con Argentina en el segundo puesto detrás de Brasil.

Un cierre a la exportación cárnica pondría en riesgo el ingreso de divisas por más de u$s3.000 millones

Pero hay algo más significativo:  aun cuando por motivos políticos se decidiera sacrificar ese ingreso, no está claro que la medida pudiera redundar en una mejora en el consumo local.

Como argumenta el consultor Salvador Di Stefano, el tipo de cortes que se suele exportar no es lo que se consume por parte del argentino promedio. "Las carnicerías venden carne de animales chicos, no compran novillo, ni vacas. Los animales grandes van a la exportación, y si la cierran, le generarán un quebranto al que los produce, ya que no encontrará cómo colocar esa mercadería, que no es del paladar del consumidor".

Un mensaje hacia la interna

Hay empresarios del sector que no tienen dudas de que detrás de las amenazas como la de Español hay que interpretar, en realidad, una interna oficialista, en la cual los funcionarios quieren demostrarle al sector más radicalizado que no tienen una actitud tibia hacia los empresarios.

Así lo expresó Horacio Salaverry, presidente de la agremiación rural Carbap.  "Amenazar con este tipo de cuestiones tiene una motivación política, me parece que tiene más que ver con alguna situación interna partidaria que con la idea concreta de poder realizarla", dijo en una entrevista radial.

Y se declaró sorprendido, porque dijo que no había recibido quejas de funcionarios después de la reunión de febrero, en la cual los productores plantearon que su incidencia en el precio final de la carne en góndola es acotada -no más de 23%- y que para realmente abaratar la carne era necesario revisar los impuestos de toda la cadena comercial.

"Por eso digo. A veces hay funcionarios que tienen que congraciarse con su propio sector y hacen declaraciones de este tipo que suenan bien en ese sector partidario".

Hay otros ingredientes en juego, naturalmente: los frigoríficos que están negociando con el Gobierno piden una baja de cinco puntos respecto de las retenciones de 9% que actualmente están pagando. Y no faltaron las voces como la de Luis Etchevehere, ex ministro en la gestión macrista y ex titular de la Sociedad Rural, que recordó que la última vez que se hizo un cierre masivo de exportaciones, la consecuencia de la medida fue "el cierre de más de 100 frigoríficos".

Con esos antecedentes a la vista, todo hace suponer que la medida drástica que agitó Español difícilmente sea tomada. El Gobierno sabe que generaría un inmediato motivo de tensión con el sector más dinámico de la economía.

Sin embargo, al mismo tiempo, el hecho de hacer la amenaza -aunque sea sin intención de cumplirla- logra un cometido político: se le envía a todos los sectores -tanto a los consumidores, a los empresarios y a la interna de la coalición gobernante- una respuesta ante la demanda renovada de que alguien "haga algo".