El Gobierno intervino en la paritaria de la salud privada y crecen las presiones para subir las tarifas

El Ministerio de Trabajo dictó este viernes la conciliación obligatoria para levantar el paro realizado por el gremio de Sanidad en reclamo de una recomposición salarial del 16% por la pérdida salarial durante el 2020. De esa manera, la cartera laboral encabezada por Claudio Moroni forzó negociaciones entre la federación sindical de la actividad (FATSA), dirigida por Carlos West Ocampo y Héctor Daer, y las clínicas y sanatorios privados, un sector que se vio afectado por una huelga de tres horas por turno en medio de la pandemia.

En concreto, la directora de Relaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, resolvió desde las 16.30 "dar por iniciado un período de conciliacion obliatoria por el terémino de quince (15)" e instó al sindicato a "dejar sin efecto" las medidas de acción directa que comenzaron el jueves con asambleas en los lugares de trabajo y continuaron este viernes con un paro a nivel nacional en 16.000 centros de salud. La próxima audiencia será el martes a las 11 en la sede de Trabajo.

Daer, uno de los dos titulares de la CGT y un dirigente muy cercano a Alberto Fernández, evaluaba esta tarde junto al consejo directivo de FATSA el acatamiento de la conciliación. "(La medida) es contundente en cada rincón del país y pone en evidencia el agotamiento de un sector laboral que se puso al frente de la pandemia (de coronavirus) y que no es reconocido", dijo más temprano el también secretario adjunto de Sanidad y titular de la filial Capital. "Las consecuencias en la atención de la salud quedarán en la conciencia de quienes nos han llevado hasta esta instancia", advirtió.

En el Gobierno interpretaron la reacción del referente de los "gordos" como un intento de mostrar "fortaleza" con el aval tácito del sector privado, después de fracasar las negociaciones en la audiencia del lunes. Allí, el dirigente ratificó su pedido de un 16% en una sola cuota desde abril para compensar la pérdida del año pasado tras obtener un 21%, por debajo de la inflación del 36,1%. Pero las cámaras privadas alegaron la imposibilidad de hacer frente al reclamo por el aumento de costos y el congelamiento de los aranceles que paga el PAMI y la insuficiencia de los ajustes autorizados a las prepagas, que a su vez trasladan esa tarifa atrasada a las clínicas y sanatorios.

La llave para destrabar la situación está en la Casa Rosada, el área desde donde hoy se toman el grueso de las decisiones que involucran la actividad sanitaria. La ministra de Salud, Carla Vizotti, prometió "buscar soluciones" al conflicto mediante la convocatoria a reuniones la semana próxima con el sector sindical y los prestadores privados. La idea sería que las partes negocien un incremento en cuotas por el deterioro salarial del 2020 y la garantía de ir subsanándolo en la paritaria correspondiente del 2021. De esa forma, se busca evitar el menor impacto posible en las tarifas de los servicios de salud privada, pero también en los recursos que maneja el PAMI.

Por estas horas, el Ejecutivo recibe presiones tanto del sector gremial como empresario para modificar los aranceles del sistema, incluidos los de las obras sociales y las provinciales. En el sector desconfían de que el Ministerio de Salud pueda adoptar definiciones y cifran expectativas en el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Eugenio Zanarini, un hombre de buen diálogo con gremios y empresarios cuyo cargo quedó en la mira tras la renuncia del exministro de Salud, Ginés González. "Es díficil que Vizzotti pueda hablar de una solución integral que abarque al PAMI, las obras sociales, provinciales y las prepagas", señaló una fuente del sector privado.

Zanarini también se vio cuestionado en diciembre cuando el Presidente anuló en diciembre un aumento del 7% a las prepagas en febrero, en medio de una fuerte escalada de la inflación que ese mes alcanzó el 4% mensual. Los prestadores sostienen que el PAMI no actualizó los valores a los proveedores privados en el 2020 y que tampoco hubo mayores ajustes en los servicios que brindan las prepagas. Estos últimos son los actores de mayor y mantienen una pulseada abierta por el aumento de sus cuotas. Después de un año casi sin incrementos, el Gobierno les autorizó un 10% en diciembre y un 3,5% en marzo.