"Querella criminal" y lo que todos se preguntan: ¿Macri puede terminar preso por la deuda con el FMI?
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Es la pregunta que se hacen en la City y en todo el ámbito político: ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar Alberto Fernández con su iniciativa para castigar a quienes endeudaron al país con el Fondo Monetario Internacional?
Dicho más claramente: ¿hay intención de empujar el tema hasta que el punto que se considere que el ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y el ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, puedan ser condenados por haber tomado una decisión de política económica?
Por lo pronto, es el tema al cual el Gobierno ha decidido trasladar la "guerra de relatos", ya en clima de campaña electoral. En un momento en el que el peronismo sufre acusaciones por corrupción en la gestión de la campaña vacunatoria y cuando, además, la suerte judicial de Cristina Kirchner aparece más comprometida por la condena sufrida por el contratista Lázaro Báez, lo primero que quedó en evidencia fue la intención de tener a mano un argumento de contra-ataque político.
No por casualidad, el Presidente utilizó las expresiones "administración fraudulenta" y "malversación de fondos" para referirse a la actuación de los ex funcionarios. Es decir, no se limitó a calificar la política de endeudamiento como un error técnico pasible de ser cometido por quien maneja la política económica sino directamente como una acción con dolo, en perjuicio directo del Estado.
El Presidente, antes, se había referido a cómo la política de endeudamiento realizada durante la gestión macrista era una de las principales responsables de la recesión que llevó a la caída de 10 puntos de la economía en 2020.
Y, además, dijo que la principal motivación para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional había sido la ayuda a la estabilización de la economía durante la campaña electoral de 2019, de manera que mejoraran las chances electorales de Macri.
Es decir, su crítica a la deuda tuvo un triple sentido: económico, político y -esta es la novedad- ahora también judicial.
Por lo pronto, el mercado reaccionó con una nueva caída de los bonos de deuda soberana -a pesar de que Alberto señaló que estaba lejos de su intención caer en un impago ni con privados ni con organismos multilaterales-. De hecho, mientras el Presidente hablaba, el nivel de riesgo país llegó a los 1.526 puntos, lo que implica un nivel récord en un semestre, desde que los bonos del canje están cotizando en el mercado.
El argumento legal del Gobierno
Además de la promesa de una querella y de un envío de información al Fondo Monetario Internacional, que investiga si el préstamo stand by récord aprobado para Argentina infringió el estatuto del organismo, el Banco Central emitió un comunicado en el que se pone a disposición para aportar documentación.
El BCRA elevó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Oficina Anticorrupción los papeles vinculados al acuerdo con el Fondo, y pidió "la realización de una auditoría específica" para evaluar la responsabilidad de los funcionarios que representaron al Estado argentino.
Esta documentación incluye el informe sobre mercado de cambios, en el que el BCRA documenta la "fuga de capitales" sufrida durante la gestión de Mauricio Macri y da a entender que todo el aporte de capital del endeudamiento tuvo como destino la formación de activos externos.
Argumenta el BCRA que "en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la ‘ausencia de dictamen jurídico previo’ a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico que luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional".
Pero dice que no hubo pronunciamiento por parte de una comisión investigadora ni de la Auditoría de la nación respecto de si el ex ministro Dujovne "era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características".
El argumento legal para la acusación es que la ley 11.672 permanente de Presupuesto, la 19.549 de Procedimiento Administrativo y la 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional no habilitan al Poder Ejecutivo para la firma del acuerdo.
Por otra parte, indica que el propio FMI incurrió en una infracción a su propio estatuto al permitir que la ayuda a Argentina tuviera el objeto de hacer frente a una salida continua de capital. Y remarca la coincidencia de cifras entre el mayo de 2018 y octubre de 2019, el FMI desembolsó u$s44.500 millones, mientras en paralelo se produjo una fuga de capitales de u$s45.100 millones.
Los funcionarios macristas responden que, contrariamente a lo que afirma el Presidente, la toma de deuda no fue hecha sin debate parlamentario sino que constó en los proyectos de presupuesto de todos los años.
"El acuerdo con el FMI cumplió con las legislación vigente y siguió similares procedimientos que los acuerdos previos firmados por gobiernos peronistas y no peronistas, los cuales en ningún caso requirieron la intervención previa del Congreso", argumentó el ex titular del Central, Guido Sandleris.
Antecedentes y argumentos cruzados
En su discurso, el presidente Alberto Fernández asimiló este acuerdo con otros préstamos polémicos que también terminaron en causas judiciales, como el famoso "megacanje" de 2001, y que también tuvo entre sus protagonistas a Federico Sturzenegger, por ese entonces asesor del ex ministro Domingo Cavallo.
A juzgar por ese precedente, los funcionarios macristas podrían estar tranquilos. Cavallo fue sobreseído en la causa, ya que no se pudo comprobar que en esa operación haya favorecido deliberadamente a bancos de inversión que participaron del canje ni que haya incurrido en acciones incompatibles con las obligaciones del funcionario público.
En todo caso, lo que quedó en claro es la intención del Gobierno por judicializar las decisiones de política económica. Siguiendo las propuestas previas de figuras como la diputada Fernanda Vallejo y representantes de la izquierda, el Presidente indicó que ya no se podría prescindir de la anuencia del Congreso para tomar deuda.
Curiosamente, la actitud de Alberto en cuanto a considerar "judiciable" una decisión de política económica puede guardar cierta similitud con la que en su momento tuvo el fallecido juez Claudio Bonadio, que impulsó la acusación contra Cristina Kirchner y sus funcionarios por la causa del "dólar futuro".
En aquel caso, los funcionarios kirchneristas argumentaron que el Central adoptó la estrategia de poner contratos de dólar a $10 para sostener la estabilidad económica y que, como no estaba en sus planes devaluar, de ninguna manera cabía la posibilidad de perjudicar al Estado. Sus detractores afirmaban que en el mercado "testigo" de Wall Street el peso ya cotizaba a 16 por dólar, lo que implicaba que lo que hacía el Central era regalar dinero público a los bancos.
Claro, un tema en el que es imposible ponerse de acuerdo, porque en el medio hubo un cambio de Gobierno que liberó el tipo de cambio. Para los funcionarios K, la responsabilidad de que el Estado haya tenido un costo financiero por esa operación fue de los macristas que devaluaron. Mientras que estos afirman que lo que había hecho el BCRA era una operación insostenible motivada con el único propósito de mejorar las chances electorales del peronismo.
En otras palabras, acusaciones paralelas a las que se escuchan hoy.
La pelea de los endeudadores
Pero, sobre todo, lo que quedó planteado es la pelea política por imponer el propio discurso sobre quién es responsable del endeudamiento. Tal vez ese propósito sea más fuerte en este momento que el judicial propiamente dicho.
De inmediato los ex funcionarios macristas salieron a dar su versión de los hechos. Por caso, Guido Sandleris, quien fundamentó que la política de endeudamiento del macrismo tuvo su origen en el déficit fiscal heredado de la gestión de Cristina.
"El Gobierno de Macri recibió un déficit fiscal primario grande (3,8% del PBI en 2015). A partir de 2018 la fuerte corrección del déficit fiscal permitió reducir la velocidad de endeudamiento y entregar un gobierno con un presupuesto casi equilibrado", apuntó. Según el ex funcionario, dos de cada tres dólares de deuda tomados por Macri tuvieron como destino pagar deudas heredadas.
Argumentó además que el préstamo tomado con el FMI fue utilizado no para fugar capital sino para pagar deuda que estaba por vencer.
Son argumentos que recibieron apoyo de analistas del mercado. Por ejemplo, Enrique Quintana recordó que la deuda con el FMI, tomada a una tasa de 4% anual, permitió aliviar la situación financiera mientras el actual Gobierno "se endeuda liquidando bonos por bolsa al 18% anual".
Por su parte, el consultor Salvador Di Stefano destacó que la deuda con el Fondo no incrementó la cantidad total de deuda sino que sólo aumentó la que se tiene con organismos multilaterales.
"Eso quiere decir que la deuda nueva se utilizó para pagar deuda que vencía en esos años, con lo cual todos los juicios que le quieren hacer a Macri están totalmente invalidados".
Y otro ex funcionario, Hernán Lacunza, cuestionó otro de los argumentos técnicos del Gobierno: el de que ahora se esté en un proceso de desendeudamiento.
Escribió que el año pasado la deuda aumentó más que en el promedio de la era macrista, porque la suba fue de u$s21.000 millones contra u$s17.800 millones que tuvo cada año del cuatrienio de Macri como promedio.
Lo calificó como "lógico" por la vuelta del déficit fiscal. "Deuda hija, déficit padre", sintetizó, y comparó el rojo fiscal de 0,4% de 2019 contra el 6,5% del año pasado. Afirmó que incluso descontando el gasto extraordinario por el Covid, el déficit aumentó a un 2,5%. Y advirtió que el actual proceso "tiene inercia", que se traducirá en una deuda futura.
Pero hay más polémica todavía. Porque muchos economistas señalan como falaz el argumento oficial de que es más grave endeudarse en el exterior que hacerlo en el mercado interno y absorber luego los pesos generando la "bola de leliqs".
"¿Por qué es delito tomar deuda externa para financiar el gasto público y no es delito emitir a marcha forzada destruyendo la moneda?", planteó Roberto Cachanosky?
Otros, como Marcos Buscaglia, ironizaron respecto de cómo el argumento oficial puede volverse un boomerang contra los actuales funcionarios.
"Guzmán la debe haber pasado bárbaro escuchand un presidente judicializando la toma de deuda, cuando él está endeudándose a lo pavote en pesos indexados y en dólar linked pocos meses antes de un fogonazo de tipo de cambio e inflacionario", escribió el economista.
Menos técnica pero más contundente a nivel político, la presidente del PRO, Patricia Bullrich, afirma que el anuncio de la querella por la deuda "es una persecución que suena soviética".
En definitiva, lo que el discurso del Presidente dejó en claro es que el Gobierno quiere correr de lugar la guerra discursiva. Salir de los terrenos incómodos y pasar a un terreno de eficacia probada a lo largo de la historia: acusar al gobierno anterior de endeudamiento irresponsable.
Desde el punto de vista electoral puede ser beneficioso. Aunque, por lo que marcan los antecedentes, nada hace prever que la querella contra los endeudadores pueda tener consecuencias graves en los tribunales.