La CGT rechazó el plan del Gobierno de fijar un tope del 30% a la suba de sueldos
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El secretario general de la CGT, Héctor Daer, rechazó de plano la pretensión de fijar un tope del 30% en los aumentos salariales a discutir en las paritarias de este año que impulsan sectores del Gobierno, en particular el ministro de Economía, Martín Guzmán, y reclamó que en las discusiones no se convoque a "los lobistas de las cámaras" sino que se llame a "los verdaderos formadores de precios".
"Podemos confluir si hay un seguimiento de precios y le damos dinámica a todas las negociaciones", admitió Daer en declaraciones a NA, aunque puntualizó que no se aceptarán incrementos salariales inferiores a la inflación.
Al respecto, la pretensión de Guzmán, expresada en la última reunión del gabinete económico, pasa por la coordinación de precios y salarios en el marco de "un esquema integral de política macroeconómica", diseñada en el Presupuesto para este año, entre cuyos supuestos está una inflación del 29%.
Por ese porcentaje pasan, precisamente, las diferencias en las posturas del sindicalismo y el Gobierno: en base a las proyecciones de economistas y consultores, la inflación esperada para 2021 se ubicaría entre el 45% y el 50%, al punto que el propio Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central dio en su última medición un 49,8% para los próximos doce meses.
Por tal razón, Daer expresó su rechazo a una pauta salarial de no más del 30%: "Nuestra intención es que cuanto más baja sea la inflación, mejor, pero esto se tiene que garantizar", advirtió, en tanto se prevé un aumento de precios del orden del 3,5% para enero.
Si la inflación del primer mes del año se ubicase en ese nivel (el INDEC la informará oficialmente el 11 de febrero), quedaría un margen difícil de cumplir en lo que resta del año para alcanzar la meta fijada en el Presupuesto, lo que justifica los recaudos de Daer.
En ese sentido, el titular de la CGT reclamó "un seguimiento riguroso, en serio" de los precios de los principales productos de consumo.
Sin embargo, advirtió que "todo está demorado" y reclamó a Economía "que presente algo, sentando en la mesa a los formadores de precios y no a los gerentes, a los lobistas de las cámaras".
La preocupación radica principalmente en los precios de los alimentos, teniendo en cuenta la suba de la carne vacuna en las últimas semanas y los cuestionamientos que hasta los propios frigoríficos le hicieran al recientemente anunciado acuerdo para bajar los valores de diez cortes vacunos que, según CICCRA, representa sólo el 3% del consumo de carne de la población.
Asimismo, el aumento en las cotizaciones de las commodities repercute en dos granos fundamentales en la canasta básica, como el trigo y, de manera indirecta, el maíz, que sirve de insumo alimentario a pollos y ganado de feed lot.
Si bien las negociaciones paritarias son realizadas por cada sindicato en particular con las cámaras del sector, cada año desde los despachos oficiales se desliza en riguroso off the record un porcentaje que sirve de pauta general para evitar que los acuerdos deriven en un desborde inflacionario.
Las negociaciones para 2021 se llevarán a cabo en un escenario especial: además de ser un año electoral -caracterizado por aumentos salariales mayores a los de los años pares- se viene de un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus, una suba en la desocupación y un recorte en las horas extras pero también un incremento de las suspensiones, al punto que fueron parte de varios acuerdos entre gremialistas y empresarios.
En consecuencia, además de la inflación de 2021 se prevé que muchos gremios plantearán reclamos para recomponer los salarios deteriorados a lo largo de 2020.
El plan del Gobierno que inquieta a gremios
La nueva estrategia salarial del Gobierno, consistente en alivianar la importancia de las paritarias sectoriales y priorizar un acuerdo nacional de precios y salarios tiene, en el fondo, un objetivo fundamental: evitar que puedan proliferar las cláusulas de ajuste automático por inflación.
Es una obsesión que no sabe de signo ideológico: ese objetivo ha sido buscado por todos los gobiernos: ya desde los hiperinflacionarios ’80 hasta la época en que Néstor Kirchner había impuesto el "techo Moyano", que luego Cristina sustituyó por el "techo Caló" y que luego, a su modo, adaptó Mauricio Macri.
La retórica podrá cambiar según quién sea que esté en la Casa Rosada, pero el criterio es siempre el mismo: la creencia de que en un momento de inflación alta, una cláusula gatillo contribuye a una espiralización de la inflación por un efecto inercial. Y que los empresarios, con tal de evitar la conflictividad, estarán dispuestos a firmar estas cláusulas porque, en el fondo, saben que toda mejora que no puedan solventar con el ingreso de su negocio finalmente será trasladada a precios. Es, precisamente, uno de los mayores temores del Gobierno en este momento.
No ha cambiado el criterio de fondo y es por eso que la convocatoria al acuerdo tripartito con sindicatos y empresarios ha sido fijada por Cristina Kirchner como una prioridad en este 2021 electoral en el que la consigna es "alinear salarios, jubilaciones, precios y tarifas".
Claro que hay un cierto apuro por implementar ahora ese acuerdo: las primeras semanas del año están dando señales preocupantes en la inflación, y los gremios que arrancaron en punta para la negociación salarial ya están insinuando que buscarán formas de protección retroactivas para recuperar poder adquisitivo si es que, por acaso, la proyección oficial de 29% de inflación no saliera según los planes oficiales.
Un cambio de tendencia que inquieta al Gobierno
En realidad, lo que el Gobierno está percibiendo es un cambio de tendencia fundamental: luego de un 2020 que fue unánimamente aceptado por los sindicatos como el año en el que hubo que "freezar" los reclamos, dada la excepcionalidad de la pandemia, en la cual hubo que poner como prioridad absoluta la preservación de puestos de trabajo, ahora parece haber llegado el momento de poner al salario como prioridad.
El propio Gobierno, consciente de la situación y atento a que sus chances electorales irán de la mano de una recomposición de la capacidad de consumo, ya avisó que habrá un objetivo de recuperación del salario unos cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación. Y avisó además que habrá una mejora de poder adquisitivo indirecta por la vía de la marcha "en cámara lenta" de las tarifas de servicios públicos.
De momento, el argumento oficial tiene dificultades para ser asimilado por la contraparte. Es un tema de matemática pura: la promesa oficial es que el salario promedio termine el año con un aumento nominal de 33% de punta a punta, mientras que el promedio del mercado cree que los precios subirán un 50%. Eso implica una pérdida real de 12 puntos.
Y en lo que respecta a las jubilaciones, también habría una pérdida surgida de la nueva fórmula. Según una estimación hecha por la Fundación Meditarránea, solamente si la inflación se mantuviera debajo del 35% habría chances de que los jubilados tuvieran una evolución en línea con los precios.
Pero si ocurriera un desvío respecto de las expectativas oficiales, el costo en las jubilaciones quedaría rápidamente en evidencia. Por ejemplo, con una inflación de 51,1% las jubilaciones correrían de atrás y sólo aumentarían nominalmente un 39,5% -una pérdida real de 8%- mientras que si el panorama fuera más complicado y la inflación llegara al 58,5%, las jubilaciones apenas se moverían 36% -una pérdida real de 14 puntos-.
Pronósticos con baja credibilidad
Ahí, está, en realidad, el centro de la cuestión. Salvo en los documentos oficiales que Martín Guzmán le presenta a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, prácticamente no queda nadie en la Argentina que crea que sea factible llegar a diciembre de 2021 con una inflación sustancialmente más alta.
Se habla de ello incluso en la interna oficialista, donde los economistas afines al Gobierno más optimistas ya hacen proyecciones sobre la base de un 40% mientras que el promedio del mercado -reflejadas en encuestas como el REM o Focus Economicus- apunta a un 50%, con los más pesimistas, como Carlos Melconian, hablando de que se podría "casi duplicar" el pronóstico oficial.
Algunos prefieren usar el argumento ortodoxo del descontrol monetario por la asistencia que se necesitará de "la maquinita" del Central para financiar el 4,5% del déficit fiscal. Otros, en línea con la explicación oficial, preferirán hablar de la puja distributiva, de la precios del boom de los commodities y los "precios desacoplados".
Pero, más allá de las diferencias de visión ideológica, la fórmula propuesta es la de siempre: hay que darle a los salarios un referente, y ese referente no puede ser la inflación pasada, porque si no, se corre el peligro de la espiralización. Puede haber otras alternativas para tomar como referencia: la ideal, claro, es la inflación proyectada del 29%, pero también puede ser la fijación de una canasta de precios controlados o la evolución del tipo de cambio -muchas veces ese fue el criterio real aplicado a la movilidad de los estatales-.
La idea, que en realidad es de larga data en el país, fue argumentada por Cristina Kirchner durante la campaña electoral al recordar el plan de José Ber Gelbard de 1973. Los críticos de la ahora vicepresidente afirman que no eligió el ejemplo más feliz, dado que ese plan estalló dos años más tarde en el célebre "Rodrigazo".