Se viene la suba de tarifas: por qué el ministro Guzmán ahora está entre la espada y la pared
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Para sorpresa de todos, Martín Guzmán está demostrando mucho más cintura política de lo que se esperaba. Entendió que tiene varios públicos y ajusta el discurso según con quién hable. De esa forma, en determinados momentos puede mostrarse "market friendly" y consustanciado con la austeridad monetaria y fiscal, mientras que en otros momentos deja prevalecer el discurso político anti-ajuste.
Hasta ahora la estrategia le ha salido relativamente bien -incluyendo la disminución de la asistencia por subsidios de la cuarentena y hasta la aprobación de una ley de indexación jubilatoria que le permitirá un ahorro fiscal en términos reales, sin que haya habido escándalo político al respecto- pero le falta uno de los test ácidos de todo ministro. Se viene el momento de los aumentos de tarifas.
Guzmán tiene ahí un margen estrecho en el cual moverse: por un lado, sabe que la situación fiscal del país no resiste un incremento del subsidio a los servicios públicos; por otra parte, Cristina Kirchner fue clara en cuanto a que la consigna del 2021 electoral es la de mantener el alineamiento entre salarios, precios y tarifas.
Traducido al lenguaje político, esto implica que se deberá llegar a un esquema en el cual se haga una distinción fina entre aquellos sectores que efectivamente hayan mantenido su nivel adquisitivo y puedan recibir una mejora nominal en el marco de las paritarias -esos serían los que podrían acompañar una suba tarifaria- y aquellos que, por estar en el segmento informal o en los sectores más golpeados por la pandemia, no tolerarían el ajuste.
No es un cuadro tarifario fácil de diseñar, como los propios funcionarios han dejado en claro en estos días. Por lo pronto, Guzmán ya dejó en claro que en el presupuesto 2021 no podrá haber un incremento del rubro subsidios en términos de PBI. Es decir, en el mejor de los casos, que se produzca el crecimiento de 5,5% de la economía que prevé el Gobierno, ese será el margen en el que se pueda incrementar el subsidio.
Y el ministro es plenamente consciente de las sospechas que se despertaron en el mercado tras el sorpresivo cambio de manos de Edenor, que dejó de estar en manos de Marcelo Mindlin, un "experto en mercados regulados" que se resignó a vender en u$s100 millones el 51% de las acciones de Edenor que controlaba el grupo Pampa.
Una cifra que a primera vista parece una cifra irrisoria para la mayor distribuidora eléctrica del país, que tiene licencia para dar servicios a unos tres millones de clientes en una zona de 4.637 kilómetros cuadrados, donde por otra parte vive la población de mayor consumo y poder adquisitivo. Y que, en 2018, en plena aplicación del "tarifazo" de la gestión macrista, había llegado a tener una capitalización bursátil de u$s2.800 millones.
En ese contexto de inquietud del mercado energético, Guzmán inició una negociación interna con el secretario de Energía, Darío Martínez, y los encargados de los entes reguladores, todos funcionarios del riñón de Cristina Kirchner, que tienen la consigna de no permitir que la cuestión tarifaria se pueda convertir en un problema político.
Una bomba difícil de desarmar
Y la realidad es que si alguien en la Argentina tiene en claro la dificultad por sincerar las tarifas sin que ello genere una crisis política es la propia Cristina Kirchner. Lo sabe por experiencia propia, porque varias veces intentó corregir las distorsiones del retraso tarifario y el enorme costo de los subsidios -uno de cada cuatro pesos del déficit se iba en ese rubro- sin haber nunca encontrado el modo de hacerlo.
La primera vez fue en 2008, cuando un intento por subir un 200% las tarifas de gas y electricidad a sectores de clase media generó un fuerte descontento, expresado en acciones legales de asociaciones de usuarios y en protestas de la oposición política.
En aquel momento, el ministro Julio De Vido explicó que la medida sólo afectaría a una minoría de altos ingresos, que el recorte sería gradual y progresivo y que para el Estado implicaría un ahorro de unos u$s200 millones. Pero el malestar social y las acciones legales de los consumidores obligaron a dar marcha atrás.
Tres años después, a fines de 2011, con el enorme respaldo político del recién logrado triunfo electoral con un 54% de los votos, Cristina Kirchner anunció un recorte de subsidios para todos aquellos que no pudieran demostrar una necesidad real de contar con ayuda estatal para pagar los servicios públicos.
Pero, una vez más, la presidenta temió por las consecuencias políticas. Lo que en un comienzo iba a ser una aplicación "casi universal" terminó siendo un plan delimitado a los habitantes de los countries.
El momento más elocuente sobre las dificultades para desarmar la bomba tarifaria fue cuando el Gobierno convocó a que aquellos usuarios que sintieran que no tenían necesidad de recibir un subsidio estatal para la luz y el gas, se anotaran voluntariamente en un registro, y a partir de allí pasarían a pagar la tarifa plena: el número de inscriptos fue ínfimo y no se anotaron ni los panelistas de "6-7-8"-.
La realidad es que lo más que logró el kirchnerismo en esa materia fue un tímido incremento en las facturas de gas, realizadas durante la fase de Axel Kicillof como viceministro de Economía.
"Por la plata no se preocupen, es problema mío", decía Kicillof, con su característica actitud de suficiencia, ante los sorprendidos ejecutivos de las empresas de servicios públicos. Corría el año 2012 y el ya ascendente funcioanrio explicaba el plan con el cual se suponía que se superarían los cuellos de botella en materia energética.
Con una matriz insumo-producto, el joven economista explicaba que sería el Estado quien fijaría los costos de la electricidad y el margen de rentabilidad que deberían tener las empresas. Cuando los representantes de las compañías –que con grandes dificultades apenas podían cubrir sus costos salariales y ya habían dejado de hacer inversiones de porte- preguntaron de dónde saldrían los recursos para esa ganancia a fijar por el Gobierno, el funcionario les respondió que él se haría cargo.
Hasta se llegó a especular, en aquel momento, si el kirchnerismo finalmente se animaría a llevar a cabo el sinceramiento tarifario dos veces anunciado y suspendido.
Pero lo que quedó en claro fue que el "problema mío" al que hizo referencia Kicillof terminó siendo un problema del fisco, que aumentó su nivel de subsidios a la energía hasta el punto en que terminaron por representar casi uno de cada cuatro puntos del gasto público. Por supuesto que el final es conocido por todos: el colapso del sistema, que llevó a los mega-apagones de los veranos 2013 y 2014.
Pero lo más increíble no era la crisis, sino que el sistema de subsidios cumplía en rol exactamente opuesto para el que se había creado. Por caso, un porteño pagaba por su factura la octava parte (¡sí, ocho veces menos!) que uno cordobés.
Una estimación del Plan Fénix de 2013 indicaba que sólo un 6,4% del monto que el Estado destinaba a subsidiar el sistema eléctrico llegaba al quinto más pobre del país. En contraste, el quinto más rico recibía un impactante 42,6%.
El síndrome de "Luna de Avellaneda"
La evidente inequidad de la situación no era negada ni siquiera dentro del sector más duro del oficialismo. El problema era que nadie tenía la solución política al tema. Porque -y ahí surgió uno de los fenómenos sociales más notables de la última década-, la capacidad de indignación de las clases medias privilegiadas tenía mucho más difusión mediática que el padecimiento de los pobres.
Y no se trataba apenas de un fenómeno argentino. Cristina había seguido muy de cerca los disturbios padecidos por una recién reelecta Dilma Rousseff, donde una aparente situación ideal terminó en un caos social a partir de una suba de 20 centavos en el boleto de colectivo.
Más tarde, esa dificultad política la comprobaría el propio Mauricio Macri. Aun cuando la suba tarifaria estaba dentro de su programa de gobierno y no implicaba una sorpresa para nadie, hubo todo tipo de dificultades. Algunas, como se descartaba, por acciones legales de las asociaciones de consumidores o por intervención directa de la Corte Suprema de Justicia.
Pero también otras vinieron desde el reclamo de la propia base de apoyo político macrista. Ni siquiera un "duro" como Juan José Aranguren pudo mostrarse insensible cuando el club Juventud Unida de Lavallol, donde se había filmado la película "Luna de Avellaneda" anunciaba su cierre por no poder pagar la factura de luz.
El drama cinemátográfico se transformaba en realidad, y derivó en crisis política. Los políticos, los asesores, los sociólogos y Jaime Durán Barba lo saben de sobra: se puede refutar los argumentos de diputados opositores y de líderes sindicales, pero es imposible discutir los argumentos de un entrenador de baby fútbol que explica que no hay de dónde sacar la plata para pagar una factura que se había multiplicado por tres.
Esto obligó a los funcionarios macristas a reconocer errores y establecer un mecanismo de tarifa social.
Guzmán y su estrecho margen de maniobra
Con semejantes antecedentes, el equipo de Guzmán anunció que empezará un proceso fácil de enunciar y extremadamente difícil de llevar a cabo sin generar protestas: un esquema tarifario de transición, definido por el ENRE.
El organismo -uno de los que cobrará mayor protagonismo político en este contexto- facilitará la realización de diversas instancias de participación ciudadana, convocando a tal fin a las personas usuarias y a las Asociaciones de Defensa del Consumidor, a fin de ser informados de las distintas etapas del citado procedimiento, garantizando su publicidad y el derecho de acceso a la información", dijo el comunicado oficial.
En otras palabras, se le dará la palabra a todos los sectores que explicarán por qué no pueden soportar ni un peso de incremento tarifario.
Claro, todos saben que hay sindicatos que firmaron acuerdos salariales por encima del 30% y que le han ganado a la inflación. Pero, ¿cómo se implementa un esquema tarifario en el que a un vecino se le sube el equivalente a la inflación pero al del piso de abajo no, porque quedó retrasado?
No es fácil ni desde lo organizativo, ni desde lo político ni desde lo comunicacional. Pero, sobre todo, no es fácil desde la caja. Lo sabe bien Guzmán, que prometió que este año los subsidios no pasarán del 1,7% del PBI, en contra de la opinión de los economistas, que a la luz de las últimas medidas políticas están proyectando subsidios energéticos por 3% del PBI.
Es cierto que todavía son números hasta modestos si se los compara con el peor momento de Cristina Kirchner, cuando los subsidios llegaron a representar un impactante 5% de la economía nacional. Pero claro, en aquel momento no estaba el FMI mirando con lupa las cuentas, ni había una opinión pública hipersensibilizada por una pandemia.
Hay, pese a todo, un único punto a favor para Guzmán: la inversión realizada durante el "tarifazo" macrista dejó un relativo "colchón" que impide un colapso inminente de la electricidad. Pero los primeros síntomas de problemas ya están apareciendo. Será, en todo caso, uno de los test más severos para la capacidad política del ministro.