La "crisis K" con el precio del trigo, un antecedente peligroso que ahora vuelve por el conflicto del maíz
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En el eterno "deja vu" argentino, no solamente retornan los conflictos entre los productores agropecuarios y el Gobierno por las políticas intervencionistas, sino que en los últimos días se ha desempolvado un concepto del que no se hablaba desde la gran pelea del 2008: la "sojización" involuntaria del campo argentino.
La mencionaron los principales dirigentes agropecuarios, con el argumento clásico: cualquier medida intervencionista, por más que se alegue que tendrá apenas una duración temporaria, implica un desestímulo para el productor, que ve poner en riesgo su plan de negocios. Y, entonces, ello termina funcionando como una señal para alejarse de las actividades riesgosas y optar por aquella donde hay mayores chances de recuperar la inversión.
En la Argentina, esa actividad es la soja, que resiste mejor a las inclemencias climáticas y suele estar menos expuesta a los cambios bruscos en los mercados de commodities que otros productos. Si además se considera que ahora otra vez está explotando en el mercado global, con una cotización que tocó los u$s500 en Chicago, todo parece alineado como para que los productores vuelvan a mirar con cariño al principal producto argentino de exportación.
Pero claro, eso tiene una contraparte: se arriesga una disminución brusca en la siembra de otros productos. En este caso maíz. Fue explícito al respecto Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural, quien comparó los niveles de producción maicera (24 millones de toneladas) de la gestión de Cristina Kirchner, cuando el sector estaba regulado, con los actuales 50 millones.
Y, si bien negó de plano el argumento oficial de que pudiera ocurrir ahora una disminución en la provisión del mercado doméstico, admitió que sí podría ocurrir a futuro, pero no por causa de la suba de los precios a nivel global sino, precisamente, por las regulaciones locales. "La escasez que se produjo en el pasado con este tipo de medidas hizo que los precios se fueran más alto. Lamentablemente ya tropezamos con esta piedra", advirtió.
El trigo, antecedente peligroso
No es, por cierto, la primera vez que el país se enfrente con este tipo de debates. Y en los últimos días los memoriosos del sector trajeron a colación algunos ejemplos sobre cómo, en ocasiones, las regulaciones han traído el efecto absolutamente inverso al que se había propuesto.
Uno de los ejemplos más claros al respecto no ocurrió hace tanto tiempo: fue en 2013, cuando Argentina, un país que alguna vez se enorgulleció de ser "el granero del mundo", sufrió una inédita escasez de trigo.
La situación llegó al punto de que corrieron versiones de que había empresas que querían importar el producto desde Uruguay pero el gobierno kirchnerista, con Guillermo Moreno como líder de la intervención del mercado, se negó de plano, por temor al potencial impacto negativo para la imagen de Cristina en un año electoral.
Lo cierto es que se había llegado a una situación de disparada en el precio del pan y productos derivados, que los productores atribuían a una brusca disminución en la cosecha. Por ese entonces, la Sociedad Rural denunciaba que el trigo en el mercado doméstico se comercializaba a 500 dólares la tonelada, lo que implicaba el doble del precio del mercado uruguayo.
Tanto que se corrían rumores sobre empresas que lo traían desde el país vecino bajo cierta "vista gorda" de las autoridades.
La reacción de Moreno, en aquel entonces, fue la clásica: se apresuró a firmar un pacto con empresarios, que implicara un acuerdo de precios de manera tal de garantizar el suministro de algunas variedades a precios populares.
A juzgar por los resultados, la medida no dio grandes resultados: ese año -con el Indec intervenido- las consultoras privadas calcularon un 28% de inflación, con el rubro alimentos bien por encima del promedio, en torno de 35%.
Los productores no expresaban dudas sobre cuál era la causa de la crisis: alegaban que las trabas a la exportación habían llevado a que el área sembrada fuera la menor en décadas, de tal forma que la producción se había reducido a menos de un tercio de la cantidad tradicional, que se ubicaba en 18 millones de toneladas. Todo ello implicaba un fuerte potencial exportador, dado que el mercado doméstico consumía poco más de 6 millones de toneladas.
Lo paradójico es que, según argumentaba la Asociación Argentina Pro Trigo, el sector era tan eficiente desde el punto de vista tecnológico que se había incrementado en un 20% los rendimientos en apenas cinco años.
Para colmo, en la maraña de regulaciones, el Estado incurría en pagos de subsidios para la industria molinera, que llegó a acumular unos u$s1.000 millones en una década, al tiempo que los productores recibieron unos u$s100 millones por compensación.
Crisis de manual
Tal como era costumbre de la política de esos días, los funcionarios kirchneristas atribuyeron la escasez de trigo a una exageración mediática y hasta elogiaron la actitud de algunos exportadores que aceptaron la "invitación" oficial para suspender voluntariamente partidas de exportación ya comprometidas, de manera de engrosar la oferta del mercado interno en unas 370.000 toneladas.
De todas formas, cuando la realidad del mercado se impuso y los precios igualmente se dispararon, Moreno abandonó los buenos modales y desempolvó la ley de desabastecimiento, que habilita al gobierno a intervenir una industria y aplicar duras sanciones a los empresarios son sospechados de generar desestabilización social o retener producto para especular con las alzas de precios.
Pero la realidad es que los faltantes de productos alimenticios que forman parte de la matriz productiva argentina fueron una constante durante la gestión de Cristina Kirchner. Pasó con el aceite y la yerba mate, por ejemplo.
Y también, más notablemente, ocurrió con la carne vacuna. Una prohibición de exportación instrumentada durante el inicio del gobierno de Cristina Kirchner trajo como consecuencia un efecto de manual: el primer efecto fue una caída en el precio, porque los ganaderos mandaron a faena los "vientres", es decir las vacas en condiciones de parir.
Son decisiones que se suelen tomar cuando un ganadero decide cambiar de rubro y entonces liquida su stock de ganado. El resultado fue que el país bajó en pocos años de 60 millones a 48 millones de cabezas de vacunos. Y en poco tiempo el precio volvió a subir, de forma tal que en 2011 se llegó a una cifra mínima de consumo que en ese momento fue récord histórico: menos de 55 kilos anuales por persona, una cifra recién superada por el efecto de la pandemia.
Críticas de productores… y de Moreno
La gran pregunta del momento es si, ahora con el maíz, se repetirán estos antecedentes cercanos que ya sufrió el kirchnerismo con el trigo y la carne.
La historia económica y las proyecciones de los expertos llaman a no ser muy optimistas en cuanto a esperar un resultado diferente. Y, lo que resulta aun más extraño, el propio Guillermo Moreno se ha mostrado crítico de la decisión tomada por el equipo económico de Alberto Fernández.
"El tema central es la planificación: cuando no se toman decisiones planificadas, se genera un problema porque eso afecta la curva de rentabilidad de las empresas, que en el caso de las exportadoras agroindustriales tienen mucho volumen y poco margen, con lo cual la eficiencia es algo clave", señaló Moreno en una entrevista al programa "Bichos de Campo".
Y reivindicó que, en sus tiempos de secretario de Comercio Interior, todas las regulaciones surgían del diálogo con los implicados. En ese sentido, instó a que se realizara un análisis sobre problemas en el funcionamiento de la oferta y demanda del cereal.
En extraña coincidencia, la gremial de productores maiceros sostiene que el problema no radique en falta de volumen de producción, sino en el desestímulo para la venta, provocado por la distorsión cambiaria que se produce por la distancia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.
Mientras tanto, las declaraciones belicosas de ambos bandos suben de tono y, mientras se preparan medidas de protesta, los expertos del sector vuelven a hablar de la sojización como efecto involuntario del conflicto.
La ironía de la "reprimarización"
En todo caso, no deja de ser irónico que este riesgo de sojización ocurra justamente en un gobierno que ha levantado el discurso de la agregación de valor en la producción agropecuaria y que ha combatido la "primarización" de la producción.
Por no mencionar, claro, el golpe al orgullo nacional que implica el hecho de que se hable del riesgo de una falta en la provisión de maíz para el mercado doméstico, justamente en Argentina, que se jacta de tener capacidad como para proveer de alimentos a una población diez veces mayor que sus 45 millones de habitantes.
De hecho, en el plan que el equipo económico elaboró para Alberto Fernández a mediados de 2020 y que fue presentado como uno de los ejes estratégicos de la recuperación económica post pandemia se hacía referencia al rol del Estado para estimular un incremento de la producción mediante la simplificación de regulaciones y un set de estímulos financieros.
Claro, también juegan otros factores, como el hecho de que 2021 es un año electoral y Cristina Kirchner dejó en claro la política de "alinear salarios, precios y tarifas", en una reedición de la vieja consigna de "defender la mesa de los argentinos" a costa de la captación de rentas del sector agropecuario.