Inminente: se vienen anuncios sobre suba de precios en Internet y cable, ¿a cuánto podrían subir?

Mientras se espera que el Gobierno anuncie la prestación básica universal de acceso a las telecomunicaciones y cómo serán, finalmente, los aumentos que comenzarán a aplicarse al sector a partir de 2021, esta semana se avanzó en dos cuestiones vinculadas con un mejor funcionamiento de la industria: por un lado, la consulta pública para WiFi 6 que, a futuro, permitirá que funcionen mejor los dispositivos conectados dentro del hogar; y por el otro, el reglamento de compartición de infraestructura cuyo objetivo es favorecer los despliegues y evitar las disputas que desde hace décadas protagonizan los distintos actores de la industria cuando quieren ocupar postes u otra infraestructura existentes para nuevas redes.

Así como este jueves se conoció que las tarifas de luz y gas se mantendrán congeladas hasta marzo, tal como se publicó en el decreto 1020/2020 de este jueves en el Boletín Oficial, las empresas de telecomunicaciones pujan por salir del descongelamiento a partir del 1° de enero de 2021. 

Hasta hace unos días el Gobierno se había plantado en autorizar sólo un 5% el mes próximo, de acuerdo a lo que pudo corroborar iProfesonal de altas fuentes, pero las operadoras rechazan ese índice -que consideran demasiado bajo- no sólo porque tuvieron congelados prácticamente los precios de todos los servicios sino porque, entre la inflación y la devaluación, el retraso se ubicaba por encima del 30% de acuerdo a sus cálculos.

El Gobierno parece plantarse en un 5% de aumento pero las empresas de telecomunicaciones piden más

Las cooperativas y pyme de telecomunicaciones también se quejan por la falta de diálogo con las instancias oficiales que entienden en el tema, además de advertir que la situación financiera de muchas de ellas es cada vez más insostenible.

El otro punto que, se espera, se anuncie en los próximos días tiene que ver con la prestación básica universal que recibirán los segmentos de la población más vulnerables, a fin de que puedan mantenerse conectados y, así, que las brechas sociales que ya sufren se amplíen más. Es un punto que debe formar parte de la reglamentación del DNU 690 de agosto pasado que congeló los precios de las telecomunicaciones hasta el próximo 31 de diciembre y que modificó el status del sector al convertirlo en servicio público en competencia.

Entre el WiFi y los postes

En el mientras tanto, esta semana el Gobierno llamó a consulta pública para analizar la atribución de la banda de frecuencias de 5925 a 6625 mhz para proveer servicios WiFi 6. ¿De qué se trata? En palabras muy sencillas es la evolución del actual estándar WiFi orientado a conectar de manera inalámbrica la cada vez más creciente cantidad de dispositivos que conviven en el hogar, desde el smartphone hasta la notebook, pasando por smartwatches, asistentes virtuales, los smart TV y demás aparatos existentes y por venir.

En la convocatoria se explicó bajo qué estándares operan las comunicaciones inalámbricas de interior y cuál es la recomendación del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y describe qué mejoras se experimentan a partir de su implementación, de acuerdo a lo expresado en la resolución 102/2020 de la Secretaría de Innovación Pública.

También que se expresó que los avances hacia WiFi 6 preparan, de algún modo, el terreno para las mejoras y nuevos servicios que vendrán de la mano de 5G.  

A esto se sumó, el jueves, la publicación del Reglamento de Compartición de Infraestructura Pasiva, mediante la resolución 105/2020 de la misma repartición, mediante la que se busca que terminen los conflictos que se suscitan entre los diversos prestadores cuando uno quiere usar la infraestructura del otro, independientemente de qué se trate: postes, ductos, shelters, antenas y demás espacios comunes que pueda ser utilizado por más de un operador.

Basado en las recomendaciones de la OCDE para compartición de infraestructura, en la resolución se señaló que "fomentar el uso compartido de infraestructura pasiva es una buena práctica regulatoria, en tanto permite disminuir considerablemente los costos iniciales de despliegue de redes y facilitar así la competencia y la inversión".

Se trata de un tema poco glamoroso y ríspido pero del que dependen las mejoras de los servicios de telecomunicaciones que se reciben tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas localidades del país cuyos usuarios muchas veces se ven impedidos de acceder a mejores prestaciones por las peleas que surgen o entre privados o, inclusive, entre privados y municipios.

En el reglamento se establecieron los derechos y obligaciones para compartir la infraestructura, como también que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), será la Autoridad de Aplicación: tendrá que velar por su cumplimiento, además de intervenir cuando se registren conflictos entre las partes.

En el medio de la negociación por precios el Gobierno emitió una consulta de cara a WiFi 6

A la hora de interpretar el reglamento, el texto detalló que el regulador deberá promover un uso eficiente de la infraestructura pasiva, que el ordenamiento y desarrollo urbano sea sostenible, que se promueva la competencia, que la información sobre la infraestructura pasiva y los convenios que se celebran deben estar disponibles y que se debe resguardar la confidencialidad de esa información. 

También que habrá libertad de contratación entre las partes, que será obligatorio permitir a otros licenciatarios TIC usar esa infraestructura y que deberán cumplirse los principios de no discriminación, buena fe y que no se deben afectar los derechos de los licenciatarios.

Favorecer despliegues

El reglamento es extenso y lo que se pretende es que dejen de existir los conflictos vinculados con su uso: son frecuentes las disputas entre empresas de todos los tamaños, cooperativas e, inclusive, municipios cuando una quiere utilizar, por ejemplo, el posteado de otra para desplegar una nueva red. 

Los argumentos para impedirlos van desde las inversiones realizadas hasta acuerdos de exclusividad con otros prestadores pasando por excusas como la imposibilidad de que se puedan sumar más cables a un poste.

Los despliegues por aire (en postes) de fibra óptica, por ejemplo, son mucho más livianos que los existentes con tecnologías anteriores, de modo que parte de los argumentos que suelen esgrimirse para impedir a un competidor que se suba a un poste propio se caen en el actual contexto. 

Luego aparecen los costos por el uso de ese posteado, que también suelen ser motivo de disputas por lo excesivamente caros. Será el momento en que deberá actuar el regulador. En el reglamento se estableció una fórmula para llegar a esos valores cuando sea necesario. 

Lo cierto es que a las distintas empresas del sector les cuesta la competencia. Algunas la aceptan más que otras pero a ninguna les simpatiza. Este reglamento apunta a solucionar esas cuestiones que, de no ocurrir, sólo van en detrimento de la posibilidad de que los usuarios accedan a mejores servicios. 

Estas dos medidas conocidas esta semana parecen ser la antesala del anuncio esperado.