Guernica puso la crisis de vivienda en el centro del debate político y aumenta la presión sobre la ministra Bielsa
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La ocupación -y el desalojo- del predio de Guernica terminó de la manera previsible: dejó desconformes a todos.
El Gobierno no pudo evitar la instancia de la represión a los usurpadores, lo cual le está generando un alto costo político por las críticas de los propios dirigentes y militantes, que se quejan por las imágenes de mujeres y niños llorando en medio de los gases y balas de goma.
De hecho, las protestas y piquetes organizados por movimientos de izquierda –y apoyados por no pocos militantes K- marcaron la impronta de la jornada convulsionada.
En la otra vereda, para la oposición, el episodio confirmó la incapacidad política del Gobierno, que no puede resolver un problema social de otra forma que no implique con un premio en forma de subsidio. Es así que el pago de hasta $300.000 para los usurpadores se transformó en el tema central del debate y puso en el ojo de la tormenta al gobernador Axel Kicillof.
Las organizaciones sociales, sobre todo las vinculadas al Gobierno, sienten que el peronismo traicionó su promesa de "no criminalizar la protesta" y que, en definitiva, los funcionarios actuaron con la misma lógica que la de la gestión anterior.
Kicillof, que al inicio de la ocupación le "tercerizaba" la resolución del problema a la justicia y –para no quedar alineado del lado de los que justificaba la toma- le exigía que tomara cartas en el asunto, luego entró en un pantano de idas y venidas, con varios pedidos de postergación de la orden de desalojo. Y, en el medio, con un intento infructuoso por adquirir los terrenos con fondos fiscales para desarrollar en Guernica un proyecto de vivienda social.
El ministro de seguridad, Sergio Berni, fue criticado primero por su discurso de "mano dura", luego por su actitud titubeante al pedir prórrogas al desalojo y luego por la "desproporción" del operativo que movió a 4.000 uniformados para una ocupación de unas 2.000 personas, con muchas mujeres y menores de edad.
Y, sobre todo, el mayor dolor político del peronismo fue la comprobación de que en el terreno donde se suponía que tenía su mayor fortaleza –es decir, en el manejo del conflicto social gracias a su conocimiento del terreno y su vasta red de "punteros"- no logró un acuerdo con los ocupantes que impidiera la instancia del desalojo violento.
Una bola de nieve
En definitiva, salvo por el hecho de que se evitó que hubiera heridos, el saldo de Guernica fue negativo para todos y dejó un gusto amargo: la convicción de que no se trató de un caso aislado, sino el más notorio de una serie con un peligroso "efecto dominó".
De hecho, en 12 provincias hay conflictos por usurpaciones de terrenos. Desde los casos más sonados de Villa Mascardi que involucran a las organizaciones "mapuches" hasta los conflictos familiares de la familia Etchevehere en Entre Ríos.
Pero también se produjeron ocupaciones en Neuquén, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Chaco, Misiones y Chubut.
Y el epicentro sigue siendo la provincia de Buenos Aires, donde los casos se multiplican: además de las situaciones ya existentes desde hace meses en Los Hornos, Escobar, Moreno, La Matanza y los terrenos ferroviarios en Victoria, se produjeron en los últimos días nuevos intentos en San Vicente, Olavarría y La Plata.
La preocupación central del Gobierno es evitar la proliferación y, en especial, que el tema escale hasta alcanzar un probable clímax de violencia social en diciembre. Por un lado, el desalojo de Guernica es visto desde los despachos oficiales como un disuasor y un mensaje potente de que el Gobierno no convalidará actitudes delictivas.
Pero, por otra parte, desde la oposición le reprochan que la entrega de los subsidios para los ocupantes oficia, en los hechos, como un incentivo para que sigan proliferando las tomas. A fin de cuentas, si el criterio para el otorgamiento de los $50.000 mensuales es la situación de "extrema vulnerabilidad", en un país con 40% de pobreza hay muchas personas que pueden plantear encontrarse en situación de necesidad.
La polémica política, lejos de terminar con Guernica, recién está empezando. Como botón de muestra de los que viene, el miércoles en Santa Fe un legislador de Juntos por el Cambio, Daniel Chumpitaz, presentó proyecto de ley para quitarle planes sociales a usurpadores. También plantea la prohibición de que puedan ocupar cargos públicos quienes "fomenten, incentiven y organicen este tipo de metodologías de insurrección".
Bielsa bajo la lupa
En todo caso, lo que Guernica puso de manifiesto es que la crisis social de Argentina se manifestará, cada vez con más fuerza, en el plano de la vivienda. Y es allí donde se empieza a sentir la presión sobre la ministra del área, María Eugenia Bielsa, cada vez más criticada desde la propia interna.
¿Qué hacía Bielsa mientras se formaba la "bola de nieve" de Guernica? Daba declaraciones radiales en las que afirmaba que "no hay soluciones mágicas frente a esto", que "esto es un drama social para el país, no un drama solo para la política", y que "hay una tarea absolutamente incompleta respecto del acceso a la tierra y la vivienda". Y, finalmente, que "hay que diferenciar a los que necesitan y los que aprovechan esta situación".
Bielsa, ex vicegobernadora santafesina, se postuló en las PASO del peronismo de la provincia el año pasado y perdió contra el hoy gobernador Omar Perotti. Y ya desde la campaña electoral el entonces candidato Alberto Fernández empezó a insinuar que la querría en su gabinete.
Con la simpatía de Cristina Kirchner, la experiencia en un cargo ejecutivo y la sintonía con el Presidente, llegaba al cargo como una de las figuras destinadas a tener mayor lucimiento. El discurso oficial al momento del inicio de gestión ubicaba a la vivienda, junto a la urgencia alimentaria, como uno de los focos prioritarios de la nueva gestión.
Pero lo cierto es que la figura de la ministra se fue desdibujando con el paso de las semanas y con la acumulación de conflictos sin solución. Un síntoma elocuente de que había problemas ocurrió hace un mes cuando, por decreto, el Presidente le recortó funciones al traspasar el área encargada de la urbanización de barrios populares al ministerio de Desarrollo Social. Ahora la secretaría está bajo la órbita de Fernanda Miño, dirigente social del barrio La Cava –un asentamiento irregular en San Isidro-, que responde políticamente a Juan Grabois.
La explicación que el propio Arroyo dio en ese momento fue que había una decisión política de no demorar más las obras de urbanización de los barrios donde "cuatro millones de personas viven hacinadas, sin agua, sin servicios básicos, en condiciones más cercanas al siglo XIX que al XXI".
"Tenemos el objetivo de ir urbanizando de a 400 barrios por año. Éste es un proceso de diez años, no hay manera de hacer las obras en los 4.400 barrios a la vez, en el corto plazo, pero es un proceso para empezar ya", decía el ministro Daniel Arroyo, haciendo una tácita admisión de la disconformidad con la forma en que el tema era manejado desde la órbita de Bielsa.
Pero la ministra no se daba por aludida y negaba que la decisión obedeciera a "desencuentros políticos".
"Nosotros hicimos un acuerdo de mecanismos de trabajo, nuestra tarea es construir viviendas. Hay proyectos más vinculados a la particularidad de desarrollo social y en ese sentido creímos que era pertinente que esté dentro del área del ministerio Desarrollo Social para poder llegar de la forma más ágil posible", era su explicación.
Presupuesto versus resultados
Lo cierto es que, tomando en cuenta el contexto de la pandemia, la restricción presupuestaria no fue para Bielsa un problema tan grave como para otras carteras. Ya en la ampliación del presupuesto 2020 se estableció que la vivienda sería un foco estratégico, porque se lo veía como un motor de la recuperación de la economía. Y para eso se planteó la revitalización del plan Procrear.
"Son formidables movilizadores de la economía porque ayudan a mover muchas actividades y muchos sectores de la economía y no necesitás importar insumos", definía el Presidente.
Y la idea planteada en ese momento era explotar un "colchón" de recursos hasta ahora no aprovechado: el de los terrenos fiscales y los bienes que están en la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
"En muchos lugares es más caro el suelo que la casa", afirmaba Bielsa. Y recordó que quienes contaban con el lote asegurado cuando dio inicio el Procrear original, tuvieron acceso al crédito bancario con mucha rapidez.
Fue en ese contexto que hace tres meses el Gobierno rechazó una iniciativa que le arrimó la Cámara de la Construcción para realizar un blanqueo de capitales con la condición de que los dólares que ingresaran fueran a proyectos inmobiliarios.
En el Gobierno temían que el costo político de aceptar esa propuesta fuera mucho mayor al beneficio financiero. Y desde el área de Bielsa explicaban sin tapujos que, después del blanqueo realizado en 2016 por la gestión macrista, no había mucha expectativa de que quedara mucha gente con ánimo de traer capital no declarado. En otras palabras, traería poca plata y habría que dar explicaciones a la interna, que había criticado con dureza el blanqueo de Macri.
Se confiaba en que el plan Procrear sería un incentivo insuficiente. Y en la preparación para el presupuesto 2021 se estableció que el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat recibiría un fuerte incremento presupuestal, superior al 135%, gran parte de lo cual sería canalizado para el plan de vivienda.
El objetivo es otorgar más de 40.000 microcréditos para la compra de materiales de la construcción y construir 800 viviendas nuevas. Además, se plantean mejoras en 21.000 obras de reciclado.
Son números que contrastan con la cruda realidad que desnudan las ocupaciones de terrenos: el país tiene hoy un déficit que se estima en tres millones y medio de viviendas. Un millón más que hace una década, cuando se produjo el sangriento episodio del Parque Indoamericano y que dejó al descubierto el complejo entramado inmobiliario y el negocio de alquileres al interior de las "villas miseria".
El manejo de la urgencia se previó con un refuerzo en la trasladada Secretaría de Integración Socio Urbana, que recibirá más de $6.000 millones.
En la lista de candidatos al recambio
Pero a pesar de ese refuerzo, el Gobierno tuvo que "tragar un sapo" que quería evitar: aceptar el blanqueo de capitales propuesto por los empresarios, todo un síntoma de la magnitud del problema y lo poco efectivo de los recursos.
Según le explicó a la ministra el empresario Iván Szcech, titular de la agremiación, el blanqueo es la única manera de poder ejecutar el año próximo 40.000 viviendas y recuperar 80.000 puestos de trabajo de los 150.000 que se perdieron en la construcción.
Mientras tanto, en el Gobierno se quejan de lo dificultoso que les resulta instalar temas en la agenda, sobre todo cuando se trata de hacer notar temas "positivos" en contraposición a los problemas. Un ejemplo de ellos fue el reciente acto de entrega de viviendas en la provincia de Buenos Aires y en Río Negro.
"Nos estamos haciendo cargo de una enorme demanda desatendida durante los últimos cuatro años en materia de hábitat. Estamos terminando, reactivando, construyendo y entregando las viviendas que necesitan los argentinos y las argentinas", decía Bielsa en un acto que no tuvo la trascendencia esperada. Claro, en simultáneo se agravaban los conflictos de ocupaciones en ambas provincias.
Pero no es el único problema que enfrenta Bielsa. Tiene en su agenda el reclamo irresuelto de los "hipotecados UVA" que se ven venir un ajuste de 40% en sus cuotas a partir del próximo verano y reclaman una solución por haber sufrido una "estafa" con el sistema que el propio Gobierno denunció.
También enfrenta el efecto colateral de la nueva legislación de alquileres, que como habían previsto los empresarios, en lugar de ayudar a los inquilinos terminó perjudicándolos con un incremento de los precios en los contratos exigidos por los propietarios.
Y, para colmo, ya fuera del ámbito de la vivienda y dentro del de desarrollo territorial, está el ruido de fondo de las quemas de campos que castigaron a las provincias de Santa Fe y Córdoba, donde sobrevuela la sospecha de actos intencionales con fines de explotación inmobiliaria.
En ese contexto, cuando la vicepresidente Cristina Kirchner hizo su ya famosa mención a "funcionarios y funcionarias que no funcionan", el nombre de Bielsa fue uno de los que inmediatamente quedó entre los candidatos al recambio.
La ministra dio la explicación diplomática habitual en estos casos: "La vicepresidenta tiene absoluta legitimidad para opinar de nosotros, como todos opinamos de la gestión de los demás. No me siento tocada por su opinión". Y, por si acaso, recordó que llegará a fin de año "con el 108% del presupuesto ejecutado", acaso una forma de diferenciarse de otras áreas estatales a las que se achaca problemas de gestión.
Pero todo indica que la hará falta argumentos más convincentes para defender su posición. El tema vivienda y territorio se ha instalado definitivamente en el centro del conflicto social y, según reveló una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés, Bielsa figura en el grupo de los ministros a los que la población no conoce.