El futuro del IFE, otra pulseada interna entre el kirchnerismo y un Presidente en urgencia fiscal
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La definición sobre la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no implica solamente la discusión sobre cómo continuar la ayuda estatal a los afectados por la cuarentena: detrás de los argumentos técnicos, hay una pulseada política en la interna del Gobierno.
En un momento híper sensible para la economía, y coincidiendo con la llegada al país de la misión del Fondo Monetario Internacional, el Gobierno quiere dar señales de que no ha abandonado el objetivo de encauzar al país desde el punto de vista fiscal. Y la reconversión del IFE es un caso testigo: con un costo de casi $90.000 millones, equivale a un 15% de la recaudación tributaria mensual de la AFIP.
Y quedó planteada la duda sobre si en el presupuesto 2021 este rubro surgido como un gasto de emergencia por la pandemia podrá cristalizarse y agravar la situación de rojo fiscal crónico. En los últimos días se escucharon voces de alarma en ambos sentidos: desde la línea económica ortodoxa, el reclamo por un recorte en el gasto, ya que el recorte hasta un déficit de 4,5% dejó "gusto a poco". Es más, hubo críticas en el sentido de que el plan original del ministro Martín Guzmán era más cercano al 2% y que por imposición política del Instituto Patria se relajó la meta.
Pero desde el kirchnerismo, en cambio, se hacen advertencias en el sentido inverso. Que ante la presión por mostrar cuentas más equilibradas en un momento de crisis, Alberto Fernández podría verse tentado a disminuir el peso de los programas de asistencia social, lo cual obligará a dar una lucha interna para reasignar partidas y reformular el texto presupuestario.
De hecho, el Presidente ya había hecho hace tres meses un intento por suprimir el IFE en todas las regiones del país donde la cuarentena estuviera en fase flexible, lo cual en ese momento implicaba a casi todo el territorio menos la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y Chaco.
Si se hubiese aplicado el recorte, el Gobierno habría obtenido como efecto inmediato un ahorro de unos $51.000 millones, el 54% de la masa inicialmente destinada a la asistencia para el sector de informales y desocupados.
A la cabeza de los que más perderían por se encontraban Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta y Mendoza. No fue sorpresa, por consiguiente, que los gobernadores provinciales ejercieran una fuerte presión política que terminó con una marcha atrás del Gobierno.
En aquel momento se anunció un nuevo pago, ante la constatación de que la situación social no permitía aflojar en la asistencia. Y, en la discusión interna, el kirchnerismo abogó con firmeza por la continuidad de los planes, todo lo cual puso en ese momento una nota de duda sobre la capacidad del Gobierno para hacer que las medidas nacidas en teoría como ayudas transitorias no terminen convirtiéndose en un salvavidas permanente.
Entre la urgencia social y la necesidad de recorte
La decisión que debe tomar en las próximas horas el Presidente implica una disyuntiva en la cual ninguna alternativa está libre de costos. Para empezar, el país sigue bajo el impacto de la difusión de los datos de pobreza e indigencia.
La contundencia de los números -40,9% de pobres, 10,5% de indigentes y el agravante de que seis de cada diez niños viven en la pobreza- ponen un claro límite a todo anhelo de avanzar con un recorte fiscal. Por si fuera poco, hay recordatorios cotidianos sobre lo delicado de la situación, como las tomas masivas de terrenos en el conurbano bonaerense y su incipiente correlato en otras provincias.
Aunque, por otra parte, el Gobierno quiere instalar la idea de que la economía ya salió de la peor fase y que está ingresando en la etapa de recuperación. De hecho, fue un dato celebrado por en los despachos oficiales el hecho de que la recaudación tributaria de septiembre haya sido la primera en todo el año con una variación positiva real –es decir, por encima de la inflación-.
Es por esta combinación de motivos que la idea que predomina en el Gobierno es la de dar por terminado el IFE. No solamente por lo que implique desde lo fiscal, sino porque se quiere aprovechar la ocasión para enviar un mensaje de ingreso a una nueva etapa de normalización.
La idea que circula en el gabinete es la transformación de los planes en un nuevo programa de apoyo a la creación de empleo. Es decir, por una parte supondría un recorte real en términos monetarios, porque de los nueve millones de beneficiarios originales dejarían de cobrar aquellos que han recuperado el trabajo. Pero además, porque implicaría un mensaje político en el sentido de que se procura que la ayuda tenga una contraparte de una tarea concreta y de esa forma se aleje del concepto de asistencialismo puro.
Ya adelantó algo en ese sentido el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien dijo que ante el incremento de la cifra de pobres, la prioridad oficial será "recuperar a los que cayeron en la pobreza durante la pandemia".
El funcionario establece una distinción entre la "pobreza estructural" y otra, que sería de tipo más circunstancial, ocasionada por los obligados cierres de la cuarentena. E identificó cinco sectores con capacidad para generar empleo en un lapso relativamente corto: la construcción, la producción de alimentos, la industria textil, el cuidado a enfermos y ancianos, y el reciclado de materiales.
Mencionó planes específicos en ese sentido, como Potenciar Trabajo, que intenta organizar la reactivación en esos sectores. Además, mencionó la urbanización de 4.000 asentamientos irregulares y villas como forma de vincular la creación de estos nuevos empleos.
"Nuestro objetivo es destinar en 2021 más del 50% de la inversión social en programas de inclusión socioproductiva", adelantó.
Alternativas y la calculadora fiscal
Pero la idea de transformar un programa de asistencia en uno de capacitación y empleo es más fácil de enunciar que de llevar a la práctica. En el título están todos de acuerdo, pero las diferencias aparecen en el debate sobre cómo implementarlo operativamente.
Para empezar, hay que tomar una definición sobre quién recibirá el beneficio, cuáles serán las condiciones exigidas y cómo se hará la constatación formal de que la contraprestación existe.
En principio, la idea de Arroyo es una drástica reducción en la cantidad de beneficiarios, dado que de los nueve millones de beneficiarios del IFE, el nuevo programa de creación de empleo pasaría a pagar tres millones de sueldos.
Los nuevos beneficiarios cobrarían $17.000. De manera que, desde el punto de vista fiscal, eso implicaría un ahorro de $39.000 millones por cada pago del IFE. Aunque claro, hay un detalle: en los hechos, el IFE nunca llegó a tener una frecuencia mensual sino más bien bimensual. De manera que si el nuevo plan fuera efectivamente adaptado a un esquema de salarios mensuales, en ese caso implicaría un encarecimiento de $10.000 millones respecto del plan de asistencia actual.
En compensación, el otro programa que implementa el Gobierno para paliar el efecto de la pandemia, el complemento salarial ATP, está insumiendo progresivamente menos erogaciones en la medida en que la reapertura de la economía permite que empresas salgan de la situación crítica.
Hay, además, un debate en marcha sobre quiénes serán los sectores a priorizar. Como informó iProfesional, la idea es focalizar la ayuda en el rango etario más joven, el menor de 24 años, lo cual implicaría un cambio respecto del criterio actual, dado que el segmento mayoritario –casi un tercio- que percibe el IFE se ubica entre 25 y 34 años. Por otra parte, el 55% de quienes cobran la asistencia actualmente son mujeres.
Desde el kirchnerismo, se ha visto con mejores ojos la posibilidad de que la nueva asistencia sea bajo el formato de una renta básica universal. La funcionaria que está en el diseño de esta posibilidad es Fernanda Raverta, la titular de la Anses.
¿Y quién paga?
Más allá del formato que se adopte, también hay un punto fundamental a definir: la financiación. Y, más específicamente, si estos programas podrán ser compatibles con un camino de equilibrio fiscal –como el que se descuenta que pedirán los emisarios del Fondo Monetario-. Caso contrario, hay dos caminos posibles: el de un mayor gradualismo fiscal o el de una presión impositiva más fuerte.
Es un tema polémico, dado que el kirchnerismo ha dado señales de querer endurecer la presión. La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, ya había dicho en ese sentido que la reforma tributaria sobre la que se trabaja implica una mayor carga sobre los sectores definidos como "de mayor capacidad contributiva".
Y en los últimos días, desde los medios afines al kirchnerismo, hubo visiones críticas sobre los anuncios oficiales para aliviar la carga impositiva a los exportadores a cambio de que incrementaran su ritmo de liquidación de divisas.
Por otra parte, desde algunos "think tanks" se está argumentando que no debe verse el tema fiscal como un impedimento para la implantación de un salario universal. Por caso, la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, dirigida por Marcó del Pont, plantea que es un error político atar la financiación de estas ayudas a una reforma tributaria.
Su punto es que si los "grupos concentrados" logran resistir la presión de pagar mayores tributos, entonces la iniciativa por el salario universal caerá. En cambio, sostiene que la estrategia debería ser poner la recaudación tributaria no como condición de esa ayuda social sino como consecuencia: "Primero está el gasto, luego su impacto sobre la producción y la generación de riquezas y, al final, la recaudación de impuestos sobre esos excedentes generados", afirma.
Como fondo de este debate, está el debate parlamentario por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, una iniciativa impulsada desde el kirchnerismo y que nunca pareció entusiasmar demasiado al Presidente.
De hecho, en estos días, Alberto está reuniéndose, en un intento de recomponer relaciones, con muchos de los que serán perjudicados por la medida –y que sospechan que pueda pasar de extraordinaria a permanente-. La agenda presidencial rebosa de reuniones con dirigentes empresariales a quienes les está pidiendo su colaboración para evitar un desbarranco de la economía.
Entre otras cosas, el Presidente aspira a que los dirigentes de las cámaras empresariales argumenten en favor del Gobierno cuando les toque entrevistarse con los funcionarios del FMI. Y que, además, sigan contribuyendo con una disminución de márgenes de ganancias para evitar los traslados de los costos a los precios.