El "efecto Tandil": ¿se diluye el poder del Gobierno durante la pandemia?
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Las alusiones a "la república separatista de Tandil" dieron lugar a las consabidas ironías y humoradas en las redes sociales, pero la clase política está asumiendo que, lejos de tratarse de un caso aislado y pintoresco, puede ser la punta del iceberg de una situación de desafío ante las autoridades centrales en el frente de la pandemia.
En consecuencia, todos lo toman muy en serio, empezando por el gobierno de Axel Kicillof, preocupado en esta incipiente rebelión que supuso la no aceptación de las normas provinciales y la adopción de un sistema propio con un "semáforo" para determinar los niveles de apertura de las actividades comerciales en ese partido.
La reacción de los funcionarios bonaerenses dejó en evidencia la preocupación no sólo por lo que pueda ocurrir en Tandil a nivel sanitario ni por el antecedente político que implica el gesto de rebeldía sino, además, por el riesgo de un "efecto contagio" en otros partidos de la provincia.
Después de todo, Tandil no representa un hecho extraño en la provincia de Buenos Aires sino que, más bien al contrario, guarda puntos de contacto con la gran mayoría de las ciudades del interior de la provincia cuya economía depende de la producción agrícola y donde los intendentes palpan día a día el malhumor de una clase media –rural y urbana- que quiere atenuar la caída de sus ingresos.
La intendencia municipal, a cargo de Miguel Ángel Lunghi –inesperado protagonista de un debate que lo elevó a la categoría de ídolo para los más enojados con la cuarentena y de líder rebelde para los acólitos de Kicillof- corresponde a la Unión Cívica Radical. Como otros 61 municipios de la provincia, casi la mitad del total de 135 intendencias bonaerenses.
Pero, más allá de las diferencias por ideología o filiación partidaria, lo de Tandil es un típico caso en el que la intendencia se ve obligada a un cambio de actitud por presión de sus propias bases, que ya no aceptan de buen grado la dureza de las políticas sanitarias restrictivas. No por casualidad, el Lunghi destacó el hecho de que el nuevo sistema haya sido consensuado con las fuerzas productivas.
Las palabras de los funcionarios bonaerenses fueron particularmente duras. Carlos Bianco, jefe de gabinete de Kicillof, le recordó al intendente que su actitud implica desobedecer un decreto de necesidad y urgencia de orden público.
"No es un capricho. El intendente se manifestó con un decreto separatista. Lo llamo a reflexionar al intendente: dé marcha atrás", pidió Bianco. Que además dejó una sugestiva advertencia: "Si va a declarar la independencia, que la declare completa y deje de depender de los recursos de la provincia: la asistencia financiera para equipamiento sanitario, para compensar la caída de la recaudación de impuestos y para los pagos de sueldos y aguinaldos".
Blanco abundó en detalles al comentar que desde el inicio de la pandemia, Tandil ha recibido $147 millones adicionales de la coparticipación, además de equipamiento de protección para el sistema de salud.
Mensajes sugestivos en plena crisis
El entredicho fue todo un recordatorio sobre quién tiene el "poder de la lapicera" en un momento en el que los municipios atraviesan dificultades para pagar los sueldos. De hecho, las estimaciones a nivel nacional indican que por efecto de la cuarentena, de cada diez pesos que ingresan a las cajas municipales, casi nueve se destinan al pago de remuneraciones.
En pocos días se iniciará el debate presupuestario 2021, tanto a nivel nacional como provincial, y las discusiones previas, con el ruido de fondo de las desavenencias sobre la cuarentena, hacen prever una negociación dura.
El intendente Lunghi, consultado sobre los entredichos, dijo estar confiado en que su municipio no sufrirá represalias por parte de la gestión Kicillof, aunque admitió que había tenido conversaciones tensas con los funcionarios.
También la ministro de gobierno bonaerense, Teresa García, tuvo palabras duras sobre las dificultades en la prevención de los contagios. Recordó que Tandil, que hace 15 días no tenía casos de infectados por Covid-19 y hoy ya cuenta con 200, lo cual pone al partido en situación de posible desborde de la capacidad hospitalaria. Una situación por la cual, advirtió, será responsable el intendente, a quien calificó como "poco solidario" con los pobladores de partidos vecinos.
Lo cierto es que no es la primera vez que las autoridades bonaerenses tienen situaciones tensas con los intendentes. Ya en Tandil había habido roces por el hecho de que su jefe de infectología, Jorge Gentile, había participado en la marcha del 17 de agosto.
En aquel momento, Teresa García había exigido una condena explícita por las aglomeraciones producidas en esa jornada de protesta: "Los 62 intendentes bonaerenses del macrismo y del radicalismo deberían haberse expresado respecto de esto. Disimular y mirar para el costado no resuelve la situación de fondo. Tiene que haber una expresión pública respecto de esto", se quejó la funcionaria.
Antes, Carlos Blanco había tenido un duro entredicho con dos intendentes opositores, Julio Garro, de La Plata, y Gustavo Posse, de San Isidro, por haber habilitado la práctica de deportes en sus respectivos partidos. El funcionario de confianza de Kicillof reclamó responsabilidad y trascendió una frase dura: "El que no cumple la ley está matando gente".
La relación con la oposición ya venía en deterioro, como quedó demostrado cuando los intendentes Vicente López, Tres de Febrero y Lanús, a modo de protesta, se retiraron de una videoconferencia con Kicillof cuando el gobernador criticó a Rodríguez Larreta.
Y este último fin de semana volvieron a producirse discusiones, en particular con las intendencias de zona norte, donde abrieron bares y restaurantes, en una actitud que los funcionarios de Kicillof catalogaron como de rebelión ante decisiones epidemiológicas.
"A lo largo del fin de semana se vio en varios distritos una suerte de liberación", protestó García, quien además responsabiliza directamente a las intendencias.
"En algunas jurisdicciones se incita a que la gente salga, consuma, se agolpe y esté en la calle. Esta modalidad de calles completas en bares o marchas genera más contagios", agrego la funcionaria.
Invitación al diálogo en un clima enrarecido
En definitiva, el gobernador Kicillof, que por estos días aparece atribulado por el avance de la pandemia en la provincia y, ahora también, por la escalada de ocupaciones de terrenos –con el riesgo de enfrentamientos violentos que ello implica- se encuentra ahora, además, ante una potencial rebelión ante la cuarentena.
Un desafío a las autoridades que ya no solamente tiene la impronta de los "indignados" particulares e inorgánicos que participan en las marchas sino que ya adquiere un carácter institucional porque involucra a los intendentes.
Es, además, una rebelión con un alto potencial de propagación por efecto contagio, en la medida en que las penurias económicas de la cuarentena se hacen más palpables y a medida que los intendentes municipales, presionados por sus bases de apoyo social, encuentran menos capacidad de dar respuesta ante la crisis.
Pero el "síndrome de Tandil" no se limita sólo a la provincia de Buenos Aires sino que es el emergente de una creciente porción de la opinión pública que ya cuestiona abiertamente la efectividad de las medidas restrictivas en la lucha contra la pandemia, justo cuando se habla sobre la eventualidad de que el Gobierno "apriete el botón rojo" en caso de un agravamiento de las estadísticas sanitarias.
En definitiva, es la politización del debate sanitario, que ya tuvo varios capítulos y no parece haber terminado.
En coincidencia, y como reflejo de esa situación, la plana mayor de Juntos por el Cambio, tras evaluar la situación de crisis social y relativa debilidad del Gobierno nacional, decidió dar un paso para recobrar protagonismo político y ofrecerle a Alberto Fernández una nueva agenda consensuada con la oposición.
El documento acordado en una reunión por Zoom tiene un enunciado ambicioso: la elaboración de un "plan de desarrollo para los próximos 30 años en la Argentina".
Incluye cuatro ejes principales: un acuerdo institucional, con reglas basadas en el Estado de Derecho; un pacto social que busque recuperar la movilidad ascendente; un acuerdo productivo para recuperar el crecimiento de la economía; y una política externa de apertura e integración al mundo.
Los dirigentes de Juntos por el Cambio dijeron que se trata de enunciados lo suficientemente amplio como para que no generen resistencias, más allá de las diferencias ideológicas o programáticas. Lo cual, naturalmente, no implica que se trate de un documento que pueda ser aceptado de buen grado como principio de un cambio de agenda: en un momento complejo como el actual, ese tipo de acercamiento a la oposición tiene altas chances de generar recelo en el núcleo duro del kirchnerismo. Alberto Fernández ya tomó nota de ello cuando recibió críticas por reuniones con empresarios o por gestos de cordialidad hacia Horacio Rodríguez Larreta.
Para una parte del Gobierno, la respuesta que corresponde en un momento de crisis es exacerbar las diferencias. Y el "síndrome de Tandil" parece confirmar esa visión.