¿Las tomas ya son irreversibles?: Alberto, ante la disyuntiva de dar una solución sin recurrir a la represión policial

Pocas veces se había reflejado de manera tan explícita la tensión interna del peronismo ante una situación de desborde social: por un lado tiene que dar respuesta a una demanda de seguridad, y por otra parte siente la obligación de solucionar la urgencia social sin criminalizar a quienes ocupan terrenos privados.

El Gobierno intenta un difícil equilibrio entre esas dos demandas urgentes y acaso contradictorias, y por eso al mismo tiempo que referentes del área social salieron a aclarar que no se recurriría a operativos represivos, en un acto de Olivos se realizaba el lanzamiento del nuevo plan integral de seguridad para el conurbano.

Rodeados de intendentes que reclaman intervención urgente, ante el temor de un desborde, el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof formalizaron el plan que, con un presupuesto de $38.000 millones, prevé la construcción de cárceles, la incorporación de 10.000 policías y el uso de tecnología en la prevención –como las llamadas "paradas seguras"-.

El acto incluyó un discurso presidencial, con algunas frases sugestivas, que no parecieron dirigidas a los típicos "motochorros" sino más bien a la delincuencia organizada: "Si este plan tiene éxito puede ser que mis palabras a algunos lo disuadan de seguir cometiendo delitos, y puede ser que otros digan, 'yo voy a ser más vivo que el Estado'. A esos vivos les digo que vamos a ser más implacables con ellos, con el Derecho en la mano, con el Código Penal en la mano, respetando todas las garantías procesales, pero implacables".

Resultó imposible no vincular la alusión de los que quieren "ser más vivos que el Estado" con la situación de tomas de terrenos que se está multiplicando en el conurbano bonaerense –y, cada vez más, en el resto del país incluyendo provincias grandes como Córdoba-, y en la que hay acusaciones de que organizaciones mafiosas con conexiones en el negocio inmobiliario, en la policía y en el propio aparato político están oficiando como instigadores.

Sobre todo porque detrás del nuevo plan estaba una figura de alto perfil como Sergio Berni, quien no sólo no escapó a la controversia sobre el tema de las tomas ilegales sino que hasta acusó directamente a dirigentes como Fernando "Chino" Navarro de ser parte de la instigación a este fenómeno.

Fisura interna y mafias al descubierto

El dilema que hoy tiene el Gobierno había sido anticipado, de alguna manera, por Eduardo Duhalde, que habló sobre un clima enrarecido, de creciente conflictividad, como una antesala de ruptura institucional.

Y en estos días complejos queda en evidencia el mayor riesgo político de Alberto Fernández: en el imaginario social argentino, el peronismo es el partido que ofrece, como su principal activo político, la gobernabilidad y capacidad de contención social, aun en los momentos de crisis. Y cuando el peronismo no pueda cumplir con esas premisas, lo que viene por delante es incierto.

En este momento, la decisión más difícil de tomar es si hay que utilizar la fuerza para desalojar a miles de familias que protagonizaron las tomas. Ya hubo voces internas que hicieron una dura advertencia al respecto.

Por ejemplo, la de Luis D’Elía, el histórico líder piquetero, quien polemizó en público con Kicillof –lo cual es casi como decir que contradijo a la mismísima Cristina Kirchner- y le recordó que son más de dos millones y medio de personas las que viven en "intrusiones ilegales".

"El kirchnerismo no puede hablar de ‘intrusos ilegales’, eso déjelo para la derecha salvaje", fue la frase de D’Elía, en respuesta a un tuit publicado por el gobernador, en el que se compromete a evitar nuevas tomas y, además, reclama "que la justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente".

Axel Kicillof, presionado por la propia interna del Gobierno, donde se cuestionó su alusión a las tomas como actos ilegales

Las palabras del gobernador parecen un aval para que haya desalojos –que inevitablemente llevarán a choques con la policía- mientras se buscan las soluciones para el añejo problema de la falta de vivienda.

Con un déficit habitacional que ya en la época de la histórica invasión del Parque Indoamericano se estimaba en tres millones y hoy en casi cuatro millones de viviendas, las palabras de Kicillof no dejan la sensación de una solución inmediata para las familias que hoy están protagonizando las tomas más conflictivas, como la de Guernica, en la zona sur del conurbano.

Pero, además, la alusión a "los que se abusan de las necesidades" parece un reconocimiento explícito sobre el accionar de mafias que buscan un negocio inmobiliario ilegal.

En los últimos días abundaron los testimonios al respecto, con referencia a barrabravas que hacen de fuerza de choque rentada –ya sea para ocupar o desalojar terrenos- y organizaciones que identifican, ocupan, lotean terrenos y luego los revenden con altos márgenes de ganancias.

Un experto en el tema como Jorge Ossona, autor del libro "Punteros, malandras y porongas: Ocupación de tierras y usos políticos de la pobreza" ha insinuado que la organización va más allá y que también implica necesariamente cierta complicidad policial para dejar "zonas liberadas" y también un guiño de la burocracia municipal.

"Una cosa eran las tomas de los años 80, bastante espontáneas a partir de nuevos dirigentes de base que organizaban la subsistencia de gente que se había quedado sin trabajo, muchos que llegaban del interior o que habían sido desalojados de las villas de la capital por la dictadura militar. Esto es otra cosa: es un negocio en donde siempre aparece un político. Otra variante del Estado venal con su doble designio: dinero y votos", afirma Ossona en una entrevista con Infobae.

Según este experto, un rasgo actual es la desaparición de referentes de la zona que hagan la función de contención social y nexo con el aparato estatal, la figura del histórico "puntero" del barrio vinculado a las intendencias.

Según su análisis, en las ocupaciones actuales se produce el choque de intereses entre los intendentes y las organizaciones sociales: "Ahí hay una tensión para determinar quién administra esa caja. Entonces, esas tomas pueden ser violentísimas: de noche se hace contabilización de quiénes están y no hay personal para cubrir el dominio de los distintos lotes", agrega Ossona. Y explica que los organizadores de las ocupaciones, como parte de la estrategia, eligen personas con experiencia en el "acting ante los medios" para hacer aparecer la situación como un drama social.

La cruda elocuencia de los marginales

Lo cierto es que las imágenes que se han visto sobre las ocupaciones masivas en Guernica no hacen pensar en un "acting" sino en necesidades reales.

"Era pagar el alquiler o comer" fue la elocuente justificación de una señora entrevistada en A24, que ya no podía hacer frente a los $9.000 de su alquiler anterior en el conurbano y explicó cómo se dio el proceso de ocupación.

Y si bien los vecinos de esa zona del partido Presidente Perón no niegan que hubo ocupantes que no tenían necesidad de vivienda y que marcaron lotes con intención de reventa, también reivindican una situación de necesidad en la mayoría de los ocupantes.

Un hombre joven con dos niños pequeños comentó que entre los propios vecinos que habían perdido ingresos por la cuarentena se empezó a pergeñar en julio la ocupación. Algunos vienen de lejos, desde barrios como Lanús. Pero la mayoría son de la zona. Finalmente se logró la instalación el 20 de julio, que es el nombre con el que se bautizó al nuevo barrio.

Y los testimonios de los pobladores dejaban en claro la cruda realidad de la Argentina de hoy. Ninguno de los habitantes había tenido nunca un trabajo en blanco, todos se desempeñaban con changas en el sector informal, que fueron suspendidas por la pandemia. Muy pocos lograron cobrar el IFE, dada la condición de informalidad de estas personas a quienes la Anses no registra en sus bases de datos.

Su justificación es tan simple como contundente: aceptan que los terrenos ocupados tienen propietarios legítimos pero dicen que no tienen alternativa, y que la misma gente que los critica en las redes sociales no les quiere dar trabajo en el contexto de la pandemia.

La preocupación de estas personas era demostrar que querían urbanizar y no hacer un asentamiento desordenado de tipo "villa miseria". Mostraron no sin cierto orgullo el trazado incipiente de calles y un loteo prolijo con medidas estandarizadas.

Una imagen elocuente: la extensión del predio ocupado en Guernica hace pensar en un hecho de muy difícil reversión

Un desafío al discurso de la inclusión

Al costado del predio ocupado en Guernica, la policía monta una guardia permanente, en una situación tensa. No echan a los ocupantes pero tampoco permiten nuevos ingresos, y cualquier atisbo de entrar materiales de construcción es castigado con la detención. Hubo testimonios de personas que terminaron presas por querer llevar planchas de tergopol.

Lo cierto es que la visión del extenso predio ocupado en Guernica tiene una elocuencia mayor que mil discursos y deja en claro que se trata de una situación muy difícil de revertir: una toma de miles de personas, gente que improvisó refugios y no tiene dónde ir, con abundante presencia de mujeres y niños pequeños, todo apunta a que sea impensable un desalojo violento sin que se produzca una tragedia.

En definitiva, el problema de la pobreza estructural que los sucesivos gobiernos han prometido resolver está manifestándose en toda su crudeza en un momento en que el desempleo arrecia y el "Estado presente" no logra permear en los niveles socioeconómicos más bajos.

Como manifiesta Ossona en su libro, los momentos típicos de las tomas masivas son antes de las elecciones o en momentos de crisis económica aguda. Y en este momento coinciden las dos cosas, con el agravante de una recesión inédita por causas sanitarias.

El peronismo empieza a dar señales de entender que el problema le explotó en las manos, pero no termina de encontrar la resolución al dilema. Si privilegia la "mano dura" que propugnan figuras como Berni, arriesga que la violencia se descontrole, además de provocar una ruptura con organizaciones sociales y pagar un alto costo político.

Si, en cambio, prioriza la aceptación de la emergencia social y plantea una transición hasta poder dar una respuesta al problema habitacional, corre el riesgo de generar un efecto contagio en todo el país, de que las tomas se eternicen y de crear una resistencia de la clase media asustada por la falta de defensa a la propiedad privada.

Puede haber caminos intermedios, como la expropiación de terrenos e indemnización a los propietarios, así como los programas de empleo cooperativo en el que la gente construya sus propias viviendas bajo supervisión y financiamiento estatal.

Es un desafío complejo, dada la masividad de las ocupaciones y las que potencialmente se pueden llegar a producir.

Y, sobre todo, es el riesgo de un nuevo desmentido al mito de la "inclusión social" que caracterizó al modelo K durante los años de gestión en esa zona pauperizada. Con el riesgo de enfrenamientos violentos como trasfondo, el peronismo se encuentra en un test ácido de su legendaria capacidad para gestionar el conflicto social.